Jóvenes enfrentan la crisis más aguda al buscar empleo

Panamá enfrenta la peor crisis de desempleo juvenil de los últimos trece años.

Durante la administración de Juan Carlos Varela, la población de 15 a 29 años aumentó en 64,511 personas —el 83% de ellas económicamente activas—, lo que dio como consecuencia el incremento de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) en 249,441, cifra registrada en marzo pasado. De la mano con esto, el desempleo juvenil aumentó de 12.5% a 14.6%.

Estos datos parecieran paradójicos si se considera que el Estado efectuó una inversión en educación de más de $15.5 mil millones (2008-2018), según datos de la Contraloría General de la República. Pero hoy, la proporción de jóvenes que buscan trabajo es mayor que nunca.

El consultor empresarial René Quevedo es un sensor que detalla en forma atinada la relación desempleo juvenil, educación y criminalidad. Describe que la Población Económicamente Activa (PEA) de 15 a 29 años, entre el 2014 y 2019 aumentó en 53,480 jóvenes, 46% más que la cantidad registrada en los 10 años anteriores (2004-2014) juntos (36,732).

Estos números forman parte de la tasa de desempleo registrada en marzo pasado, que asciende a 6.4%.

Se avanzó en 2012

Sin embargo, para nadie era un secreto que el desempleo se incrementaría una vez finalizada la construcción de la ampliación del Canal de Panamá. Es más, los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), previno en 2012 sobre la necesidad inminente del cambio en el perfil de expansión económica de Panamá y el impacto que tendría la culminación del megaproyecto.

La publicación 'Mejores empleos en Panamá: el rol del capital humano' planteaba un gran desafío para el país que consistía en alcanzar una educación secundaria universal y mejorar la calidad del sistema para impulsar la productividad de los trabajadores. Un reto imprescindible para sobre llevar los cambios en la demanda de mano de obra y futuras necesidades de la economía.

El BM no estuvo solo al alertar sobre el futuro de la fuerza laboral del país. En el mismo año también lo hizo la firma Nathan Associates, que advirtió a los políticos de turno que entre el 2013 y 2025, del 28 al 45% de los nuevos empleos que se generaran por la economía requeriría de mano de obra importada. Y no se equivocó.

Luego de la vorágine que se vivió durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), la empleomanía en sectores con bajos requerimientos de escolaridad, como la construcción, disminuyó su ritmo y estos jóvenes se vieron obligados a buscar empleo en otros sectores con exigencias superiores de instrucción formal. Este fue un enorme reto, pues la edad de escolaridad promedio de estos muchachos ronda los 9.6 años aprobados.

“Otro efecto social negativo de la década pasada fue la triplicación de la delincuencia. Surge igualmente evidencia de cómo las inversiones en educación, programas asistencialistas, recursos del sector privado y miles de plazas de trabajo, en ciertas comunidades, no garantizan el empoderamiento económico e independización financiera de sus residentes, ni pudieron detener la delincuencia”, señaló el consultor Quevedo.

Las áreas rojas

El asesor empresarial observa cómo en la última década los gobiernos han invertido importantes recursos en subsidios sociales, prevención y resocialización. Sin embargo, el informe titulado “Detenidos en el Distrito de Panamá del año 2017”, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), revela que el 68% de los detenidos en la ciudad de Panamá provienen de los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú.

Si buscamos aún más paradojas, vale decir que algunos de estos corregimientos tienen la más alta tasa de densidad de policías por habitante del país. El promedio nacional es de un policía por cada 200 habitantes. En El Chorrillo hay un policía por cada 66 habitantes. El sector tiene el 2% de la población, pero el 24% de sus detenidos.

¿Qué consideraciones debemos plantearnos luego de estas cifras? Quevedo explica que la inversión en prevención en los mencionados corregimientos no se ha traducido en una mayor inclusión; que las reducciones en el número de delitos en estas zonas son el resultado de la disuasión policial y no de la prevención social; y un dato vital, que la empleomanía temporal no es sostenibilidad laboral.

Inclusión

La cantidad de jóvenes que anualmente comienza a buscar trabajo es históricamente muy superior a la capacidad del mercado laboral para absorberlos.

Quevedo asegura que, si bien la educación es clave para la inserción laboral, “la generación de empleo requiere de la confianza de los empresarios para invertir en el país. Sin inversión privada no hay empleo”.

La educación debe orientarse a generar las competencias que requiere el mercado laboral que prefieren los jóvenes; tecnología, por ejemplo. “Por lo que la mejora del empleo juvenil pareciera estar muy ligada a nuestra capacidad de crear un entorno que les permita iniciar sus propios negocios de manera exitosa”, recalcó el consultor.

El Ministerio de Educación ha trazado un plan de los primeros 100 días de trabajo como parte de la estrategia gubernamental para reducir los índices de pobreza, desempleo y asegurar la inclusión de los graduados al mercado laboral.

Entre las actividades planteadas se analiza la transformación de la formación docente, acuerdos con las universidades e institutos, mejorar la calidad de la educación, entre otras tareas.

Sin embargo, hay otros factores que deben contribuir a diminuir las cifras. “Para poder reducir el empleo la estructura de la economía panameña debería crecer un 5.5%. Al crecimiento que se tiene actualmente, (3.41% entre enero y marzo 2019) es muy difícil que se reduzca el desempleo”, asevera el economista Rolando Gordón.

Una alternativa para crear empleos incluyentes resulta en las alianzas público privadas y oportunidades para el empoderamiento económico e independencia financiera con planes de emprendimientos y cadenas productivas que permitan a muchos grupos vulnerables la posibilidad de generar ingresos dignos en actividades directas o indirectas derivadas de las inversiones.