Exdirector de Seguridad y de la Policía, vinculados a ‘caso de armas’

La mañana de este martes 14 de julio, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, elementos policiales pusieron en marcha la 'Operación Furia' en la que ejecutaron 28 diligencias simultáneas de allanamiento, aprehendieron a 19 personas, y recuperaron 34 de más de 80 armas que supuestamente forman parte de una trama de tráfico ilegal de armas de guerra que se adquirieron por parte del Estado a través de estamentos de seguridad, y que terminaron en manos de particulares y directores de los estamentos de seguridad de turno.

En conferencia de prensa, las autoridades describieron que las armas de fuego de distintos calibres que pertenecen a los estamentos de seguridad del país, y que la investigación que inició en marzo de 2019, “arrojó a civiles y exdirectores de estamentos de seguridad involucrados en el tráfico de armas”, manifestó el fiscal Contra la Delincuencia Organizada Eneldo Márquez.

Las armas fueron importadas por la empresa Aerotécnica de Panamá, S.A., pero en el expediente aparecen copias fechadas en diferentes meses del año 2016 en la entrega de armas, municiones y accesorios con órdenes de retiro emitidas por la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública a directores de estamentos de seguridad y otras personas.

El certificado usuario final supuestamente era el Senafront, requisito que exigen los fabricantes para que las armas no terminen en manos de particulares o que puedan venderse a personas relacionadas al crimen organizado. No obstante, de acuerdo con un abogado que representa a civiles que afirman haber comprado las armas en forma legal, “las mismas se guardaban en la armería de la Policía Nacional y posteriormente eran vendidas, cuando en el país regía una veda de importación de armas dictada por el Ministerio de Seguridad.

El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, añadió que de las 34 armas recuperadas, 28 están relacionadas al caso, 3 no portan permiso y 7 están en verificación de su permiso, además de 2,300 municiones de diferentes calibres. Las operaciones se desarrollaron en la provincia de Panamá, Panamá Este y Veraguas.

El comisionado de la Dirección de Investigación Policial, Carlos Delgado, agregó que entre las armas recuperadas se cuentan 13 fusiles de guerra, un rifle, 16 pistolas y 4 escopetas.

Cuando aún se desarrollaban diligencias de allanamiento, las autoridades hablaron a los medios de prensa, por lo que las autoridades estimaron que el número de armas decomisadas aumentaría y no descartan más detenciones. A quienes se les compruebe su vinculación, se les imputarán cargos por delito contra la seguridad colectiva, modalidad de tráfico de armas y posible falsificación de documentos. “Hubo gente que cogió miedo y hoy fue a entregar las armas a la fiscalía”, manifestó una fuente judicial a este medio.

Durante el encuentro con los medios, se informó que el Estado “pagó por las armas de guerra”. Así las califican las autoridades debido al calibre y “porque al momento en que se registraron, en el ingreso se especificó el calibre como armas de guerra”. En este sentido, se han efectuado las diligencias para determinar que dicho calibre es prohibido para el uso de particulares. “En el caso de las pistolas, fueron traídas para ser empleadas en los estamentos de seguridad, y han verificado que están en manos de personas que no les corresponde”.

Los allanamientos ocurrieron en las residencias de altos funcionarios del gobierno de Juan Carlos Varela y de Ricardo Martinelli, la mayoría exdirectores de estamentos de seguridad.

Se conoció de la residencia ubicada en Santiago de Veraguas, de Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad durante la administración pasada, quien no se encontraba presente al momento de la diligencia. López, quien vive en Santiago de Veraguas, se percató de que estaban vigilando su casa y “viajó a Panamá para ponerse a disposición de la fiscalía”, manifestó su abogado Ángel Álvarez. En su casa las autoridades hallaron 4 armas, que no confiscaron porque al parecer forman parte de una herencia del mencionado.

El abogado del exdirector del Consejo de Seguridad indicó a La Estrella de Panamá que confiscaron su computadora. El jurista indicó que a “su cliente se le invitó a que se presentara en un cuartel de la Policía”.

