¿Está Panamá en riesgo de ser un Estado fallido?

Faltaban pocos días para las elecciones de 2014 y la campaña estaba en su máximo esplendor y derroche de promesas, lo habitual en Panamá. Las encuestas marcaban un claro ganador, cuando tuve el privilegio de ser convocado por un organismo internacional para construir escenarios posibles, junto con un grupo de profesionales destacados de otras disciplinas.

Fui el único en afirmar que el ganador sería otro –y acerté– porque venía de recorrer varios puntos del país y en las tertulias con los “viejos del pueblo” se anticipaba que, pese al derroche de millones en campaña y la bonanza del quinquenio anterior, la ciudadanía quería un cambio, y ni las encuestadoras habían tomado bien la fotografía de la realidad del momento.

Ha pasado casi una década y el país se enrumba a otro proceso electoral que aparenta ser más complejo y lleno de incertidumbre por varios factores. Según las estadísticas oficiales del Tribunal Electoral, al menos el 30% de los casi 2 millones de votantes es joven, muy joven.

El voto femenino y el de los pueblos originarios se perfila más beligerante –si recuerdan la reciente feria del libro, hubo una exposición en donde candidatas de los pueblos originarios perfilaron qué país quieren... y van por él– , la Agenda 2030, amada y odiada casi con la misma intensidad, marcará las agendas de varios candidatos, entre otros factores.

Pero no se trata de ser pitonisa –como decía el tres veces presidente costarricense y caudillo José Figueres Ferrer: “esperemos que se aclaren los nublados del día”–, sino de mirar con serenidad los escenarios actuales, comunitarios, nacionales, regionales y globales, porque el país no es una isla autosuficiente.

“Destacamos la debilidad de las élites simbolizadas en los presidentes de la República: 21 presidentes condenados por corrupción, 20 presidentes que no terminan su mandato, presidentes que fuerzan su estadía en el poder rompiendo las reglas de reelección. Un tercio de los presidentes elegidos desde que se inicia la transición han transgredido las reglas de la democracia. Valen más los personalismos, que terminan opacando a los partidos políticos. Esta debilidad conduce a la atomización del sistema de partidos y se desploma su imagen y legitimidad.”

La cita anterior es el preámbulo del informe Latinobarómetro 2023, publicado en julio pasado, que ubica el estado actual de las cosas como “una recesión democrática”.

“Latinobarómetro es un estudio financiado con aportes de múltiples organismos internacionales, países y fondos privados que durante más de un cuarto de siglo nos han renovado su confianza para producir una medición cada año”, explica la organización.

El año 2023 ha sido financiado principalmente con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); también han participado con donaciones empresas privadas extranjeras y gobiernos de fuera de América Latina.

En Panamá, el 46% apoya la democracia como mejor forma de gobierno, una subida de 11 puntos respecto al anterior sondeo de 2020, lo que lo convierte en el único país de la región que porcentualmente aumentó la valoración del sistema actual, mientras en sus vecinos retrocedió o se estancó esta percepción.

Pero no nos engañemos, en Uruguay lo apoya el 70% (-4), Argentina el 62 (+7), en Chile el 58 (-2), Venezuela el 57 (-12), Costa Rica 56 (-11), Bolivia 51 (-3), Perú 50 (+4), República Dominicana (-2) y Colombia (+5) el 48, mientras El Salvador (0) y Brasil (+6) el 46% respaldan el sistema democrático.

Han crecido Ecuador, de 33% a 37%, y Honduras, de 30% a 32 %.

Paraguay 40% (44), México 35% (43), Guatemala 29% (37), son los otros países medidos que han retrocedido. Nicaragua no aparece porque “no hay garantías” para los encuestadores de parte de la dictadura de Daniel Ortega, explica la entidad.

En Panamá disminuye seis puntos porcentuales la indiferencia al tipo de régimen, que era 33% en 2023 (39% en 2020) y el autoritarismo que baja un punto porcentual llegando al 13% en 2023.

Aunque menos de la mitad de su población apoya la democracia, no está en recesión como en los otros países y evoluciona en un sentido positivo, reconoce el estudio.

El Salvador es el país latinoamericano donde se registra mayor satisfacción con la democracia, de un 64%, más que duplicando el promedio regional del 28%.

Le siguen Uruguay (59%) y Costa Rica (43%).

Al final de la lista hay seis países cuya satisfacción con la democracia es inferior a 20 puntos porcentuales (Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela).

