Organismos piden que se adopte un mecanismo de rendición de cuentas a Nicaragua

Organizaciones humanitarias solicitaron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte "medidas extraordinarias" que garanticen la rendición de cuentas por las muertes ocurridas en Nicaragua desde 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Daniel Ortega.

La petición fue hecha en una audiencia pública de la CIDH, a solicitud de ocho organizaciones, en la que se ausentó el Estado de Nicaragua.

En la audiencia se analizó la situación de derechos humanos "en el contexto de impunidad en Nicaragua, y la necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas".

"Lamentamos, una vez más, la ausencia del Estado en este importante espacio de visibilidad y rendición de cuentas sobre la crítica situación que vive el país", dijo Guillermo Rodríguez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Rodríguez alertó que en Nicaragua prevalece un panorama de impunidad, debido a que se ha bloqueado el acceso a la justicia y se ha reducido el espacio cívico para hacer escrutinio público sobre las decisiones del Estado.

Sostuvo que el sistema de administración de justicia en Nicaragua "se ha transformado en un agente de criminalización, en lugar de ser un garante del estado de derecho y los derechos humanos", e incluso "los mecanismos de rendición de cuentas electorales y democráticos también han sido desactivados en el país".

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Nuñez, explicó que desde 2007, cuando Ortega retornó al poder, Nicaragua vive "una situación de destrucción de la institucionalidad" dirigida "a consolidar un régimen antidemocrático", la cual se acrecentó durante las protestas de 2018.

Según Núñez, "los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo" durante las manifestaciones de 2018 sumaron 355 muertos, "la mayoría con características de ejecuciones extrajudiciales; y más de 2.000 heridos, decenas con secuelas de discapacidad".

Además de "1.614 presos políticos, torturados y procesados arbitrariamente; y más de 100.000 nicaragüenses obligados a salir de Nicaragua para salvar sus vidas", precisó.

Todos esos casos permanecen sin ser investigados. En al menos 11 casos, aseguró Núñez, las autoridades policiales condicionaron la entrega de los cadáveres a sus familiares a la firma de actas de desistimiento de la investigación penal para que el cuerpo no fuera llevado al Instituto de Medicina Legal a realizar autopsia.

Además, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Cenidh documentó y analizó que 113 de los asesinatos "se trata de ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad", añadió.

Por su lado, Natalia Yaya, de la FIDH, consideró que "la justicia y rendición de cuentas en Nicaragua es imposible en este momento, en gran parte por el aparato normativo de impunidad que se ha construido en los últimos años".

Recordó que en 2019, la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó una amnistía "creada con el objetivo de dejar en la impunidad los crímenes cometidos por agentes del Estado en el contexto de la represión de 2018 y de particulares que actuaron con su aquiescencia".

Además, agregó, "el régimen ha promulgado leyes restrictivas que buscan asfixiar a la sociedad civil nicaragüense y reducir el espacio para el escrutinio público", y "ha pretendido instalar un discurso oficial" que construye de enemigos internos para disuadir a opositores y críticos.

Asimismo, las autoridades han "ilegalizado al menos 107 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, incluyendo al menos 14 universidades privadas, 15 asociaciones médicas, 5 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y 6 organizaciones humanitarias vinculadas con la iglesia católica", anotó Yaya.

Para Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres, "el sistema de administración de justicia ha sido clave para la criminalización de la disidencia política y para la consolidación de las estructuras que garantizan la impunidad".

"Hoy, más que nunca, urge que la comunidad internacional, esta ilustre Comisión y los demás mecanismos de protección aúnen e intensifiquen sus esfuerzos para lograr que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial de las graves violaciones cometidas por el régimen", abogó, por su lado, María Luisa Gómez, del Instituto Raza e Igualdad.