Extraoficialmente se conoció que allanaron las residencias del exdirector de la Policía Nacional Omar Pinzón; Daher Yaafar, exasesor de seguridad del Ministerio de Seguridad, y el representante de Bella Vista, Ricardo Domínguez.

El expediente de este caso nació el 11 de marzo de 2019 con una información de inteligencia de una fuente que alertó a las autoridades sobre actividades de tráfico internacional de armas. El denunciante proporcionó varias series de armas de guerra que llegaron al país para algún estamento de seguridad, pero luego fueron registradas por medio de algún mecanismo de falsificación a personas naturales.

Se trata de varias importaciones que datan del año 2012 a la fecha, que totalizan más de 86 armas de fuego, algunas marca IWI identificados con su número de serie.

A raíz de la información, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, inició una investigación al respecto.

De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso este medio, la fiscalía practicó diligencia de inspección ocular en la Dirección de Armamento de la Policía Nacional para saber cuándo se recibieron las armas y se le proporcionara la documentación de ingreso de las mismas. Lograron así copias varias, entre ellas oficios de la Diasp en las que se autoriza el retiro de las armas de fuego a diferentes personas. Una lista que reposa en el expediente da cuenta de que se vendieron rifles y pistolas marca CZ, calibre 9mm entre el 2015 y 2017 a Yaafar Daher, Ali Tarek Yaafar, Musa Yaafar Daher, Roberto García Depena, Jorge Ricardo Velásquez, Juan Osvaldo Pineda, Mohamed Yaafar, Macro Chiu, Yassir Purcait, Darko Kusmicich, Ricardo Domínguez, Ricardo Selles, Carlos Boyd, Erika Vargas, Omar Pinzón, Jorge Velásquez, Alex Tzorzatos, muchos de ellos civiles aficionados a la caza que adquirieron las armas con permiso del Estado.

En una de las copias aparece también el nombre de Rolando López, entonces director del Consejo de Seguridad, para que retire un rifle calibre 223/5.56 marca IWI, con su respectivo número de serie.

La fiscalía buscó en la Autoridad de Aduanas los permisos de importación, donde le informaron que la empresa Aerotécnica de Panamá, S.A. “no se declaran las generales de las armas, sino que fueron declaradas por lote o cantidad de armas”, se lee en el expediente, y se hizo entrega de las declaraciones en donde la empresa pagó los impuestos de importación, lo que implica que las armas entraron con el consentimiento del Estado. “Cada persona tendrá que acreditar cómo adquirió las armas y cuál fue la forma; respetando sus garantías harán las explicaciones”, dijo el director de la Policía en rueda de prensa.

En el expediente se lee el registro de 67 armas entregadas en el mes de noviembre de 2017: 31 pistolas de diferentes marcas, 15 escopetas, y 15 revólveres aproximadamente, según las listas que reposan en la carpeta.

“La veda que imperaba en el gobierno pasado permitía solo a los estamentos de seguridad importar armas y las inscribieron a nombre de particulares a pesar de que se trata de fusiles de guerra”, subrayó una fuente judicial enterada de la investigación.

Agregó, además, que “después de que algunas personas se dieron cuenta de las investigaciones, trataron de cubrir algunos rastros; armas de ese tipo nunca debieron quedar en manos de particulares. En otras ocasiones se hizo un trámite de devolución del arma de fuego con una fecha, pero un par de meses después se reinscribió el arma a nombre de quien hizo la devolución”.

El director de la Policía, Jorge Miranda, explicó que dentro de las investigaciones está establecido cómo se comercializaban las armas, a pesar de su prohibición; para ello se basaron en entrevistas y documentación.

Dentro de lo que han verificado las autoridades, algunos de los compradores se mantienen activos en los estamentos de seguridad, no obstante, se indicó que de la lista de detenidos se hará una depuración para vincular o desvincular a quienes participaron en el delito.