El Estado contraataca: ¿control o resiliencia?

Los Estados a nivel mundial, democracias y autocracias, están contraatacando el poder de las gigantes tecnológicas. Las potencias mundiales iniciaron una ofensiva para controlar la información y data de las personas, y doblegar a las compañías que compiten con el monopolio de la violencia del Estado. El Estado es la organización clásica del poder por excelencia. Desde el Leviatán de Hobbes, el Estado ha sido retratado como una monstruosidad necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar común de una sociedad.

Las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016, la infodemia de la covid-19 y el apagón de seis horas de Facebook, Instagram y WhatsApp a nivel mundial esta semana, son ejemplos sobresalientes del poco control y los bajos niveles de seguridad que existen en el mundo virtual y su poderoso impacto en la vida de las personas. Los gobiernos claramente están en búsqueda de consensos discursivos para consolidar su hegemonía a través de las regulaciones. La pregunta del siglo XXI y el mundo del futuro, sin embargo, no es cómo evolucionará el Estado y desplegará sus regulaciones, sino ¿acaso debería de sobrevivir el Estado?

El Partido Comunista Chino, liderado por Xi Jinping, tomó la decisión contundente de proteger y controlar la data de los usuarios del ciberespacio chino. El Partido Comunista de China ya controla el internet y el flujo de contenidos e información en los espacios virtuales a través de su famosa Gran Muralla del internet. A pesar de la censura, Pekín teme que las compañías de tecnología en el país representan un riesgo para la estabilidad financiera y en consecuencia una amenaza para la “prosperidad común” promulgada por Xi Jinping.

El 30 de junio de 2021 la compañía tecnológica china Didi Global Inc. (que ofrece servicios similares a Uber en China) recaudó $4,4 mil millones durante su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York. Dos días después, la Oficina China de Administración del Ciberespacio abrió una investigación para determinar los riesgos de ciberseguridad de los sistemas de almacenamiento de data de Didi Global Inc. El gobierno de PekÍn ordenó la suspensión de registro de nuevos usuarios durante las pesquisas. Tras más de 60 días desde el inicio de la investigación, la compañía tecnológica perdió 30% de sus usuarios a la competencia, 40% del valor de sus acciones en venta en la Bolsa de valores de Nueva York y alrededor de 8 millones de posibles nuevos usuarios producto de las medidas impuestas por la Oficina China de Administración del Ciberespacio.

La investigación continúa bajo una legislación que permite una extensión indefinida en caso de que el comité de la Oficina China de Administración del Ciberespacio no llegue a una conclusión consensuada. La decisión final en tal caso caería en manos de la Comisión Central para Asuntos del Ciberespacio, cuyo presidente, por supuesto, es el mismo Xi Jinping.

En el mes de septiembre, los reguladores chinos ordenaron a la compañía del multimillonario Jack Ma, Ant Group, a separar servicios de préstamos ofertados a través de su aplicación AliPay en distintos emprendimientos con participación del Estado y acceso a la data de sus usuarios. La compañía recoge miles de puntos de data sobre sus usuarios para generar su propio sistema de crédito.

La aplicación AliPay maneja la data de más de mil millones de usuarios y es responsable de 10% de los préstamos (no-hipotecarios) en el país a pesar de no ser un banco. AliPay no es regulado por entidades bancarias al ser una app que en sí no maneja el flujo de divisas. En cambio, AliPay maneja una moneda digital respaldada por sus propias reservas de Yuan. El gobierno teme que, a pesar de que la moneda digital de AliPay esté fijada 1:1 con el Yuan, la empresa podría perjudicar las políticas monetarias y el control del Banco Central Chino.

En abril de 2021 el Gobierno chino empezó las pruebas de su propia moneda digital, el yuan digital, en seis regiones del país. Y el 24 de septiembre el gobierno de Pekín ilegalizó las transacciones con criptomonedas. Las decisiones de Xi Jinping pusieron en riesgo los más de $25 mil millones anuales en inversiones en fintech en China a cambio de recobrar control del Estado sobre nuevas maneras de comercio digital.

Por su parte, el régimen autoritario de Vladimir Putin fácilmente doblegó la voluntad de gigantes tecnológicas internacionales operando en su ciberespacio. Google y Apple optaron por la sumisión antes de perder una fuente de ingresos.

El 17 de septiembre, día de inicio de las elecciones parlamentarias en Rusia, Apple y Google eliminaron de sus tiendas de aplicaciones la app Smart Voting creada por el líder opositor Alexei Navalni.

