Abusos contra haitianos dejan en entredicho 'nueva' política migratoria de Biden

La impresión de que la administración del presidente Joe Biden daría un “giro radical” a las posturas de su antecesor Donald Trump en asuntos migratorios, parece diluirse de manera acelerada tras menos de un año de mandato.

El reciente escándalo de maltrato contra emigrantes haitianos a manos de agentes fronterizos y su programa de deportaciones masivas, ha desatado duros cuestionamientos contra el mandatario demócrata, dentro y fuera de Estados Unidos.

“El gobierno de Biden ha tenido meses para reformar el trato y la recepción que Estados Unidos dispensa a las personas (emigrantes), y una y otra vez ha fallado”, denunció este martes Denise Bell, investigadora para Amnistía Internacional sobre temas migratorios en EE.UU.

La reacción de la organización se sumó a la indignación generalizada ante las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo, acosando con látigos a emigrantes haitianos que intentaban cruzar el Río Grande en Texas.

“Incrementar las expulsiones cuando un tribunal federal ha declarado ilegal la política del título 42 es indignante”, señaló Blaine Bookey, directora jurídica de Center for Gender & Refugee Studies (CGRS).

Aunque el gobierno de Biden ha manifestado que buscan cancelar el título 42, este aún la mantiene en vigencia.

Esta es una excepción de la normativa de salud estadounidense, que autoriza la restricción de entrada de extranjeros por “razones sanitarias”, incluso si tienen visa.

Una medida creada por Trump y cuyos críticos señalan como una “herramienta” para estigmatizar y criminalizar a los emigrantes, particularmente a los latinoamericanos y africanos que intentan cruzar la frontera.

La situación en Texas ha levantado las alarmas en la región, especialmente en Colombia, Panamá, México y otros países de Centroamérica, quienes también están viendo la llegada de miles de emigrantes, a la espera de cruzar sus fronteras para llegar a Estados Unidos.

La polémica se acrecentó este jueves tras la renuncia del enviado especial estadounidense a Haití, Daniel Foote, como protesta por lo que calificó como trato inhumano de su gobierno a los emigrantes haitianos.

“No dejaré que se me asocie con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes indocumentados a Haití, un país donde los diplomáticos estadounidenses están confinados en recintos seguros debido a los peligros de las bandas armadas”, reclamó el diplomático después de dimitir.

A su salida, Foote tildó de “profundamente errónea” la estrategia migratoria de Biden con relación a Haití, además de denunciar que las recomendaciones que hizo sobre el tema fueron “desestimadas”.

Poco después el Departamento de Estado reaccionó indirectamente a las declaraciones de Foote, asegurando que sus propuestas eran “dañinas” para el “compromiso” de Washington en la “promoción de la democracia en Haití”. Un pronunciamiento sin hacer mención a las críticas del funcionario en cuanto al trato a los haitianos ni tampoco sobre la política de deportarlos a una nación sumida en más de dos décadas de una complicada situación humanitaria, además de una crisis sociopolítica que involucra a pandillas armadas. Todo agravado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio.

Tras el magnicidio, inicialmente las autoridades haitianas informaron que dentro del grupo armado que atacó al mandatario había soldados profesionales que hablaban español e inglés, algunos identificándose como agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés).

Tras poco más de dos meses de las pesquisas hay 48 personas detenidas, entre ellas 2 estadounidenses y 18 colombianos.