Biden opta por la mano dura con Cuba y sanciona a militares por las protestas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demostró este jueves que, al menos de momento, ha decidido optar por la mano dura en su política hacia Cuba, al sancionar a altos cargos militares de la isla por su presunto papel en la represión de las protestas de este mes.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y contra una unidad militar de élite conocida popularmente como "avispas negras" o "boinas negras".

"Este es solo el comienzo. Estados Unidos seguirá sancionando a individuos responsables de la opresión del pueblo de Cuba", dijo Biden en un comunicado.

Las sanciones suponen la primera respuesta tangible de Biden a las inéditas protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en Cuba, que han forzado a la Casa Blanca a dar prioridad a la política hacia la isla.

Aunque, durante su campaña electoral, Biden prometió volver al deshielo con Cuba y dar marcha atrás a muchas de las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump (2017-2021), sus cálculos parecen haber cambiado desde que llegó al poder.

Después de las protestas de este mes, que han obtenido un fuerte respaldo del exilio cubano en el estado clave de Florida, la Casa Blanca no quiere dar ningún paso que pueda interpretarse como una concesión al Gobierno de Cuba.

"Condeno inequívocamente las detenciones masivas y los juicios falsos que están condenando injustamente a prisión a quienes se atrevieron a expresarse, en un intento de intimidar y amenazar al pueblo cubano para que guarden silencio", subrayó este jueves Biden.

La Casa Blanca confía además en un aumento de la presión internacional contra La Habana, y planea pedir ayuda para ello a los Gobiernos latinoamericanos y a la Organización de Estados Americanos (OEA).

En concreto, les solicitará que "presionen al régimen (cubano) para que liberen inmediatamente a los presos políticos detenidos de forma injusta, restauren el acceso a internet y permitan que el pueblo cubano disfrute de sus derechos fundamentales", explicó Biden.

El otro objetivo de la Casa Blanca a corto plazo es encontrar una forma de ayudar a restaurar el acceso a internet, restringido en la isla tras las protestas, aunque poco a poco va volviendo a la normalidad.

"Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y con el sector privado para proporcionar acceso a internet para el pueblo cubano, sorteando así los intentos de censura del régimen", señaló Biden en su comunicado.

Las sanciones de este jueves afectan a López-Miera, un general de cuerpo de Ejército que ocupa desde abril el cargo de ministro de las FAR y, a sus 77 años, es uno de los dirigentes de la Revolución cubana considerados "históricos" y hombre de confianza del expresidente cubano Raúl Castro.

"López-Miera y la brigada nacional especial han estado implicados en la supresión de las protestas, incluido mediante el uso de violencia física e intimidación", afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, en un comunicado.

La brigada nacional especial del Ministerio del Interior, conocida popularmente como "avispas negras", es una unidad de élite del ejército cubano que, según Washington, participó también en la represión de los manifestantes el 11 de julio.

Las sanciones bloquean cualquier activo que López-Miera o los integrantes de esa unidad de élite puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, y prohíbe a quienes estén en Estados Unidos negociar con ellos.

La reacción de Cuba llegó en un tuit del ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien calificó de "infundadas y calumniosas" las sanciones y sostuvo que EE.UU. "debería aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky, por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1021 vidas en 2020".

Rodríguez se refería a la base utilizada por Washington para imponer dichas sanciones, una ley estadounidense que le permite congelar activos financieros y prohibir los viajes a aquellos que violen los derechos humanos en cualquier país del mundo.

Documentar esos abusos para justificar la imposición de sanciones bajo la ley Magnitsky suele llevar semanas, pero la Casa Blanca pidió al Departamento de Estado y del Tesoro que "dejaran todo lo que estaban haciendo" y lo tuvieran listo en una semana, explicó una fuente oficial estadounidense al diario The Washington Post.

La revisión de la política ordenada por Biden a la luz de las protestas incluye evaluar la posibilidad de volver a autorizar el envío de remesas a Cuba, prohibido desde noviembre pasado.

Sin embargo, Biden quiere garantizar antes de hacerlo que el dinero llegue directamente "al pueblo cubano, sin que el régimen se quede con una porción", indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Lograr ese objetivo es complicado, según expertos, pero Biden quiere evitar a toda costa que las remesas enviadas desde Estados Unidos "no lleguen a sus destinatarios" en la isla y en cambio el Gobierno cubano las utilice "como parche para solventar sus fracasos", agregó la Casa Blanca.

Por último, el Gobierno de Biden analiza es el traslado de más personal a la embajada estadounidense en La Habana, reducido drásticamente después de que, en 2017, casi una treintena de diplomáticos estadounidenses sufriera unos misteriosos "incidentes de salud" cuyos motivos aún no han sido aclarados.