El sexto es el Perú, con un 8%, único país que tiene solo un dígito.

“Esos seis países son un territorio propicio para que germinen el populismo y el autoritarismo, donde sus ciudadanos han perdido la esperanza de buen desempeño de sus gobiernos”, añade el sondeo, y allí es donde hay que poner el foco de atención.

Para precisar, en Panamá solo el 15% está satisfecho con la democracia actual.

Por ello, el miércoles 20 de septiembre pasado, aprovechando la Asamblea General de la ONU en Washington, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina se unió al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para celebrar la primera conferencia sobre gobernanza efectiva.

La directora regional del Pnud, la panameña Michelle Muschett, puso en el escenario la “apuesta comprometida” para aprovechar oportunidades y enfrentar desafíos para la gobernanza y el legítimo desarrollo humano que los organismos reconocer exigen atención y la inclusión de todos los actores sociales.

Destacó que “se encuentran en un profundo deterioro” décadas de progreso –los anteriores 20 años del boom de los commodities (productos básicos)– por lo que llamó a actuar en el proceso de cocreación, porque la región está inmersa en una crisis de gobernanza que exige combatir las desigualdades, y la falta de respuesta a la ciudadanía está profundizando la situación “al volverse la segunda región más polarizada del mundo en 20 años”.

Crimen organizado, narcotráfico y corrupción son algunas de las lacras que permean las instituciones a lo largo y ancho del continente, resumió.

En contraste, acotó, hay “grandes oportunidades” para hacerle frente como región a los desafíos, porque América Latina y el Caribe “sigue siendo la tercera región más democrática del mundo”, detrás de Europa y América del Norte, y también es la región más diversa para la transición digital, verde y energética de modo inclusivo y resiliente.

El respeto al estado de derecho, a la democracia, son una precondición para que sea efectiva la actividad de las instituciones, no son una barrera, advirtió, entre otros detalles.

Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica en CAF-banco de desarrollo de América Latina, recordó el resurgimiento del concepto “sostenibilidad democrática y legitimidad política”, por lo que es preciso impulsar la democracia robusta como sistema, que sea una realidad dando respuestas y participación a todos los sectores.

“Tenemos la certeza de que ese trabajo mancomunado nos va a llevar a dar este salto de calidad”, aseguró.

La expresidente costarricense Laura Chinchilla, el excanciller mexicano Jorge Castañeda, la exministra argentina de Relaciones Exteriores Susana Malcorra y el politólogo Gerardo Munck, coordinados por la exvicepresidenta panameña Isabel de Saint Malo, compartieron sus preocupaciones legítimas desde su esfera de especialidad, sobre los riesgos de una involución democrática en la región.

Coincidieron en que se deben sentar a dialogar “los que no se hablan”, convocados por estos organismos internacionales de prestigio ante la polarización extrema que se vive, como lo expresó Castañeda, mientras Chinchilla advirtió que ni su país se libra del deterioro democrático y enumeró los países que están más próximos a vivir una “policrisis” de consecuencias impredecibles.

Concederle poder político al crimen organizado en algunos países es una señal de “mucha alerta” para todos porque, cito, seis de cada siete ciudadanos “viven muy temerosos” porque el Estado no les garantiza su seguridad, que es lo mínimo que tiene que ofrecer la democracia.

Una “pax mafiosa” no es una solución porque acaba con el estado de derecho y con las instituciones.

Malcorra advirtió que el resto del mundo también vive una situación similar, por lo que Latinoamérica y el Caribe debe encontrar su propio camino “con una visión a largo plazo”, no como el “cortoplacismo” de los políticos.

Pero la finalidad es construir un pacto de largo plazo que les demuestre a los ciudadanos de la región que “crean que la democracia les sirve”, que no es un sistema para beneficiar a las élites.

Munck instó al diálogo que incluya a gobiernos, empresarios, sindicatos, sociedad civil, minorías, mujeres, aborígenes, jóvenes y los medios de comunicación.

Acotó que a nivel geopolítico Latinoamérica y el Caribe deben ganarse un espacio “liderando, no reaccionando” ante los hechos. Hay valores que defender, como la alternancia en el poder y la defensa de los procesos electorales.

El reto es “usar la democracia, imperfecta, para generar los resultados que demandan los ciudadanos”, planteó.

¿Y nuestros candidatos?

El autor es periodista independiente y profesor universitario