Colombia mueve sus fichas en el panorama migratorio de la región

La salida de Carlos Fernando García de la Dirección de Migración de Colombia marca otro de los grandes giros del país vecino en sus políticas migratorias. Según García, su dimisión del cargo se da por “razones personales”, sin embargo, actualmente es investigado debido a irregularidades en la institución.

Esto se debe a un contrato de $6.600 millones de pesos relacionados a la impresión de cédulas de extranjería. Según la Procuraduría General de Colombia, existe una “presunta falta de idoneidad” por parte de la Imprenta Nacional para elaborar este tipo de documentación, es lo que reportan diferentes medios del país suramericano.

Durante su dirección de esta institución, García enfrentó los cambios en la expedición de cédulas de extranjería de Colombia, pero también trabajó frente a los flujos migratorios y atendiendo la crisis del Darién.

Otro de los movimientos que ha realizado el gobierno colombiano es el cambio de embajador para Panamá, siendo el último en ser designado para ocupar este puesto Fabio Mariño.

De acuerdo a fuentes de ‘La Decana’, este no es un nombramiento de carrera diplomática, por el contrario, es discrecional y por ser hombre de confianza del mandatario colombiano. Al igual que Gustavo Petro, presidente de Colombia, Mariño es exintegrante de la guerrilla M-19.

El nuevo embajador de Colombia en Panamá estará tomando posesión entre los meses de noviembre y diciembre, precediendo a Mauricio Baquero, funcionario con una carrera diplomática de 30 años.

La designación se dio a conocer después de la gira de medios del mandatario colombiano en Nueva York durante la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), oportunidad en la cual se empiezan a notar los primeros cambios en la estrategia migratoria por parte de Petro.

Durante esta ocasión Petro respaldó a Panamá en su propuesta de construir una única ruta migratoria por el Darién, como parte de la solución para lidiar con las miles de personas que atraviesan la frontera en común entre ambas naciones para llegar a América del Norte.

“Ellos [Panamá] quieren construir una sola ruta legal, controlada por los dos gobiernos, que debe tener estímulos para que quienes quieran pasar escojan esa vía y no queden en manos de las mafias. Yo creo que esa es una idea que podemos seguir construyendo”, dijo.

En este mismo contexto, sostuvo una reunión bilateral con el presidente José Raúl Mulino, en la que reconoció que la situación en la frontera es inhóspita y controlada por “grupos mafiosos” por lo que apuntó a la apertura de una ruta eficaz que fuera controlada por el gobierno panameño tanto como el colombiano.

El gobierno colombiano actualmente solicita a los migrantes irregulares que llegan a zonas cercanas al Darién que se registren en una aplicación móvil para reportar su tránsito.

Sin embargo, al comenzar su recorrido por la selva, el control por parte de las fuerzas estatales es escaso. En lugar de ello, las autoridades indican que el Clan del Golfo, el principal cartel activo en el país, tiene presencia en la región del Darién colombiano.