El Congreso saliente ultima la renovación del Constitucional peruano con jueces contrarios a Castillo

El Congreso peruano ha convocado para los próximos 7 y 8 de julio sesiones para elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional con la intención, según denuncian especialistas y políticos, de cuestionar y hasta bloquear las iniciativas de un posible gobierno de Pedro Castillo.

Hasta seis de los siete integrantes del pleno del Constitucional pueden ser sustituidos porque han superado ya el mandato que les correspondía originalmente, aunque es necesaria una mayoría de dos tercios de la Cámara –87 votos– para cualquier nombramiento. Los favoritos entre los 15 candidatos son juristas con un marcado perfil conservador y considerados afines al aprismo y al fujimorismo.

“Quienes están en un plan B de tentar sacar del poder a (Pedro) Castillo tan pronto les resulte factible, no solo con vacancia sino ensayar una nulidad de elecciones, necesitan un TC que les pueda avalar esto”, ha advertido Walter Albán, integrante del consejo directivo de Proética, exministro y exdefensor del Pueblo.

“Necesitan un TC a la medida. Lo aseguran con un concurso plagado de irregularidades. Los finalistas se autodescalifican al continuar en un concurso de esta naturaleza”, ha añadido.

Además, habría también un afán de impunidad porque buscarían frenar investigaciones de corrupción de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos. “Necesitan un TC que garantice impunidad. También el comportamiento irregular que ha tenido este Congreso puede generar responsabilidades”, ha señalado.

Así, los congresistas José Luna, de Podemos, y José Vega, de UPP, encargados de evaluar a los candidatos a magistrados, están involucrados en casos judiciales que pueden llegar al TC.

La constitucionalista Úrsula Indacochea, directora de Fundación para el Debido Proceso, considera que los casos más relevantes en juego en este momento son la inconstitucionalidad de la cuarta legislatura, que podría generar la nulidad de todo lo que se apruebe en ella, la acción de amparo que solicita la nulidad del proceso electoral y el hábeas data sobre la lista de electores.

“Pero no solo hay que pensar en términos de los casos ya presentados. Podrían presentarse otros igualmente relevantes en las próximas semanas, especialmente vinculados a la proclamación presidencial, sanciones de la Junta Nacional de Justicia a fiscales supremos, etcétera”, ha argumentado.

Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio que dejó a Castillo, con el 50,12% de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87% de las papeletas ha pedido nulidad de actas.

Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.

Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.