Levantan medidas cautelares a Carlos Cerdas y a Mélida Solís por caso Cochinilla

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó este lunes  levantar las medidas de arresto domiciliario y monitoreo electrónico que pesaban contra los empresarios Carlos Cerdas y a Mélida Solís,  de las empresas MECO y H. Solís, reportan medios internacionales.

El abogado y representante de Cerdas, Erick Ramos, afirmó que  se le levantó las medidas cautelares luego de que el juez determinó que "no existe  daño patrimonial" de 78.000 millones de colones que la Fiscalía utilizó como hipótesis en la investigación por el caso Cochinilla.

“El famoso daño de 78.000 millones, que era el caballo de batalla de la Fiscalía ha sido superado y expresamente, el juez determinó que ese daño es inexistente”, dijo el abogado en una publicación del diario digital El Observador.

Ambos empresarios estuvieron en prisión durante ocho meses, posteriormente se le estableció arresto domiciliario por seis meses, excediendo el tiempo que para tal efecto define el Código Procesal Penal. 

El caso Cochinilla refiere a un escándalo político de corrupción en Costa Rica revelado el 14 de junio de 2021, donde se cuestiona una red de crimen organizado destinada a favorecer a empresas privadas específicas en licitaciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial costarricense, a cambio de sobornos y favores para funcionarios públicos.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investigó los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios públicos  del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ministerio de Hacienda,  que favorecían ilícitamente a las empresas constructoras.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público iniciaron la investigación en el año 2019.Las investigaciones llevadas a cabo por el OIJ tenían que ver con el supuesto pago de sobornos a unos 33 funcionarios públicos, quienes habrían participado en una malversación de fondos por el orden de los ₡78 mil millones de colones en los procesos de construcción de obra pública, reportó el diario digital  elmundo.cr.

Según la publicación, el caso Cochinilla incluso llevó a que se creara una Comisión especial para investigarlo en la Asamblea Legislativa, donde en una de las sesiones Carlos Solís, exgerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi, afirmó que a su criterio, el caso “Cochinilla es una invención del OIJ”. Para Solís dentro del Conavi "no estaba pasando nada ilegal".

Ramos ha sostenido, de manera reiterada, que con la decisión del juez queda en evidencia que las cosas se sobredimensionaron y hubo ineficiencia por parte del Ministerio Público en la investigación.

El informe preliminar pericial forense del OIJ, según Ramos para los años 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020 permite establecer un déficit de ¢78.786,2 millones, reportó  El Observador.

A juicio de Ramos, el proceso continuará porque ahora el Ministerio Público apelará la decisión del juzgado sobre la eliminación de las medidas. La Fiscalía había solicitado extender por 9 meses más la medidas cautelares tanto para Cerdas, como para Solís.