La aplicación estaba diseñada para promover una estrategia de voto único con el objetivo de vencer al mayor número posible de candidatos oficialistas. El gobierno de Vladimir Putin, respaldado por las leyes creadas por la Duma, estimó que la aplicación violaba las leyes rusas, y amenazaron a los menos de 200 empleados de Google y Apple en el país con acción legal.

El episodio demostró dos cosas importantes: que los ingresos van por encima de los principios para las compañías Google y Apple; y que el Gobierno ruso de Vladimir Putin ya sentó un precedente para las demás compañías extranjeras en el país.

La doctrina de seguridad de la información de Rusia aprobada por Putin en 2016 define los parámetros para la “protección de la persona, la sociedad y el Estado contra las amenazas de información internas y externas”. El objetivo de la estrategia de seguridad de la información incluye “garantizar... el nivel de vida digno de los ciudadanos, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo socioeconómico sostenible de la Federación de Rusia”. El lenguaje de las distintas regulaciones promulgadas por el Kremlin vincula nuevamente el nivel de vida de los ciudadanos con la protección y el control de la información en el ciberespacio ruso.

Similarmente la Unión Europea dejó claro que para poder operar en el mercado único más grande del mundo, las compañías tecnológicas deberán apegarse a los estándares establecidos por la Comisión y el Parlamento Europeo.

El 27 de septiembre Google comenzó el proceso de apelación de una multa impuesta por la Unión Europea en 2018 por un monto total de $5 mil millones. Y el pasado 22 de junio, la Unión Europea abrió una nueva investigación antimonopolio para determinar si Google infringió las normas europeas de competencia. A la fecha la gigante tecnológica acumula $8 mil millones en demandas en el bloque europeo.

Apple también ha sido señalada directamente por la Unión Europea. El 23 de septiembre el bloque regional anunció planes para imponer el uso de un cargador universal para dispositivos celulares. Según Margerethe Vesatager, vicepresidenta comunitaria y responsable de Competencia, el Estado europeo ya ha “dado a la industria abundante tiempo para que llegue a soluciones propias, ahora llegó la hora de una acción legislativa”.

El caso europeo muestra indicios de una tendencia discursiva: el control del Estado sobre el ciberespacio es crucial y vital para la seguridad y el bienestar de la sociedad.

El Gobierno y los políticos en Estados Unidos tradicionalmente han sido tibios en cuanto a regulaciones a compañías tecnológicas insignia del país. El gobierno de Joe Biden sigilosamente buscó un camino para evitar posibles confrontaciones directas con compañías como Facebook y Google. El 25 de septiembre, Biden inauguró un nuevo foro diplomático con la Unión Europea: el Consejo de Comercio y Tecnología. La finalidad del foro es homologar las regulaciones tecnológicas entre los mercados de Europa y Estados Unidos.

Una semana después Frances Haagen, una exoficial de Integridad Cívica de Facebook, testificó ante el congreso de EE.UU. y acusó a la gigante de las redes sociales de causar daños significativos a “niños, avivar la división social y debilitar la democracia. El liderazgo de la empresa sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque han puesto sus astronómicas ganancias antes que las personas”. Según las informaciones reveladas por la informante Haugen, Facebook ocultó sus propias investigaciones sobre los daños de las redes sociales a la salud mental de jóvenes y los efectos corrosivos a la democracia.

Esa misma semana y tras el apagón de Facebook, Instagram y WhatsApp de esta semana que dejó a 3,5 mil millones de personas desconectadas de sus servicios, la compañía no dio detalles de la razón de la caída de los servicios por seis horas. Republicanos y demócratas tienen la mesa servida para iniciar una ofensiva regulatoria en contra de estos monopolios de las redes sociales.

El Leviatán, en sus formas democráticas y autoritarias, está renovando su promesa de seguridad y bienestar social a cambio de más y más regulaciones. El ámbito público se está expandiendo, y con el inicio de la era digital parecemos estar destinados a llevar al Estado en nuestros celulares en el bolsillo y dejarlo a nuestro lado en la mesita de noche. La desigualdad en el mundo comprueba el fracaso del Estado en solucionar conflictos sociales. El mundo virtual permitió la existencia y el desarrollo de sociedades libres del Estado. ¿La agresiva ofensiva de las democracias y autocracias en contra de compañías tecnológicas es resiliencia del sistema o la búsqueda de control de un modelo de organización política en peligro de extinción?