Rector del Incae: 'No hemos hecho nada más que traer bien a la región'

El 25 de septiembre el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, anunció la cancelación de la personería jurídica y la incautación de bienes e inmuebles –que asciende a decenas de millones de dólares– del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae Business School).

La decisión fue recibida con “gran sorpresa y profunda tristeza por parte de la comunidad incaísta, profesores, estudiantes, graduados, colaboradores, donantes y los miembros de la sociedad en general, conscientes del valor de la educación de calidad que provee Incae en nuestra región”, lamentó la entidad en un comunicado publicado un día después del suceso.

El rector de esta prestigiosa institución –fundada en 1964– , Enrique Bolaños, desconoce los motivos que llevaron al Gobierno nicaragüense a cortar los lazos con la sede del Incae en dicho país. “Nosotros graduamos jóvenes que salen al mundo a impactar bien. Les enseñamos el juramento ético con el que tienen que comportarse, con los valores y principios cuando vayan a trabajar a sus empresas. No hemos hecho nada más que traer bien a la región “, destacó Bolaños durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

El diario oficial La Gaceta explicó que la confiscación se daba por el “incumplimiento” del Incae por no presentar los estados financieros de los periodos 2020, 2021 y 2022. Asimismo, aseguró el diario, por “detectarse inconsistencias” de los estados financieros de 2015 a 2019.

Sobre este supuesto incumplimiento, el rector aclaró que el gobierno “no aceptó” los estados financieros. “Hicimos al menos 50 intentos para presentar los estados financieros y en ninguna ocasión tuvimos éxito de que los aceptaran. No es que no los presentamos, ellos no los recibieron. Nosotros hicimos todo el esfuerzo de cumplir. Tenemos los documentos y tenemos las constancias”.

Otra causa que instó al Gobierno nicaragüense a ordenar el cierre del Incae fue por incumplir con “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no registrarse como agentes extranjeros”. Bolaños subrayó que “todas las donaciones están debidamente documentadas y debidamente aplicadas a los propósitos que fueron dadas”.

Enrique Bolaños desconoce si el suceso ha sido un pase de factura del oficialismo al Incae por ser mediador durante el diálogo nacional en 2018. “Somos una organización que queremos impactar positivamente a la sociedad. Hemos participado en eventos importantes, relevantes de la sociedad en el pasado, por ejemplo, a finales de la década de 1980 cuando la región centroamericana estaba convulsionada, la reunión de presidentes en donde se firmaron ciertos acuerdos, fue en el campus de Costa Rica, porque el Incae facilitaba ser un centro internacional neutro”, destacó.

Cuando el gobierno le solicita a la Iglesia en 2018 que organice un diálogo nacional, la Iglesia le pide al Incae que les dé hospedaje a los estudiantes que estuvieron activos en todo este proceso, para que con ello pudieran asistir con toda tranquilidad al diálogo, explicó. “Nuestro actuar fue consistente con nuestra filosofía de ayudar a la sociedad, ayudar a que ese diálogo se lleve a cabo. Hospedamos a los estudiantes. El diálogo se llevó a cabo. El diálogo fracasó. Terminó el diálogo y le pedimos a la Iglesia que se llevará a los estudiantes. Los estudiantes se fueron del Incae”.

Posteriormente, narró Bolaños, “hubo un segundo intento de diálogo, ya fue un diálogo más privado entre ciertos delegados del régimen y ciertos delegados de la oposición. Nuevamente le piden al Incae ser la sede en donde ellos tienen ese diálogo, y le piden al nuncio sea el garante del diálogo. El Incae facilita que sea la sede del diálogo. Llegaban los delegados de la oposición, los delegados del gobierno, y el nuncio todos los días. Nuevamente ese diálogo fracasó. Se terminó el diálogo y se terminó el papel del Incae en ese proceso. ¿Fue eso un pase se factura? Puede ser. No te puedo decir si sí o no. Te puedo decir cuál fue nuestro rol en ese proceso”.

El diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y estudiantes, sector privado y sociedad civil fue suspendido indefinidamente en 2018 por “falta de consenso”, reportaron medios internacionales.

A diferencia de los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua –clausurada y acusada de “terrorismo” por el oficialismo– que quedaron a la deriva, los alumnos del Incae tuvieron “cero impacto” en sus programas de estudios. El personal administrativo está siendo indemnizado, puntualizó Bolaños. Actualmente se busca el mecanismo jurídico para contratarlos.

“Somos una escuela de negocios, de desarrollo económico, una escuela de competitividad, una escuela de bienestar social, una escuela de crear impacto para la sociedad. No somos una escuela del ámbito político, de meternos en política partidaria en ningún país. Nosotros tenemos que ser ajenos a eso en los países en los que operamos. En Nicaragua creíamos que éramos ajenos a eso. Entonces cuando a mí me entrevistan, yo procuro hablar del Incae, hacia dónde va, y qué es lo que estamos queriendo hacer. No entiendo la razón del régimen de hacer lo que hizo. Para mí es un error, obviamente. A nosotros nos hizo daño, obviamente. Pero creo que le hace más daño a Nicaragua, porque Nicaragua pierde este recurso que estaba a disposición del país”, concluyó.

Con la clausura del Incae serían unas 28 las instituciones universitarias –sin contar las más de 3.000 oenegés en menos de dos años– cerradas por el régimen de Ortega.

En el quinto aniversario del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de las “graves violaciones” a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018, expresó la CIDH en su portal digital el 23 de abril del presente año.

“Las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 por personas mayores y apoyadas por jóvenes y estudiantes universitarios en respuesta a reformas propuestas a la Ley de Seguridad Social, reflejaron espontáneamente el descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que fueron coartando la expresión ciudadana, cooptando instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo. Ello, debido a factores como la instalación de facto de un estado de excepción, el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la falta de acceso a un sistema de justicia independiente, igualitario y equitativo”.

La respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia continúa hasta la fecha, aseguró la CIDH. “La CIDH identificó diferentes etapas y niveles de intensidad, que desencadenaron una crisis política, social, económica y de derechos humanos, que sigue profundizando. En efecto, durante los últimos 5 años en Nicaragua, dichas violaciones han resultado en la muerte de al menos 355 personas, más de 2.000 heridas, 2.090 presas, 322 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad, y más de 3.000 organizaciones canceladas. Además, al 31 de marzo de 2023, 26 personas permanecen detenidas arbitrariamente”.

Desde 2018, más de 150 estudiantes fueron expulsados de sus universidades; además, más de una decena de universidades privadas y centros de estudios han sido cerrados forzosamente con el fin de limitar la libertad académica en todo el país, agregó la CIDH.

En lo que va del año 2023, la CIDH condena la escalada de nuevas violaciones a derechos humanos. En particular, la excarcelación de 222 personas, el 9 de febrero, a quienes se les privó arbitrariamente de la nacionalidad luego de ser deportadas a Estados Unidos, como forma de castigo (...) Asimismo, el 15 de febrero, la CIDH rechazó la resolución judicial que privó de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a otras 94 personas identificadas como opositoras políticas, a las que condenó como “prófugas de la justicia” y “traidoras a la patria” sin ningún juicio previo, criticó el organismo.