Corte declara inconstitucional contrato de Minera Petaquilla

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. considerando que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.

El contrato, según la decisión judicial, no representaba los mejores intereses para el Estado. Era, además, ajeno al bienestar social y al interés público. El fallo del 21 de diciembre de 2017 destaca que antes de aprobarse un contrato ley, la Asamblea Nacional debe cerciorarse de que se cumpla con las formalidades establecidas porque, de lo contrario, se entraría en contradicción con las leyes.

El documento judicial destaca que el interés de las mayorías debió ser protegido. El fallo reconoce que la actividad minera a cielo abierto es perjudicial para un ambiente sano, explicó Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio de Abogados.

El abogado agregó que este contrato dejará de existir cuando el fallo sea publicado en Gaceta Oficial. El Gobierno panameño debe iniciar un proceso de negociación para darle cumplimiento al fallo y garantizar una transición en donde sean salvaguardados los intereses de una empresa que lleva años desarrollando un proyecto de inversión, recomendó.

Esta decisión podría acarrear reclamos económicos para el Estado. ‘No sería extraño que este fallo desate un conflicto en los tribunales internacionales de arbitraje por los perjuicios sufridos por la empresa', señaló Araúz.

El fallo fue aprobado por cinco de los nueve magistrado en la que podría considerarse una decisión difícil y compleja.

La decisión de los magistrados responde a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Susana Serracín, en representación del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en 2009, contra un contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del cerro.

La organización ambiental sostuvo que el contrato ley violaba los artículos 4,17,19, 46,50, 118, 159, 184, 257, 259 y 266 de la Constitución Política que hacen referencia al cumplimiento de las normas del derecho internacional, la defensa de los intereses de los nacionales y extranjeros, el efecto no retroactivo de las leyes con excepción de las de orden público e interés social y el deber estatal de garantizar a la población un ambiente sano y libre de contaminación, entre otros.

Según el documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá , la Asamblea Nacional desconoció las exigencias y fines de la Constitución. ‘El órgano estatal debió rechazar el contrato, no verificó que era deficiente al no cumplir con las regulaciones establecidas', advierte Araúz.

PROS Y CONTRAS

María Soledad Porcell, coordinadora de Legal del CIAM, expresó su satisfacción por la decisión de la Corte. ‘Es un triunfo para el ambiente y las comunidades que serían afectadas con su traslado a partir del próximo año', dijo.

Petaquilla, desde la concesión hasta el cese de operaciones

Richard Fifer, un sagaz ingeniero geofísico, logró la concesión de Cerro Petaquilla, un ‘yacimiento de oro que cegó con su brillo a los españoles', según una publicación de este medio de comunicación del 17 de mayo de 2015.

La mina pasó a manos del empresario, uno de los pioneros de la minería comercial en Panamá en 1997. En total, el Ministerio de Comercio e Industrias concedió 13,600 hectáreas para la exploración y explotación de oro, plata, cobre y otros metales.

El rico depósito natural que guardaba en su interior un millón de onzas de oro no solo atrajo la atención de Fifer y de sus socios extranjeros. El globo de terreno resultó ser una seductora tentación para quienes ostentaban el poder de turno, entre ellos el entonces presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien supuestamente intervino las operaciones de la minera y sus subsidiarias.

La mina de oro que disparó las exportaciones del metal en Panamá, superando a cualquier otro rubro, paró operaciones el segundo trimestre del 2014.

Sin embargo, el cese de operaciones de la mina no se efectuó con un plan de cierre, y dejó secuelas en materia ambiental, laboral y contractual.

Porcell añadió que lo declarado indica que el contrato es nulo. Además, añadió que la decisión implica que se tienen que detener todas las actividades comerciales dentro del área concesionada.

Por su parte, el abogado Harley Mitchell, especialista en temas ambientales, aseguró que la decisión marca un antes y un después en la manera en que se gestionan los recursos minerales del país. ‘La ley declarada inconstitucional era la que permitió que Petaquilla S.A., Petaquilla, Ltd, Petaquilla Gold y Minera Panamá explotaran....', indicó el jurista.

‘No puede existir contrato ley que ponga en peligro la biodiversidad del país', apuntó.

Para el ambientalista, este es el mensaje que se envía a la Corte con esta decisión.

Mitchell está convencido de que después de este fallo existirán muchísimos temas jurídicos que resolver con respecto a las empresas.

Por su parte, Jorge Obón, vocero de la empresa, recordó que las mineras han invertido más de $10 mil millones en el desarrollo de esta actividad en la provincia de Coclé. ‘No se puede dejar sin trabajo a miles de trabajadores ni dejar en el limbo la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros en el país', subrayó el vocero.

La Cámara Minera de Panamá (Camipa), por su parte, prefiere esperar hasta conocer el fondo del fallo. Zorel Morales, miembro de Camipa, dijo que después de conocer el contenido del fallo podría referirse a las consecuencias. Asimismo, el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), a través de su departamento de Relaciones Públicas, indicó que esperaría conocer el documento antes de emitir cualquier comentario.

MINERA PANAMÁ

La Ley 9 de febrero de 1997 le concedía a Richard Fifer 13,600 hectáreas para la operación minera. La concesión fue obtenida durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). En los inicios del periodo de Ricardo Martinelli, Petaquilla obtuvo su licencia para exportar.

Antes, en 2008, Fifer vendió parte de la concesión a Minera Panamá, donde se desarrolla la actual mina de cobre de Donoso, en Colón. Este proyecto estaría amparado bajo la misma ley que rige la concesión de Minera Petaquilla.

Este medio consultó a la empresa para conocer su versión del tema. Como respuesta, señalaron que hoy emitirán una comunicación oficial. Hasta este momento se desconoce el alcance que pueda tener este fallo en las operaciones de la empresa. Este medio conoció que el equipo legal de la minera analiza las implicaciones que pueda tener la decisión judicial.

Minera Panamá iniciará operaciones a finales de este año y se espera que produzca unas 320 mil toneladas de cobre por año, generando ingresos que representarán hasta un 4% del producto interno bruto. El proyecto ha generado 11 mil plazas de empleo y se desarrolla con una inversión extranjera de $6,300 millones.