Fiscalía incauta relojes prestados a presidenta de Perú en el caso Rolexgate

La Fiscalía de Perú incautó este miércoles 10 de abril tres relojes Rolex y una pulsera que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó a la presidenta Dina Boluarte por los que está siendo investigada en un caso de presunto enriquecimiento ilícito, denunció el abogado de Oscorima.

“El Ministerio Público decidió hacer una incautación, sin mandato judicial. El argumento es que se podrían perder los bienes”, dijo a periodistas el abogado Humberto Abanto.

La medida se tomó durante una diligencia fiscal de exhibición de los tres relojes Rolex y la pulsera, cuya marca no se especificó, en el marco del caso conocido popularmente como Rolexgate.

La presidenta peruana, que está en el centro del escándalo por usar prendas de lujo que omitió declarar como funcionaria pública, se defendió el viernes pasado ante la fiscalía alegando que los Rolex que ha usado le pertenecen a su amigo el gobernador Oscorima.

“Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, dijo Boluarte, quien señaló que ya los devolvió a su dueño.

Boluarte también ha negado poseer joyas Cartier y Van Cleef, que le imputa la fiscalía en base a informaciones de prensa.

Las indagaciones por “la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos” comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.

La información reveló que usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

La fiscalía la puede investigar por ocho meses. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.

La fiscalía ya la investiga desde 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, por la muerte de más de 50 civiles “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023” que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.