Trama de corrupción del anterior gobierno empieza a destaparse

Cuando Juan Carlos Varela fue proclamado por el Tribunal Electoral (TE) presidente de Panamá, en mayo de 2014, prometió un gobierno “honesto”. Las palabras “honestidad” y “transparencia” eran una constante en los discursos del presidente panameño. Pero, pese a esta retórica, los escándalos de corrupción en su administración de gobierno no han faltado. Tres meses después de haber concluido su gestión gubernamental, las primeras denuncias de actos de corrupción han salido a la esfera pública. Techos de Esperanza, un emblemático programa de la administración Varela, que ofrecía “viviendas dignas” a panameños de escasos recursos, está envuelto en una maraña de corrupción. El proyecto, que también incluía reconstrucción y reparación de viviendas, estaba planificado para ejecutarse en cinco años. Las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) han denunciado un supuesto delito contra la administración pública en el manejo del programa institucional.

Los informes de auditoría que sustentan la denuncia advierten de la posible comisión de hechos punibles en el manejo de los fondos públicos.

La titular del Miviot, Inés Samudio, indicó que de las 105,474 casas que se dispuso entregar la pasada administración, solo se entregaron 50,492; es decir, el 47,8%. Las autoridades han hecho referencia a compras excesivas de materiales y de equipos, sin control. Además, se detectaron debilidades que permitieron una serie de irregularidades y se hicieron compras inoportunas de equipos de seguridad para la protección de los colaboradores contratados para la construcción de las 5 mil viviendas.

Otra irregularidad encontrada en el programa consiste en la compra excesiva de botas de construcción, que no fueron usadas.

En la pasada administración, el Miviot estuvo dirigido por Mario Etchelecu y Martín Sucre.

Otro programa insigne de la pasada administración, Sanidad Básica Panamá, que se proponía eliminar las letrinas y dotar de agua potable al país para mejorar la calidad de vida de los panameños, ha sido denunciado por supuestos actos de corrupción. De acuerdo con informes de auditoría, el programa tenía un presupuesto de $102.3 millones para construir 25,500 unidades o servicios sanitarios básicos en todo el país.

Según las denuncias presentadas, las empresas encargadas de desarrollar las obras recibieron los anticipos de entre 10% y 20%, pero los avances de la obra eran, en algunos casos 0%, y en otros, 1%.

En la pasada administración también se dieron supuestos ascensos y reintegros irregulares en los estamentos de seguridad (Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval y Servicio Nacional de Fronteras). Dos asesores legales del Ministerio de Seguridad, que dirige Rolando Mirones, presentaron demandas ante la Corte Suprema de Justicia.

Los abogados están solicitando a la Sala Tercera de la Corte Suprema que determine si los ascensos se hicieron dentro de los límites de la ley.

Otra institución donde supuestamente también se dieron malos manejos de fondos públicos fue el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). El director de la institución, Manuel Araúz denunció la reventa de arroz subsidiado, injustificada variación de los precios en la compra del mismo grano, duplicidad de transacciones y bodegas ficticias para recibir arroz “fantasma”.

“El IMA era un negociado, estamos limpiando la casa”, dijo Araúz cuando explicaba algunas modalidades en las que consistía la reventa de arroz.

En medio de este escenario, la nueva administración de la Autoridad Nacional de Aduanas también interpuso una querella penal en las fiscalías Anticorrupción por presuntos delitos contra la administración pública y contra la fe pública después de encontrarse boletas ilegales de pagos de impuestos de importación cuyos sellos supuestamente fueron falsificados.

La defraudación alcanzaría los $2.4 millones. Las autoridades de aduanas indicaron que empresas y funcionarios públicos están involucrados en estas actuaciones.

La administración Varela estuvo marcada por actos de corrupción desde sus primeros años. Un año después de que Varela asumiera la presidencia , Edwin Cárdenas, entonces director del IMA, tuvo que renunciar a su cargo.

Cárdenas fue acusado de malos manejos de fondos públicos. La Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de $5.3 millones durante su administración. Posteriormente, Grimaldo Córdoba, miembro del Partido Panameñista, fue procesado por uso ilegal de la profesión de medicina y fue el primer condenado de la administración de Varela.

El Juzgado Décimo Sexto de lo Penal dictó condena de 42 meses de prisión. Córdoba renunció a su puesto como director de Promoción de la Salud, en el Ministerio de Salud, luego de conocerse que no contaba con la idoneidad para ejercer la medicina.

Al menos una docena de funcionarios, incluyendo al propio expresidente, fueron señalados por escándalos de corrupción. A Varela se le señaló por haber recibido dineros de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña a la vicepresidencia y a la presidencia.

Un informe policial al que tuvo acceso La Estrella de Panamá reveló que el presidente había recibido donaciones de la constructora hasta por $10 millones.

¿A dónde se fue la promesa de transparencia y honestidad? Esa es la pregunta que muchos panameños se hacen hoy día.