Despido de médicos en Nicaragua genera polémica

El despido de al menos diez médicos de hospitales estatales de Nicaragua supuestamente por razones relacionadas con la gestión de la pandemia de la COVID-19 generó polémica en el país y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su preocupación por lo ocurrido.

La Acnudh "toma nota con preocupación de los recientes despidos de personal médico", divulgó la organización en su cuenta de Twitter, a la vez que señaló los actos contra la libertad de expresión en Nicaragua.

Médicos generales, así como especialistas en medicina interna, cirugía, anestesiología, oncología y pediatría, fueron echados de al menos siete hospitales de diferentes ciudades de Nicaragua, por no cumplir con sus responsabilidades, según las cartas de despido extendidas por el Ministerio de Salud, mientras que los afectados alegaron "razones políticas".

La también anestesióloga María Nela Escoto, del Hospital Antonio Lenín Fonseca, de referencia nacional para traumas, coincidió con su colega, al mencionar que su despido fue “sin causa justa, ni siquiera tengo un llamado de atención por mi desempeño profesional”.

Escoto acusó a las autoridades de cumplir las órdenes del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Gustavo Porras, líder de los médicos sandinistas, que en abril pasado minimizó la pandemia de la COVID-19 y llamó a sus seguidores a atacar la “epidemia de la mentira”.

La anestesióloga, quien afirmó que su despido se debía a que siempre reclamó por “lo injusto”, señaló que en el Ministerio de Salud de Nicaragua “hay personas corruptas” supuestamente "protegidas por Fetsalud (Federación de Trabajadores de la Salud)", que lidera Porras, quien tiene sanciones económicas internacionales desde 2019 por promulgar "leyes represivas", según Estados Unidos y Canadá.

En solidaridad con los médicos despedidos, el cirujano del Hospital Antonio Lenín Fonseca, Adolfo Díaz, presentó su renuncia, alegando que sus colegas fueron “despedidos injustamente del Ministerio de Salud durante esta pandemia", así como "por las arbitrariedades e irrespeto al gremio médico. No va con mis principios de vida callar y ser cómplice contra todos estos atropellos”.

La cancelación de los contratos médicos ocurrió cinco días después de que el Ministerio de Salud hizo lo mismo al doctor Carlos Quant, conocido como uno de los infectólogos más destacados de Nicaragua, sin razones aparentes, lo que también había creado polémica.

El cirujano José Luis Borge, líder de la Unidad Médica Nicaragüense, afirmó que los despidos son en represalia porque en abril pasado más de 700 médicos, aglutinados en la Asociación Médica Nicaragüense, hicieron un “llamado apremiante” para la protección del sector sanitario, en una carta pública en la que denunciaron que las autoridades prohibían el uso de materiales de bioseguridad, y la falta de consistencia en los datos sobre la pandemia.

Borge había advertido en días recientes que algunos de los hospitales más grandes de Nicaragua trabajan con un 10 % a 15 % menos de su personal, como consecuencia de la COVID-19, mientras que la Asociación Médica Nicaragüense ha confirmado la muerte de al menos 30 sanitarios en el marco de la pandemia.

Otros organismos han mostrado su preocupación sobre la situación de Nicaragua como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Actualmente Nicaragua reconoce 1,464 casos relacionados con la pandemia, y 55 muertos. Los datos son inferiores a los que registró el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 hasta el pasado día 3, cuando reportó 4,217 contagiados, y 980 fallecidos.