Fiscales europeos buscan extender las penas a yihadistas extranjeros

Los fiscales de la Unión Europea (UE) acumulan varios cargos, incluidos los que no prescriben como los crímenes de lesa humanidad y de guerra, contra yihadistas que regresan de territorios antes ocupados por el Estado Islámico (EI), para alargar sus penas y tener tiempo para investigarlos como implicados en un conflicto armado.

Con motivo del Día de la UE contra la Impunidad por crímenes internacionales centrales, la agencia de la cooperación judicial, Eurojust, confirmó este sábado que fiscales en Alemania, Francia, Hungría, Finlandia y Países Bajos tienen varios casos abiertos con cargos acumulativos contra presuntos terroristas extranjeros retornados (FFTs, en sus siglas en inglés).

Al recurrir a la jurisdicción universal, los países europeos pueden procesar a sus nacionales por crímenes de guerra, independientemente del lugar donde estos fueron cometidos.

Muchos de los acusados lograron regresar a países europeos por vínculos de nacionalidad o lugar de residencia, siendo a veces deportados por Turquía directamente a su país de origen, mientras que otros trataron de entrar en territorio europeo como solicitantes de asilo.

El jefe de la Secretaría de la Red Europea de Genocidio, Matevz Pezdic, subrayó que el EI, Yabhat al Nusra (filial de Al Qaeda en Siria) y todos sus afiliados, "son organizaciones terroristas, pero también deben considerarse partes de un conflicto armado no internacional" en Irak y Siria.

Esto permite acusar a sus miembros de crímenes de guerra, además de crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La peculiaridad de estos delitos, calificados como crímenes internacionales centrales, es que no prescriben, lo que permite que no queden impunes y haciendo que los FFTs no solo sean juzgados por sus delitos primarios de terrorismo, sino también por otros como la esclavitud, uso de niños soldado, asesinatos y trato degradante a la población civil, prohibidos por el derecho internacional humanitario.

Nunca un conflicto ha sido tan documentado como lo que ha ocurrido entre 2014 y 2018 en territorios ocupados por el EI en el norte de Irak y Siria, lo que ofrece posibilidades adicionales para emitir condenas.

Esto se ha visto en los conocidos como los casos del "selfie": uso judicial de fotografías y vídeos publicados en las redes sociales que representan un delito, como el trato inhumano de las personas fallecidas.

Como explicó en una videoconferencia la fiscal holandesa Nicole Vogelenzang, ya existe un precedente de un ciudadano holandés, Osama Achraf Ajlaf, que viajó en 2014 a Siria para sumarse a las filas del EI y volvió en 2016 a Turquía, donde fue detenido y deportado a Holanda para rendir cuentas ante los tribunales.

Durante las investigaciones, la Unidad de Lucha Antiterrorista localizó una foto suya en Facebook en la que ese joven de 24 años posaba junto a un cuerpo crucificado.

Siguiendo el rastro de la imagen, la Fiscalía localizó el vídeo original de la ejecución del hombre que aparecía crucificado junto al sospechoso.

"Al haber localizado el vídeo, pudimos establecer que fue el EI quien ejecutó a ese hombre, lo que era importante para vincular lo ocurrido con un conflicto armado, pero también para entender que el sospechoso no fue el autor de la ejecución. Pero por publicar la foto en Facebook estaba violando el derecho a la dignidad que tiene esa persona", explicó.

El acusado fue sentenciado a siete años y medio de prisión: dos y medio por compartir la imagen de la víctima en internet y el resto por pertenencia a una organización terrorista.

Esto es lo que Eurojust llama "juicio acumulativo", que abarca un abanico penal más completo contra acusados individuales, permitiendo penas más largas y llenando el vacío que deja la ausencia de un tribunal internacional para perseguir las atrocidades cometidas por el EI.