La Corte confirma que cerro Cabra es área protegida

El cerro Cabra, en el corregimiento de Veracruz, es área protegida. Un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la legalidad del Acuerdo Municipal No. 24 del 5 de abril de 2012, emitido por el Consejo Municipal de Arraiján, mediante el cual se le confirma esta condición.

La decisión de la Corte responde a una demanda de nulidad presentada por la Unidad de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el pasado gobierno. Además de cerro Cabra, el Consejo Municipal declaró área protegida, en el mismo decreto, a la franja de bosques que rodean la carretera Panamericana desde Arraijan hasta el Puente de Las Américas.

Bienes Revertidos del MEF sustentó su demanda en que el Consejo Municipal violaba normas que rigen en las áreas revertidas y que se habían suscrito contratos con empresas para su ‘desarrollo y aprovechamiento económico'.

El Acuerdo del Consejo Municipal surgió en medio de las protestas de los residentes de Veracruz y de Arraiján cabecera contra una concesión de 502 hectáreas para la explotación de mineral no metálico, que había otorgado el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) durante el gobierno pasado.

La concesión encerraba una comunidad y 14 tomas de agua de acueductos rurales que abastecen de agua potable a residentes de comunidades de Veracruz y Arraiján cabecera.

Los residentes, a través del abogado Víctor Martínez, se opusieron a las pretensiones del MEF de declarar nulo el Acuerdo Municipal.

El mandato de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Ramón Fábrega, consideró que el Consejo Municipal de Arraiján no violaba ninguna norma.

Además, señala el fallo, la finalidad del Acuerdo Municipal es ‘satisfacer la conservación de la biodiversidad biológica, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación'.

Por el momento, el abogado Martínez espera que los magistrados sean cónsonos con este fallo y declaren nulo el Estudio de Impacto Ambiental y la concesión minera aprobada a la empresa Canteras del Istmo S.A., otorgada durante la administración de Ricardo Martinelli.

La demanda contra el Estudio de Impacto Ambiental se debió a la falta de una consulta pública para su aprobación.

La demanda contra el contrato de concesión se debió a que el MICI aprobó concesionar 502 hectáreas, a pesar de que en el Estudio de Impacto Ambiental se hablaba solo de 72 hectáreas.

Por esta diferencia, los residentes presentaron una denuncia contra el entonces ministro de Comercio, Ricardo Quijano.