Alianza de gobierno abierto: Un espacio de colaboración e innovación en Panamá

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) fue formada en 2011 por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que buscaban estimular la colaboración sincera entre ciudadanía y sus respectivos gobiernos, para juntos buscar soluciones a los problemas comunes que los gobiernos por sí solos han sido impotentes para resolver.

Por medio de la Alianza de Gobierno Abierto se impulsa, a su vez, un mejor intercambio de innovaciones a nivel global y un enfoque en la implementación de acciones de gobierno abierto específicas y mensurables para orientar la labor de los gobiernos hacia el bien común.

Desde 2011 hasta la actualidad, la Alianza ha crecido hasta convertirse en un esfuerzo compartido por cerca de 200 gobiernos nacionales y locales, así como miles de organizaciones de la sociedad civil.

La República de Panamá es miembro signatario de la Alianza desde 2013, aunque no fue hasta enero de 2015 que se escogió la primera Comisión Nacional de Gobierno Abierto encargada de preparar el segundo plan de acción de Panamá, esto debido a que del gobierno de turno no dio riendas al proceso del primer plan de acción nacional en 2013.

El segundo plan de acción nacional de gobierno abierto fue realizado entre 2015 – 2017. El plan contó con 20 compromisos, 15 impulsados por la sociedad civil y 5 por el gobierno; participaron cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil y 20 de gobierno; todos los compromisos son trabajados en colaboración.

Algunos compromisos se cumplen, otros, debido a la falta de cultura de transparencia y entendimiento de estos procesos, son realmente ignorados por algunos sectores gubernamentales. Recuerdo que uno de los compromisos fue la reforma al artículo 81 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea de Diputados, con la intención de impedir que las reuniones de la comisión de presupuesto fuesen a puertas cerradas, sin embargo, esta iniciativa no fue posible implementarla.

Otro compromiso durante ese segundo plan de acción nacional fue el de “publicación detallada de la utilización de recursos del financiamiento público para partidos políticos y candidatos independientes”, que buscaba “publicar de forma detallada el uso de fondos procedentes del financiamiento público asignados a los partidos políticos y a los candidatos independientes”. La “implementación de la Ley 44 del 5 de agosto de 2002 que crea los comités de cuencas hidrográficas”, fue otro compromiso de ese segundo plan de acción nacional en 2015 como lo fue el “Primer plan nacional de datos abiertos de gobierno”.

Es importante mencionar que los planes de acción nacional son producto de un proceso de cocreación entre el gobierno y la sociedad civil con el fin de establecer compromisos transformadores basados en los principios de gobierno abierto: Transparencia - Participación ciudadana - Rendición de cuentas e Innovación.

Para el tercer plan de acción nacional de gobierno abierto ya contábamos con una comisión nacional de gobierno abierto instruida y entendida en el proceso, lo que coadyuvó a una mejor organización. Durante este plan de acción se dividieron las mesas propositivas en cuatro ejes: A- Anticorrupción, B - Contrataciones públicas, C- Mejoramiento de los servicios públicos, D- Educación.

En este proceso se incluyeron algunos de los compromisos que han sido insignias del proceso, como la escuela de gobierno abierto para el sistema educativo panameño, que busca llenar el vacío existente en el currículo de cívica y formar al ciudadano del futuro en valores y principios de ciudadanía, transparencia y participación. También se incluyó un compromiso para que los panameños y panameñas tengamos conocimiento de la calidad del agua que consumimos y la cantidad de agua; se buscaba establecer un protocolo general de gobernanza y monitoreo de calidad del agua, en el cual se publique en un portal web los informes, estadísticas, estudios, evaluaciones y diagnósticos de la calidad del agua a nivel nacional, y de esta forma aumentar la transparencia en un área de salud y servicios públicos que es vital para las familias panameñas. Este compromiso lastimosamente no fue implementado por el gobierno. Se incluyó otro importante compromiso para actualizar el plan de educación cívica en las escuelas. A pesar de las múltiples reuniones, dicho compromiso no fue implementado y aún tenemos la enorme deuda de hacerlo en el futuro. Se incluyó otro compromiso fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura pública, *Iniciativa CoST, con la finalidad de poner fin (o minimizar) la corrupción en el sector construcción del Estado. Este compromiso ha ido avanzando poco a poco y esperamos se convierta en una referencia en el cercano futuro.

En el año 2018 se renovaron los representantes de la sociedad civil en la comisión nacional de gobierno abierto, con el buen acompañamiento del Pnud. En 2019 hubo cambio de gobierno y se dio inicio durante la pandemia a un nuevo plan de acción nacional, el cuarto de la República de Panamá.

En este cuarto plan de acción nacional de gobierno abierto se incluyeron compromisos como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental, con base en los estándares del acuerdo de Escazú cuyo avance ha sido muy lento. También se incluyó un compromiso muy importante de transparencia presupuestaria o presupuestos abiertos, que busca cambiar la realidad actual del proceso presupuestario del Gobierno de Panamá que sigue siendo opaco, con poca participación y comprensión de la ciudadanía en general. Este compromiso está avanzando debido al impulso de los implementadores de sociedad civil, pero con mucha resistencia de parte del gobierno. Esperamos que esto cambie pronto para beneficio de la transparencia presupuestaria, tan importante en una gobernanza amplia y de cara a la ciudadanía.

También se incluyó en este cuarto plan de acción un compromiso que se llama: Estrategia de inclusión y accesibilidad de los sitios web gubernamentales. Este compromiso fue presentado por la sociedad civil y abordaba el reto de que la gran mayoría de los sitios web gubernamentales no cumplen con los estándares internacionales de accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG 2.1) y plantea que “todas las personas, independientemente de su condición, deben tener igual oportunidad de acceso a servicios digitales que brinda el Estado, sobre todo en esta nueva realidad que vivimos donde se hace necesaria la interacción a través de plataformas digitales”.

Para la buena implementación de este compromiso fue imprescindible el apoyo y orientación de Publio Arjona, jefe de la oficina de tecnología asistida del Senadis, y la iniciativa y visión de la especialista en diseño Nelly Valdivieso, para lograr que más de 20 entidades del Estado aceptaran formar parte del “reto por la inclusión”, con la finalidad de implementar en sus páginas web, soluciones digitales que permitan el acceso a la información pública a personas con discapacidad.

Para el cuarto plan de acción nacional se incluyó un compromiso de “Transparencia proactiva en el sector agropecuario”. El compromiso implicaba que la institución responsable implemente el funcionamiento de una “plataforma de trazabilidad” y así lograr que las importaciones no perjudiquen a los productores nacionales, no pongan en peligro la sanidad del país, y los ciudadanos tengan información veraz, oportuna y transparente. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil decidieron abandonar el proceso debido a la falta de coordinación con los sectores de gobierno implicados en el mismo.

Actualmente nos encontramos en la implementación del quinto plan de acción nacional de gobierno abierto y se está dando continuidad a los compromisos más importantes (escuela de gobierno abierto, transparencia presupuestaria, CoSt transparencia en sector construcción, seguimiento a Escazú, etc.).

Las organizaciones de la sociedad civil que lideran este proceso de cocreación son: la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Centro de Incidencia Ambiental y la Fundación Generación Sin límite, como miembros principales de la sociedad civil, Movin y Kernel Community Think Thank (como suplentes), el Ministerio de la Presidencia, la Autoridad para la Innovación Gubernamental y la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) como coordinadora.

Esperamos que este espacio de innovación y colaboración pueda crecer y desarrollarse en el futuro de forma más amplia y participativa, con compromisos con un carácter cada vez más transformador.