Política exterior, derecho internacional y Donald Trump

La humanidad se halla transida de conflictos militares susceptibles de escalar a enfrentamientos de mayor envergadura, incluso nucleares. Una salida de este tremedal puede ser el surgimiento de un nuevo orden multilateral basado en el Derecho Internacional Público (DIP), tal como lo pregonan los BRICS.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a sus resoluciones y decisiones. No obstante, existe una diferencia entre sus órganos.

La Asamblea General (AG) hace “recomendaciones”, y el Consejo de Seguridad (CS) toma “decisiones”, pues su principal objetivo es asegurar la “paz” y “la seguridad internacional”. El CS arrastra la antidemocrática idea de que cualquiera de sus cinco miembros permanentes puede vetar, paralizándolo, sus decisiones colectivas.

El veto concierne primordialmente a las decisiones sobre crímenes de guerra y contra la humanidad, tal como el de EE. UU. de abril de 2024 que impidió a Palestina ser miembro de pleno derecho de la ONU. Uno de los instrumentos más valiosos para comprender el rol del DIP es la Resolución 2625 (XXV) que aprueba la “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados”.

A raíz del 9 de enero de 1964 y el 20 de diciembre de 1989, la ONU se limitó a lamentarse por los “incidentes,” sin exigir el retiro de las tropas invasoras, pero ¡nada de indemnizarnos!

El pasado 6 de enero escuché a nuestro embajador, Eloy Alfaro, mencionar a “panameños y estadounidenses que fallecieron el 9 de enero”, borrando toda distinción entre agresores y agredidos.

Nosotros teníamos el derecho y el deber de defendernos ante la invasión en 1989, el acto más cobarde de nuestra historia. Contrario al Canto a la Bandera, de Gaspar Octavio Hernández, en esa fecha no se cumplió la advertencia del poeta:

“Si ves que el hado ciego en los istmeños puso cobardía, desciende al Istmo convertida en fuego y extingue con febril desasosiego ¡a los que amaron tu esplendor un día!”. Nadie se extinguió ni se chamuscó siquiera, pues los mandamases ¡se arrodillaron ante el invasor antes de lo que canta un gallo!

Nuestro país ocupará un sitio en el CS como miembro no permanente durante dos años. En 1973, Panamá lo convocó para reunirse aquí en marzo de ese año. Sería la segunda vez fuera de su sede.

Por instrucciones de Omar Torrijos y del canciller, Juan Antonio Tack, organicé nuestra estrategia en dicha reunión desde diciembre de 1972 en La Haya hasta marzo de 1973 en Contadora y el Legislativo.

Estudié las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del CS en torno a canales internacionales y bases militares extranjeras.

Fui responsable de la coordinación con el canciller peruano, el general Miguel Ángel De la Flor Valle, y con el embajador de la RPCh, Huang Hua, hasta la elaboración de nuestro proyecto de resolución, vetado por John Scali, de EE.UU., quien rubricó así nuestra victoria.

Desde el siglo XIX, EE. UU. estuvo matrimoniado con el “Destino Manifiesto” para dominar el planeta, incluso retando al Reino Unido.

Londres rechazó el primer Tratado Hay-Pauncefote de 1901 porque contenía “enmiendas unilaterales del Senado en Washington”. EE. UU. se vio obligado a renegociarlo (como Panamá debió hacerlo en 1978) y ello produjo el segundo Tratado Hay-Pauncefote en 1902.

Contraviniendo todo principio, EE.UU. nos impuso el mal llamado Tratado Hay-Bunau Varilla el 18 de noviembre de 1903, tan solo dos semanas después de nuestra Separación de Colombia.

Esa engañifa “que ningún panameño firmó” ni concibió ni redactó, no fue aprobado por ninguna Asamblea, ya que no la teníamos. Ese engendro de la naturaleza fue falsamente ratificado “por correo” por pocas comunidades, que tampoco estaban conformadas legalmente.

Panamá no estaba en capacidad de contraer compromisos internacionales porque no existía aún como Estado. La primera vez que Panamá recibió el texto de ese esperpento en inglés fue un cuarto de siglo después, en 1928/29.

Así lo afirmó D. H. Turner, el más importante patriota del siglo XX, en 1963, en su demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Fui su amanuense y confidente de 1960 a 1970, tal como DHT lo fue del presidente Carlos A. Mendoza, discriminado por su piel oscura.

Conforme al fraudulento bodrio, EE. UU. podría actuar “como si fueran soberanos”, lo que indica que no lo eran, y así lo entendieron algunos panameños; verbigracia, el presidente José Domingo De Obaldía (1908-1910). Durante el siglo XX, todas nuestras protestas fueron simples “pataleos de ahogado” para EE. UU.

EE. UU. persiste en su más absoluto desprecio del DIP, tal como lo demostraron durante Las Torres Gemelas, las invasiones de Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria, además de su apoyo a Israel en su intolerable genocidio contra los palestinos.

Panamá fue el único país de América Latina que votó contra la resolución de la AG que decidió acordar el nuevo estatus de “Estado Observador No Miembro” a los palestinos en ese organismo.

Como admitió nuestro embajador en la ONU de entonces, Pablo Antonio Thalassinos, “desde este gobierno (de Ricardo Martinelli) hemos estado votando siempre a favor de Israel y en contra de todo aquello que ataque a Israel”.

Panamá se une así vergonzosamente al rebaño de ovejas que aplauden el intolerable genocidio contra los palestinos.

Pese a la analogía histórica entre Panamá y Palestina, que nos une en la lucha contra el colonialismo y la usurpación territorial, Panamá “ha venido absteniéndose en todas las votaciones y uniéndose sin ruborizarse a la recua integrada por Israel, EEUU, Argentina, Paraguay y Papúa Nueva Guinea”.

Así lo sostiene el editorial del Boletín Informativo del Comité de Solidaridad de Panamá con Palestina (COPASOLPA No. 113).

Panamá también traiciona el espíritu bolivariano de su pueblo al sumarse al coro de la intervención contra Venezuela, en cuyos asuntos internos no podemos inmiscuirnos. Intervenimos en los asuntos domésticos de Venezuela cuando usurpamos la facultad de su organismo electoral y proclamamos unilateralmente como ganador de la presidencia al candidato perdidoso, Edmundo González, un asesino reclamado en El Salvador por múltiples crímenes.

Si hiciéramos caso a las declaraciones amenazantes y estrambóticas del presidente electo, necesitaríamos una batería de internacionalistas y/o psicólogos clínicos para que asesoren a nuestro canciller, Javier Martínez-Acha.

Aconsejamos al presidente Mulino rectificar su política exterior, no regalar nuestras fronteras a EE. UU. y esperar al 20 de enero para encarar a Trump “face to face” y ver de cuál palo salen más astillas. Ya el Congreso en Washington está debatiendo el Proyecto de Ley H.R. 7895: “Ley de la Recompra del Canal de Panamá”.

El autor es internacionalista y diplomático. Primer agente de la República de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya; exasesor de Política Exterior de Omar Torrijos y del canciller de la Dignidad, Juan Antonio Tack (1972-1977).