Juez español imputa a FCC por presunto pago de comisiones para obras en Panamá

La Audiencia Nacional española ha imputado a la constructora española FCC por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015 por el pago de 82 millones de euros (73 millones de dólares) en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.

En el auto conocido hoy, el magistrado Ismael Moreno dirige el procedimiento contra las filiales FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, las cuales habrían participado de un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht que generó "sobrecostes en los contratos del suministro de acero para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton".

Estos fondos "fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".

Lo que se investiga es la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015, después de que en 2017 se presentara una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht, empresa que se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.

Por lo que respecta a las obras del metro de Panamá, directivos de FCC y empleados de Odebrecht habrían diseñado, según la Fiscalía, un sistema de corrupción que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá, facturando al doble de su precio.

Los fondos se destinaban al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y de Odebrecht, algunos de los cuales ya han declarado como investigados por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

En cuanto a las sociedades pantalla presuntamente utilizadas, las mismas para las obras del metro y para el hospital, son Global Quality Steel y Scees Steel, cuyos administradores, Javier Ayora, Eduardo Trijueque y Sasa Arsic, han declarado ya como investigados.

No obstante, la investigación ha desvelado "dos circuitos de pagos de dádivas distintos ya sean los contratos del metro, los de la Ciudad de la Salud o los de la Ciudad Hospitalaria", que confluyeron sólo en algunos casos en las mismas sociedades, testaferros y entidades bancarias.

A mediados de año FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con estos hechos y aportó 38 facturas y transferencias emitidas entre los años 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros, por servicios no prestados y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

En sus denuncias, FCC señalaba que ninguno de estos servicios se prestó, ya que no se ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Mauricio Cort, ciudadano español y panameño que sólo habría facturado para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de contratos de obra civil.

En su auto, el titular del juzgado central de instrucción nº 2 recuerda que la responsable de la asesoría jurídica de FCC aseguró en julio de este año ante la Fiscalía que los documentos que adjuntaba a su denuncia mostraban la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort, testaferro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.