Movimiento pro constituyente abre el camino al proceso electoral 2024

Las reformas constitucionales, a través de una asamblea constituyente, es una promesa recurrente de los políticos. En el calor de la campaña o cuando hay problemas con la administración de justicia y, ahora, hasta con la economía, los políticos invocan el proceso constituyente como la fórmula para rescatar el Estado. La promesa ha sido repetida desde el gobierno de Guillermo Endara Galimany.

En medio de la mortífera pandemia del nuevo coronavirus, de una crisis social y económica, un movimiento pro constituyente cobra fuerza, con el mismo propósito. Son miembros de organizaciones políticas y de la sociedad civil, que impulsan la iniciativa por la vía de la ciudadanía.

Enrique de Obarrio, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), opina que los grupos políticos que están impulsando la constituyente tomarán el tema como una bandera de cara a las elecciones de 2024.

“Este es un tema meramente político. Estos son movimientos, acciones alineadas con el próximo ejercicio electoral”, explicó el empresario.

Incluso, de Obarrio considera que el impulso de los cambios constitucionales puede adelantar la próxima carrera política. “No digo que no haya una intención por parte de algunos, incluso de los colectivos políticos, de producir un cambio y de que las cosas mejoren, pero es un tema meramente político...”, expresó.

El presidente de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, y el del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, promueven el movimiento pro constituyente. Mientras que el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, también respalda las acciones ciudadanas que convocan a una constituyente. La agrupación ha solicitado unir esfuerzos, sin matices políticos.

Para impulsar la asamblea constituyente también ha surgido el Movimiento Panamá Decide, que tiene entre sus miembros a Carlos Ernesto González Ramírez.

De Obarrio aprueba los cambios a la carta magna. Y está convencido de que existe el clima para promoverlos. Pero lo que le preocupa son las ideas, algunas correctas y otras no tan exactas, por las cuales existe ese clima.

A su juicio, hay quienes impulsan una constituyente con el argumento de que se resolverán todos los problemas que enfrenta el país. Pero simplemente no es cierto que los problemas se van a resolver de un momento a otro.

“La fiebre no está en la sábana. Al final es un problema de la gente de carne y hueso”, reflexionó. Al mismo tiempo, el empresario promueve seguir construyendo ciudadanía a través del Pacto por el Bicentenario.

Guillermo Villarreal, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), no tiene dudas de que cualquier movimiento encaminado a las reformas constitucionales tiene tinte político. “No tengo la menor duda de que están tratando de generar un escenario para 2024”, explicó Villarreal.

“Cualquier acto en dirección de una reforma es un acto político. Y si vemos desde un punto de vista de los partidos políticos, debo concluir que es con miras a la contienda electoral”, aseguró.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que este es el mejor momento para promover una constituyente, con un país que tiene problemas en todas las áreas.

“Esta realidad hace olvidarse de aquellas voces que hablan de seguridad jurídica. Hoy por hoy no hay nada que defender en la institucionalidad panameña”, expresó el gremialista.

En abril de 2019, cuando el presidente Laurentino Cortizo era candidato y presentó su plan de gobierno, reconoció la necesidad de dar al país un nuevo orden constitucional.

Después de ganar las elecciones, en junio de 2019, Cortizo presentó un paquete de reformas a la Asamblea Nacional de Panamá. Pero en diciembre de ese mismo año, se vio obligado a retirar las reformas que habían sido aprobadas por los diputados. La sociedad reprobó con críticas y protestas los cambios porque supuestamente promovían la corrupción, facilitaban la impunidad y fomentaban la discriminación.

La pandemia socavó a la sociedad y encendió el ambiente político. Pero al mismo tiempo parece haber enterrado la promesa del Ejecutivo de impulsar el nuevo contrato social.

En su lugar, el Gobierno panameño ha propuesto un diálogo nacional, para elaborar un documento denominado Pacto del Bicentenario, que debe contener las propuestas que permitan alcanzar un modelo de desarrollo para que empiece a implementarse a partir de 2022.

Las vías para convocar a una asamblea constituyente son tres. La primera sería por llamado del Órgano Ejecutivo, que debe ser ratificado por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo. También podría ser convocada por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros. Lo que representaría 46 diputados.

El último método para la convocatoria sería por iniciativa ciudadana, la cual, según dispone la norma, deberá ser acompañada por las firmas de al menos el 20% de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

En el texto constitucional vigente se dispone que la asamblea constituyente paralela la integrarán sesenta (60) miembros. Estas personas deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, según la población electoral.

Para este caso, al igual que en las pasadas elecciones generales, se permitiría, además de la postulación de candidatos por los partidos políticos, los de libre postulación.

La Constitución no contempla requisitos o restricciones para quienes aspiren a ser constituyentes. Lo que sí dispone es que el Tribunal Electoral deberá establecer la convocatoria del sistema electoral aplicable a la elección de los constituyentes.

La Constitución Política vigente deja bien clara la función de la asamblea constituyente paralela. Le corresponderá plasmar las reformas de la actual Constitución Política de la República de Panamá, ya sea de manera total o parcial.

Las decisiones de los constituyentes en ningún caso tendrán efectos retroactivos; es decir, que no podrán normar hechos ocurridos antes de la aprobación del texto final.

Tampoco podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados y que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva ley del Estado.

Cumplido con todo este proceso, el nuevo texto constitucional entraría en vigencia 30 días hábiles después de su aprobación mediante referéndum nacional.

Las personas elegidas como integrantes de la asamblea constituyente paralela tendrán como única y exclusiva función la redacción del nuevo texto constitucional.

Para estas labores, los constituyentes tendrán un periodo no mayor de seis meses ni menor de tres meses. Una vez los constituyentes concluyan la redacción del nuevo texto constitucional, deben entregarlo al Tribunal Electoral, que se encargará de la publicación en el boletín oficial de esta institución.

Cumplido con este paso, el Tribunal Electoral procederá a convocar a un referéndum en un periodo que no debe superar los seis meses, pero que tampoco será menor de tres.