Croan, un polémico acuerdo

El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en territorio istmeño, ha generado rechazo en ciertos sectores de la sociedad que consideran que existe el riesgo de que se vean vulnerados los intereses nacionales si requiere la presencia permanente de militares extranjeros para asesorar y coordinar operaciones e investigaciones judiciales.

Se trata del contenido del acuerdo para la creación y apoyo continuo de un Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) y una Fuerza Marítima Conjunta - Panamá (FMC-P), al que han pactado el Ministerio de Seguridad de Panamá (Minseg), dirigido por el comisionado Juan Manuel Pino y el Gobierno de Estados Unidos.

Ambas dependencias antidrogas (Croan y FMC-P) estarían conformadas por miembros de los estamentos de seguridad panameña (Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional (PNP) con “asesoría” de agencias estadounidenses, según se desprende del memorando de entendimiento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

Una fuente del Minseg aseguró que con este acuerdo “se entrega el control de la información judicial y las operaciones en tierra a los estadounidenses pasando por encima de las instancias que establecen la Constitución y la leyes”.

Según el informante es cuestionable el hecho de que la autoridad del Minseg haya suscrito un acuerdo de carácter internacional. A su juicio, este tipo de acuerdos deben pasar por la revisión de la Cancillería de Panamá.

Según el documento, la misión del Croan sería dirigir, monitorear y ejecutar a nivel táctico el mando y control de las operaciones de aplicación de la ley marítima (operaciones antinarcóticos, apoyo a la defensa nacional, seguridad en el ámbito marítimo, búsqueda y rescate en el mar y combate de la pesca ilegal).

“Estas operaciones en conjunto combatirán las redes del crimen organizado transnacional con el apoyo de países vecinos (Costa Rica y Colombia) a través del intercambio de información con oficiales de enlace entre agencias y naciones aliadas”, cita textualmente el documento.

El Croan ya tiene sede y es en el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). En ese lugar se invirtió dinero en un proyecto de radares, según manifiesta el titular del Minseg, donde destaca que “no se ha invertido ni un solo centavo, ya que todos los equipos estaban aquí”.

Las declaraciones de Pino se plasman en un comunicado publicado en la página web de la institución con fecha del lunes 15 de febrero, en el cual señala que “este lugar ya estaba habilitado, mobiliarios y equipos. Aquí trabajan unidades de la Fuerza Pública de Panamá únicamente”.

Mientras que el documento indica que el compromiso de los Estados Unidos brindaría apoyo a través de asesores y analistas a nivel operacional y táctico, proporcionará información mediante fuentes humanas y medios tecnológicos y coordinará operaciones e investigaciones con otros países. También coordinará con el Ministerio Público y Cancillería la judicialización de investigaciones internacionales.

El Instituto del Canal de Panamá, en un comunicado que emitió el pasado 17 de febrero de 2021, advirtió que la instalación del Croan viola flagrantemente el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y funcionamiento del Canal de Panamá, que en su artículo V establece que después del año 2000, “solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

Las intenciones del gobierno estadounidense, según el memorando de entendimiento, es proporcionar los materiales para la reestructuración de los espacios físicos del centro, equipo tecnológico para la integración de la información y equipo de comunicaciones para incrementar las capacidades de mando y control.

Las autoridades norteamericanas donaran un buque de patrullaje costero y una aeronave de patrulla marítima en agosto de 2021. Se comprometen además a donar una grúa móvil (200 toneladas) para dique seco en el 2022 y prometen hasta $1 millón para capacitar al personal asignado al centro.

Entre las intenciones de los estadounidenses también está negociar un acuerdo de intercambio de información entre el Departamento de Defensa y el Minseg. Esta no sería la primera vez que el gobierno estadounidense intentaría negociar un centro antidroga en Panamá. En 1998 el gobierno panameño se negó a negociar la creación de un Centro Multilateral Antidrogas que permitiría la presencia de militares estadounidenses en el país después de diciembre de 1999, cuando Estados Unidos entregó el canal a las autoridades nacionales y replegó las tropas que mantuvo por casi un siglo.

José Raúl Mulino, exministro de seguridad, no percibe la intención de utilizar este mecanismo para el establecimiento de una base militar estadounidense.

El extitular del Minseg aseguró que el mecanismo de cooperación no es ni parecido ni similar a una base militar. Mulino agregó que cuando dirigió el ministerio intentó implementar un acuerdo regional similar, pero no logró mayores apoyos en Centroamérica para sus propósitos.

“Panamá por su posición geográfica no puede negarse a suscribir un acuerdo como este porque va en beneficio de la seguridad de nuestra posición geográfica”, señaló Mulino. Sin embargo, aclaró que si en alguna medida el acuerdo crea, modifica tratados o extiende derechos debe pasar por la Asamblea Nacional de Diputados; aunque, a su juicio este acuerdo es meramente administrativo.