'Que no haya presencia de militares en el Croan, no los salva de la violación al tratado'

El acuerdo para crear un Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) y la Fuerza Marítima Conjunta-Panamá (FMC-P) para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, debió ser sometido a consulta ciudadana para evitar que la discusión quedara en manos de militares estadounidenses y algunos mandos panameños.

Al carecer de información y transparencia, el pacto ha generado dudas sobre sus propósitos, según expertos en derecho internacional consultados por la Estrella de Panamá.

Briseida Allard, docente titular de relaciones internacionales de la Universidad de Panamá, considera que el centro podría ser una buena plataforma de trabajo, de haberse consultado desde el principio y dado a conocer a los panameños.

“No practicarlo, no intercambiar opiniones con otros actores ha generado múltiples opiniones... Debió ser consultado con las distintas fuerzas del país, organizaciones y universidades. Lo que nos dicen las opiniones vertidas es que simple y llanamente ha sido un trabajo entre las fuerzas militares estadounidenses y algunos mandos de nuestro país”, agregó la docente.

El tema es preocupante –según la internacionalista– porque si es cierto que el centro sería organizado por policías panameños, considera que existe el riesgo de la participación de soldados estadounidenses sin la presencia activa, porque existe el montaje tecnológico que lo permite.

A juicio de Allard, el acuerdo es una violación al Tratado de Neutralidad permanente del Canal de Panamá, que establece que después del año 2000 el país manejaría la vía y mantendría fuerzas militares y sitios de defensa dentro de su territorio. “Aquellos que me digan que no van a estar presentes los militares estadounidenses, eso no salva de la violación del Artículo 5 del tratado”, apuntó.

Su colega Euclides Tapia, catedrático de relaciones exteriores de la Universidad de Panamá, no comparte el mismo criterio.

Aunque Tapia reconoce que la divulgación de la información tenía que ser más transparente, defiende la iniciativa. Considera que personas interesadas han vendido una idea equivocada del centro. “Las personas buscan la mínima excusa para referirse a bases militares estadounidenses en Panamá”, afirmó.

Después de un análisis del contenido del Memorando de Entendimiento acordado entre el Gobierno de Panamá y Estados Unidos para la creación y apoyo del centro regional antidrogas, el internacionalista concluyó que por ningún lado el texto admite prerrogativas militares.

Aclaró que el Croan es la suma de todos los estamentos de seguridad (Policía Nacional de Panamá, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras), que no son de carácter militar.

“Si admitimos que tales organismos no son instituciones militares, por qué tenemos que calificar el Croan como tal si sus componentes no son militares”, dijo el docente universitario.

Sobre la legitimidad de la firma del Ministerio de Seguridad (Minseg) en el acuerdo, dijo que habría que determinar si es un tratado solemne. Pero a su juicio no lo es, porque según su redacción se establece que entra en efecto con la firma, es decir, que no obliga a su aprobación por el Órgano Legislativo.

“En resumen, el documento si bien reúne las características básicas de un tratado internacional, no es menos cierto que por su forma se acerca más a la figura de un acuerdo administrativo por la firma de los plenipotenciarios de segunda categoría”, aseguró el internacionalista. Según su criterio, el meollo del acuerdo no está relacionado con la implementación de bases militares estadounidenses.

Alonso Illueca, experto en derecho internacional, aclaró que el tema regional ha “adolecido” de una falta “increíble” de información y transparencia acentuada que ha generado suspicacia en la población. En unas declaraciones que ofreció al programa dominical “Radar” de TVN-2, Illueca destacó que el gobierno no ha sido claro en cuanto al propósito.

Jeremías Urieta, director del Senan, donde funciona la sede del Croan, explicó que no hay ni se pretende que vaya existir presencia de otros funcionarios u oficiales de otra nacionalidad, “ni de Estados Unidos ni de otro país”. El director del Servicio Aeronaval panameño aseguró que bajo ningún concepto la operación conlleva la violación de ningún tipo de tratado o convención de la manera en la que está articulado.

El centro es parte de una estrategia de seguridad bilateral, que se implementará por los próximos cinco años.

Las actividades que se realicen deben estar basadas en el pleno respeto a la soberanía, jurisdicción territorial y respectivos ordenamientos jurídicos internos de cada país, y se regirán por los principios de responsabilidad común y compartida, confianza mutua y reciprocidad, establece el Memorando.

Este acuerdo tiene como fundamento jurídico la quinta enmienda del Acuerdo de 2009 entre Estados Unidos y Panamá. Dicho documento se firmó el 16 de septiembre de 2010 por Juan Carlos Varela, como ministro de Relaciones Exteriores, y Phyllis Powers, embajadora de Estados Unidos, para proporcionar fondos dirigidos a la implementación de nuevos proyectos de seguridad, antinarcóticos, crimen transnacional, derechos humanos y estado de derecho.