La vivienda social en ciudad de Panamá: la década de 1970

Para inicios de la década de 1960, la División de Vivienda y Planeamiento de la Unión Panamericana señalaba como dos temas urgentes a abordar en la planificación de la ciudad, el reemplazo gradual de las viviendas existentes que se encontraban en estado insalubre, y la construcción de viviendas para absorber el incremento demográfico en un período de 30 años (Gutiérrez, 1965).

Por un lado, en el centro urbano era necesario reemplazar el 65% de las antiguas casas de inquilinato, viejas estructuras de madera que se encontraban podridas, destartaladas y superpobladas, con medio siglo de construidas, y que representaban un serio peligro para sus ocupantes.

El otro problema, el del crecimiento demográfico, estaba relacionado con la migración del campo a la ciudad, que desde la década de 1940 había atraído población a trabajar en el Canal de Panamá, y la cual, al no encontrar o no poder pagar las viviendas de inquilinato, decide ocupar tierras privadas o nacionales con el fin de emplazar allí su vivienda, en condiciones precarias (Gutiérrez, 1965).

La respuesta a dicha problemática por parte del Estado se dio a través de instituciones como el Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU), que entre 1958 y 1970 había construido unas 15 mil viviendas en todo Panamá.

La década de 1970 reflejaría una nueva dinámica de inversión, que iniciaría con los planes definidos por el IVU, y continuaría con la creación del Ministerio de Vivienda en 1973.

Para inicios de la década de 1970, el IVU señalaba en su memoria anual que la política de vivienda estaría fundamentada en una serie de programas que incluían la oferta de lotes dotados de servicios urbanos mínimos, sin construcción de la vivienda; lotes con urbanización mínima y viviendas de 18 o 36 metros cuadrados; vivienda en edificios multifamiliares y la adquisición de tierras para planes de viviendas futuras.

El financiamiento para estos programas se daba tanto a partir de recursos del Estado como de préstamos y otro tipo de asistencia internacional. Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) participaron en el financiamiento del programa de vivienda estatal durante la década de 1970. De igual forma, la Caja de Seguro Social (CSS) continúo ofreciendo recursos para apoyar la construcción de vivienda social, tal como había ocurrido desde su creación en la década de 1940.

Para atender la problemática de las viviendas de madera que aún existían en el centro de la ciudad, se desarrollaron dos proyectos enmarcados en un proceso de renovación urbana.

Un primer proyecto con el cual se buscaba la demolición de las viviendas que conformaban el barrio de El Marañón, “cuyos límites se comprendían desde los terrenos en los que se encontraban las Encomiendas Postales y el Almacén del Gobierno, hasta la calle 23 este, entre la avenida B y la calle 12 de Octubre”. Mientras que las viviendas demolidas serían reemplazadas por edificios de apartamentos (IVU, 1971).

El segundo proyecto sería la construcción de los multifamiliares de Barraza, los cuales consistían en edificios de 13 plantas, con apartamentos de 24 metros cuadrados de área, con servicio, para ser divididos de acuerdo con sus gustos y posibilidades. El resto sería apartamentos con sala comedor, dos recámaras, cocina y servicio, finalizando su construcción en 1972.

Pero los proyectos de edificios multifamiliares no serían exclusivos de áreas en el casco urbano. Otros proyectos como los edificios de La Locería, Santa María, Tuira y Chucunaque y Los Libertadores fueron construidos durante la década de 1970 en el sector de Betania, que para este período empezaba a integrarse como un suburbio del centro urbano, debido a la rápida construcción de urbanizaciones residenciales en este sector.

Los programas de vivienda también incorporaron procesos de “erradicación y traslado de barrios marginales” hacia sectores como Nuevo San Isidro y Cerro Batea o a edificios construidos en el centro urbano, como los de Patio Pinel.

Pobladores tanto de las antiguas casas de madera en El Marañón, como de asentamientos informales próximos al centro urbano, como Loma La Pava (actual sector de Plaza Edison), fueron unos de los objetivos de este proceso, justificado principalmente en las condiciones precarias de las viviendas en que residían.

La política de vivienda llevada adelante durante esta década tuvo un importante impacto sobre la huella urbana, debido el empuje que dio a su expansión hacia el este y norte de la ciudad de Panamá.

Hacia el norte, sobre la Transístmica, destacan proyectos como el de San Isidro, Cerro Batea, Santa Librada o Torrijos Carter. Hacia el este, General Remón, Pedregalito, Villa Lorena y Don Bosco, abrían paso a la urbanización sobre la vía Tocumen (IVU, 1971- 1972; MIVI, 1975-1978).

De estos proyectos, Torrijos-Carter y Don Bosco fueron los más emblemáticos. Conocido como el 'proyecto más gigantesco y ambicioso' de vivienda social, Torrijos-Carter con 9,000 viviendas y 353 hectáreas de terreno, se encontraba ubicado en un sector entre San Miguelito y Las Cumbres.

Por su parte, Don Bosco comprendía unas 3,300 viviendas de entre 76 a 56 metros cuadrados, en 130 hectáreas de terreno, sobre la vía a Tocumen, el mismo incluía viviendas para personas de mayores ingresos que el proyecto de Torrijos-Carter, donde solo se ofrecían soluciones básicas de unos 24 metros cuadrados (MIVI, 1976).

Durante toda la década de 2010, el Gobierno de Panamá implementó políticas de vivienda que incluían programas de legalización y adecuación de asentamientos informales, el otorgamiento de materiales o la realización de mejoras en barrios marginales y la construcción de proyectos de vivienda como los de Curundú (2014) y Altos del Lago (2019).

La referencia histórica de los proyectos de vivienda social realizados durante 1970, debería llevarnos a cuestionar y evaluar el grado de éxito de estos proyectos, y a extraer lecciones que permitan desarrollar políticas de vivienda que se centren en el bienestar de las personas.

Aspectos como el análisis del emplazamiento, la evaluación de los modelos de financiamiento, cuestiones sobre el diseño arquitectónico, el costo y uso de materiales, la integración urbanística y la participación ciudadana, deben ser revaluados por las autoridades, con el fin de desarrollar programas que logren satisfacer la justa aspiración ciudadana de una vivienda digna.