Londres envenena el diálogo del Brexit al admitir que violará la legalidad

La octava ronda de diálogo para diseñar la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) comenzó este martes envuelta en un clima de desconfianza, después de que Londres haya admitido que está dispuesta a violar el derecho internacional para alterar compromisos ya adquiridos.

Los equipos negociadores de ambos lados del canal de la Mancha mantendrán reuniones hasta el jueves en Londres para tratar de avanzar en los puntos más controvertidos que les separan, entre ellos los subsidios estatales y el reparto de cuotas pesqueras en aguas británicas tras el fin del periodo transitorio, el 31 de diciembre.

Esta ronda llega con escasas perspectivas de avances significativos, tras meses de bloqueo, y entre reproches mutuos por la falta de concesiones que faciliten un acercamiento.

Las relaciones se han envenenado aún más al desvelarse que el Gobierno británico ultima una ley que alterará aspectos del mecanismo ya pactado para asegurar que el paso entre las dos Irlandas se mantiene sin fricciones en el futuro.

El problema de la frontera entre la región británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que debe seguir abierta tras el Brexit para cumplir con los acuerdos de paz de 1998, estuvo a punto de hacer descarrilar el pacto de salida de la UE que se alcanzó, después de intensos debates, el pasado octubre.

El primer ministro británico, Boris Johnson, firmó aquel tratado con Bruselas después de años de conversaciones en los que la cuestión parecía irresoluble.

Ahora, sin embargo, quiere revisar el funcionamiento de los mecanismos acordados de manera unilateral, a través de una ley de Mercado Interno que prevé presentar mañana, miércoles.

Según ha adelantado el diario "Financial Times", el Gobierno planea matizar ciertos aspectos del compromiso para aplicar la regulación europea sobre ayudas estatales en relación al comercio de bienes en Irlanda del Norte.

También espera alterar la cláusula que exige a las empresas norirlandesas rellenar formularios de exportación al enviar mercancías hacia la isla de Gran Bretaña.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha admitido que su plan "viola el derecho internacional", aunque a sus ojos lo hace "de una forma muy específica y limitada".

"Hay claros precedentes para el Reino Unido y para otros países que necesitaban considerar sus obligaciones internacionales a medida que cambian las circunstancias", dijo Lewis en la Cámara de los Comunes.

El malestar por esos planes ha provocado la dimisión del responsable del departamento legal del Gobierno, Jonathan Jones, así como críticas desde las propias filas del Partido Conservador de Johnson.

Su antecesora en el cargo y compañera de bancada, Theresa May, acusó a Johnson de poner en duda la credibilidad internacional del país.

"El Gobierno del Reino Unido firmó el acuerdo de salida (de la Unión Europea) junto con el protocolo para Irlanda del Norte. Este Parlamento ratificó aquel acuerdo de salida como parte de la legislación británica. Ahora, el Gobierno está cambiando la forma de operar de ese acuerdo", afirmó la exdirigente "tory" en la Cámara de los Comunes.

"En esta situación, ¿cómo puede el Gobierno asegurar a sus futuros socios internacionales que se puede confiar en que el Reino Unido cumplirá las obligaciones legales de los acuerdos que firme?", preguntó la exmandataria.

El negociador jefe británico para el Brexit, David Frost, ha urgido a la UE a mostrar "más realismo" si desea avanzar en el diálogo y a reconocer el estatus del Reino Unido como "país independiente" tras la ruptura.

Bruselas espera que Londres acepte aplicar normas similares a las del bloque comunitario en ámbitos como las ayudas estatales, la regulación sobre la competencia y estándares medioambientales para evitar que las empresas británicas compitan con ventaja.

El Reino Unido rechaza esa petición al considerar que comprometerse a cumplir leyes sobre las que no tiene ni voz ni voto iría en contra de su autonomía.

Michel Barnier, a cargo del equipo negociador comunitario, ha pedido por su parte a Londres mayor "flexibilidad" para acercar posiciones y ha advertido de que la UE no sacrificará sus intereses económicos y políticos "por el mero beneficio del Reino Unido".

Ambas partes han establecido el límite temporal de mediados de octubre para comenzar a ratificar un acuerdo, o bien para acelerar los preparativos de una ruptura desordenada a final de año.

La ruptura definitiva de los lazos entre el Reino Unido y la UE se producirá el 31 de diciembre, cuando se agota el periodo de transición que se acordó en el tratado de salida.

Un divorcio abrupto levantaría barreras para el comercio de bienes entre ambos lados del canal y tendría profundas consecuencias en numerosos ámbitos, como los servicios financieros, el transporte y la cooperación en seguridad.

Guillermo Ximenis