Trump enviará migrantes a Guantánamo, base militar denunciada por tortura

Este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa prepare la base naval de Guantánamo, como un espacio para albergar migrantes deportados.

Según reportes de a agencia EFE, Trump dio instrucciones para habilitar al menos 30 mil camas en la base, una instalación militar ubicada en un enclave estadounidenses en la isla de Cuba y que ha estado durante años rodeado de polémica por ser un centro de detención con registros de graves casos de tortura.

“Tendremos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense”, aseguró Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca, con ocasión de la firma de una ley contra migrantes con delitos menores.

“Es un lugar duro. Es un lugar del que es difícil salir”, añadió.

El Pentágono opera en la base de Guantánamo un centro de detención para inmigrantes, el cual asegura, es administrado de manera independiente a la prisión destinada a sospechosos de terrorismo.

La prisión fue inaugurara en 2002, dentro de la base estadounidense y formaba parte de la “guerra contra el terrorismo” lanzada por el entonces presidente George W. Bush y en la que tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional.

Ambos denunciaron casos de tortura ahogamientos simulados con agua (waterboarding), privación del sueño e humillaciones sexuales, durante interrogatorios dirigidos por agentes de la CIA.

La población migrante en la base suele ser muy baja. De acuerdo con datos publicados por The New York Times, entre 2020 y 2023 el centro solo albergó a 37 personas.

La base de Guantánamo funciona en un vacío jurídico donde no se aplican las mismas garantías legales en materia migratoria que rigen en territorio continental estadounidense.

La situación en las instalaciones migratorias de Guantánamo ha sido históricamente opaca, con poca información pública sobre lo que ocurre allí.

Un reportaje publicado en septiembre de 2024 por The New York Times, basado en informes internos del Gobierno, reveló que los detenidos enfrentan condiciones precarias, incluyendo denuncias de que son obligados a usar gafas de visión opaca durante los traslados dentro de la base, que sus llamadas con abogados son monitoreadas y que algunas instalaciones están llenas de ratas.

Pocas horas del anuncio de Trump, según reportó la agencia AFP, la secretaria de Seguridad Inrerior, Kristi Noem, anunció en Fox News que se ha revocado la extensión del amparo migratorio para los venezolanos decidida por expresidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo.

“Los habitantes de este país quieren esta basura fuera. Quieren que sus comunidades estén seguras”, declaró.

“Hemos parado eso” y “vamos a seguir el procedimiento y evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país”, insistió.

El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración demócrata prolongó el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.

Alegó “la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando por las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de Maduro”.

El TPS es un programa establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

Según el Pew Research Center, hasta marzo de 2024 había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o que se habían beneficiado del programa, siendo los venezolanos el grupo más grande.

Las medidas anunciadas el miércoles “nos acercarán un paso más a erradicar de una vez por todas el flagelo de la delincuencia migratoria en nuestras comunidades”, afirmó Trump.

En cuanto asumió el cargo hace poco más de una semana, el magnate declaró una emergencia nacional en la frontera con México y empezó a demoler el legado de Biden en todos los frentes con una salva de decretos.

El republicano ha ordenado redadas de migrantes, algunos de los cuales envió en aviones militares con grilletes, exponiéndose a tensiones diplomáticas con varios países como Brasil y Colombia.

Trump prometió expulsar primero a los migrantes en situación irregular con antecedentes penales pero el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que consideran “criminal” a todo aquel que haya entrado “ilegalmente en Estados Unidos”.

Muchos de estos migrantes son latinoamericanos que han huido de la pobreza y la violencia.

Las organizaciones de defensa de los migrantes y los demócratas han puesto el grito en el cielo, pero Noem los acusa de querer encubrir a las pandillas y de estar “completamente desconectados de la gente”.