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Actualizado
- 20/04/2023 00:00
Creado
- 20/04/2023 00:00
En un escrito incorporado al registro judicial del caso, la ex tesorera nacional de Venezuela pidió "compasión" al juez a la hora de dictar sentencia
La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno, por cargos de lavado de dinero.
Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según dictaminó el juez William P. Dimitrouleas en los tribunales de Miami.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y 5 meses para él.
Dimitrouleas, tras una hora de escuchar los argumentos de las partes, dijo que "entendía las circunstancias familiares de los condenados" -padres de dos hijos- pero que en su opinión habían establecido "un sofisticado sistema de lavado de dinero" que les hacía merecedores de la sentencia.
El matrimonio, acompañado cada uno por su abogado, recibió la sentencia en un juzgado del centro de Miami al que habían llegado esposados, con un sencillo traje claro de presidiario y asistidos por traducción simultánea.
Ambos ciudadanos venezolanos fueron extraditados desde España, país del que también tienen la nacionalidad, en 2022 y en diciembre de ese mismo año fueron declarados culpables de lavado de dinero: ella de dos cargos y el de tres.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la "enfermera" y el "guardaespaldas" del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016.
La Fiscalía los acusó de haber hecho una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba que ella era tesorera nacional (2011-2013) para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.
El fiscal Paul Hayden insistió en su último alegato ante el juez para conseguir la máxima pena en que los dos condenados utilizaron un sofisticado sistema de lavado de dinero para quebrar la ley en Estados Unidos, además de pedir que restituyeran los 136 millones de dólares.
SEGÚN LA ABOGADA, NO ROBARON AL PUEBLO DE VENEZUELA
La abogada de Díaz Guillén, Marissel Descalzo, respondió en su intervención para indicar que los 136 millones de dólares en ningún caso "se robaron al pueblo de Venezuela".
El abogado de Velásquez Figueroa, el estadounidense Andrew Feldman, dijo que bajo su punto de vista nunca se incumplió la normativa estadounidense, ya que los condenados se limitaron a ejecutar transferencias bancarias entre países "sin violar la ley".
En un escrito incorporado al registro judicial del caso, la ex tesorera nacional de Venezuela pidió "compasión" al juez a la hora de dictar sentencia.
Feldman señaló a EFE que la sentencia "no es la que esperaban" y que su cliente se encuentra "muy triste", aunque matizó que escuchó la decisión con entereza.
"Ojalá que se pueda reducir la pena de alguna forma", sostuvo, tras recordar que ahora se abre un plazo de 14 días para apelar.
Descalzo dijo a EFE que a su entender la sentencia es "injusta" y supone "demasiados años" para lo que esperaban, pero destacó que desde hoy comienza el trabajo de apelación.
Señaló además que tras esta sentencia los hijos del matrimonio quedan desamparados en España "sin la posibilidad de ver a sus padres en 15 años".
Según la abogada, no hay ningún registro oficial en el que se pueda verificar que el matrimonio se adueñó de los 136 millones de dólares y que imagina que este "no existe".
Díaz Guillén y su esposo se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban y no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, como sí hizo, por el contrario otro venezolano, extesorero nacional y sujeto a la justicia de EE.UU., Alejandro Andrade Cedeño, involucrado en la misma trama.
Andrade Cedeño, que fijó su residencia en EE.UU. después de la muerte de Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de activos por 1.000 millones de dólares.
El principal imputado en este caso, el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.
El también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado en EE.UU. a tres años de prisión en 2019 por conspiración para lavado de dinero.
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