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- 27/07/2021 00:00
- 27/07/2021 00:00
Un mes después del histórico fallo del Supremo mexicano que levantó la prohibición del consumo lúdico de marihuana, el cannabis recreativo permanece en un confuso limbo legal, puesto que sigue penalizado en el Código Penal y el Gobierno todavía no ha otorgado permisos para el autoconsumo.
"Vemos una contradicción entre estas dos leyes que nos rigen. Es algo preocupante y tenemos que ir exigiendo este cambio", reivindicó este lunes en entrevista con Efe Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, que investiga políticas de drogas en México.
Tras el fracaso del Congreso mexicano para regular el cannabis recreativo, la Suprema Corte de Justicia aprobó el 28 de junio un fallo histórico que tumbó los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de marihuana recreativa.
Los magistrados ordenaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que pertenece a la Secretaría de Salud, entregar permisos para consumir, cultivar y portar marihuana a los mayores de edad que lo soliciten, mientras que la comercialización de cannabis sigue prohibida.
Pero casi un mes después, el regulador sanitario no ha diseñado el mecanismo de autorizaciones y fuentes del organismo informaron a Efe que el asunto "continúa en revisión".
Por lo tanto, los consumidores siguen desprotegidos, ya que sin ese permiso y con el Código Penal en la mano todavía pueden ser arrestados y recibir penas de cárcel por llevar más de cinco gramos de cannabis.
Los antecedentes no son buenos, dado que el Gobierno mexicano tardó tres años en establecer un reglamento para la marihuana medicinal, legalizada en el país en 2017.
"Es un limbo. Simbólicamente es un gran paso, pero dentro del campo jurídico nos deja un sabor de boca bastante de quedar a deber", dijo a Efe Tito Garza, jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Instalados en dos campamentos donde está tolerado el consumo de marihuana, uno frente al Senado desde hace más de un año y otro más reciente ante el alto tribunal, el Movimiento Cannábico Mexicano exige a las instituciones aclarar la situación.
"Nosotros no estamos de acuerdo con este permiso porque quieras o no te van a dar cierto límite de plantas que puedas plantar y eso estaría violando nuestros derechos", dijo porro en mano Édgar Aguilar, un joven de 25 años.
Como tantas otras personas, Édgar ha sufrido arrestos y extorsiones por fumar en la calle, por lo que el llamado Plantón 420 exige un trato digno de las autoridades además del consumo totalmente libre.
"Quiero poder portar más de cinco gramos, ¿por qué me va a decir el Gobierno qué tengo que portar si no me lo dice en cervezas o en tabaco?", cuestionó.
La Suprema Corte tomó la decisión después de que el Congreso desoyera tres veces la orden que le habían hecho los magistrados para que regulara el consumo lúdico de marihuana en México, país que hasta ahora solo reconoce el cannabis medicinal.
El Senado y la Cámara de Diputados se fueron pasando la pelota hasta que el 30 de abril venció el tercero y último plazo para aprobar una ley que hubiera convertido a México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá.
"La Corte estuvo dando ultimátums. Eso muestra la completa indiferencia de los legisladores hacia la Corte y hacia este tema en particular. No es un tema que tengan en la agenda ni que quieran llevarlo a cabo, no hay voluntad política", opinó Garza.
Ahora vuelve a estar en manos del Congreso, con mayoría del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), armonizar el Código Penal con el fallo del Supremo, así como regular el mercado y la comercialización de marihuana en el país, algo que quedó fuera de la decisión de la Corte.
Zara Snapp ve "un poquito complicado" que el Senado retome en la nueva legislatura de septiembre la despenalización del mercado de marihuana porque los legisladores ya no tienen plazos de la Corte encima.
Esto a pesar del gran potencial de México, segundo productor mundial de cannabis tras Marruecos, cuya legalización generaría más de 22.000 millones de dólares en cuatro años, según la Alianza Latinoamericana del Cannabis (Alcan).
En ese sentido, la cofundadora del Instituto RIA subrayó que transitar hacia la legalidad permitiría al Estado recabar muchos impuestos: "Hoy en día el mercado existe pero el Estado no está generando ganancias y tiene la posibilidad de hacerlo", concluyó.