Víctimas de esterilizaciones forzosas piden a Japón indemnizaciones justas y sin caducidad

Las víctimas japonesas de la difunta ley de eugenesia del país pidieron hoy al Gobierno que no espere a las apelaciones al Tribunal Supremo para resolver la cuestión de sus indemnizaciones, dado el tiempo que conlleva y el envejecimiento de los afectados.

"Todas las víctimas estamos envejeciendo y algunas han muerto. Yo misma estoy enferma y voy al hospital con frecuencia", dijo este miércoles en una rueda de prensa Junko Iizuka, una de los en torno a 25,000 japoneses esterilizados bajo la mencionada ley y una de las pioneras en las demandas judiciales contra el Estado japonés.

Iizuka, de 77 años, fue sometida a una esterilización forzada bajo la ley de eugenesia nipona cuando tenía 16 años, una intervención de la que no fue consciente hasta años después y que puso su vida "patas arriba", siendo la causante de que su marido la abandonase.

"La cirugía eugenésica me privó de mi sueño de tener un matrimonio feliz e hijos", declaró con voz cansada bajo una mascarilla y un sombrero beige Iizuka, que fue diagnostica de trastorno por estrés postraumático causado por la situación y los efectos secundarios de la operación, que dice que la incapacitaron para trabajar.

El caso de Iizuka ha regresado a la actualidad informativa después de que el 1 de junio el Tribunal Superior de Sendai, que gestiona su demanda y fue pionero en el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la legislación, rechazara su apelación para que se reconozca su derecho a recibir una indemnización particular.

Desde 2018, unas 35 personas han llevado al Gobierno a los tribunales por todo el país tras años de negación a pagarles indemnizaciones por el período de prescripción de 20 años para pedir compensaciones.

En 2022 una primera sentencia falló a favor de una indemnización, a la que siguieron dos más, al considerar que había motivos para ignorar el período de prescripción, por lo que Iizuka consideró que el fallo desfavorable en su caso es "terrible", por ignorar las circunstancias de las víctimas que no pudieron demandar antes.

"No pude presentar una demanda porque no había pruebas", explicó la mujer, que dijo haberse sentido durante años "atormentada por la falta de pruebas". Las autoridades de su provincia se deshicieron de los documentos de la operación en contra de las regulaciones.

La avalancha de demandas por las esterilizaciones forzadas llevó al Gobierno a aprobar en 2019 un marco de compensaciones a las víctimas que cumplan ciertos requisitos, como Iizuka.

El monto asciende a 3.2 millones de yenes (unos 20,700 euros) por personas, una cantidad que ha sido criticada por considerarse baja y muy inferior a las solicitadas por los afectados en las demandas.

Pese a ello, el Ejecutivo ha seguido batallando en los tribunales.

"He seguido apelando desesperadamente con la convicción de que este daño nunca debe caer en las sombras. Sin embargo, el Estado insiste en que era legal en aquel tiempo y que no habrá disculpa o compensación", dijo hoy Iizuka, que pidió al Gobierno que, ya que su responsabilidad "está clara", no espere a la resolución del Supremo y alcance "una solución temprana y completa".

El llamamiento llega tras revelarse que cinco de los 35 demandantes han muerto durante el proceso judicial.

Koji Niisato, abogado y representante de un grupo de demandantes, sospecha que la férrea oposición del Gobierno ante estos casos podría deberse al temor a que sienten precedente: "El Gobierno está preocupado por la influencia de esas sentencias en casos futuros similares o casos en los que haya violaciones de derechos humanos".

Por su parte, el abogado Yasuyuki Tokuda, representante de otro grupo de demandantes y con experiencia en temas espinosos con el Gobierno como la severa discriminación a los leprosos, acusó al país de tener "un doble estándar para la discriminación, criticando lo hecho pero tratando de evitar su responsabilidad alegando que se trata de un asunto antiguo".

La Ley de Protección de la Eugenesia japonesa, vigente entre 1948 y 1996, autorizaba la esterilización de personas con discapacidades o enfermedades hereditarias e incluso practicar abortos con el objetivo de evitar el nacimiento de descendencia considerada "inferior".