La nueva política eléctrica de México crea choques entre socios comerciales

La nueva política energética del Gobierno mexicano, que limita la generación privada de renovables, generará conflictos inesperados con sus socios comerciales de Norteamérica y de la Unión Europea, según coinciden varios expertos.

Además de haberse abierto ya un proceso judicial con las demandas presentadas por las empresas privadas, el Gobierno mexicano ha enviado una señal de preocupación a los inversores extranjeros en plena recesión económica global provocada por la COVID-19.

Empresas de países con tratados comerciales con México que tengan capítulos de protección al inversor o Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) pueden recurrir a juzgados federales, explicó a Efe el consultor internacional Eduardo Solís.

Las empresas pueden también plantear casos judiciales "inversionista-Estado" en paneles internacionales bajo el nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor el 1 de julio.

El economista se refirió a los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, y de la Secretaría de Energía (Sener), fechado el 15 de mayo, que frenan la generación eléctrica por energías renovables.

El Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido estas reglas al asegurar que son necesarias para defender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del "saqueo" de los privados, sobre todo extranjeros.

Pero estos cambios afectan a procesos productivos que generan al menos 14 % del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que calcula que se verán afectados $30,000 millones en inversión.

"Daña mucho la imagen actual y quedara plasmado en el futuro de las inversiones. Veremos cómo esta forma de desincentivar e inhibir la inversión afecta a las inversiones futuras", advirtió Solís.

Además del T-MEC, el mes pasado se anunció un acuerdo para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).

Aunque ambos acuerdos llegan tras años de negociaciones y ofrecen una oportunidad a México en tiempos de COVID-19, las nuevas reglas eléctricas ya despertaron dudas de Canadá y Europa, subrayó Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Las medidas arriesgan inversiones por cerca de $450 millones de empresas canadienses como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power, además de 1,000 empleos, según una carta firmada por Graeme Clark, embajador de Canadá en México.

Por su parte, la Delegación de la UE en México aseveró que las reglas del Cenace "impactarían negativamente" a 44 proyectos en 18 estados, "lo que pondría en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los $6,400 millones".

La tensión aumenta porque, a diferencia del T-MEC, el TLCUEM aún debe ratificarse y firmarse, un proceso arduo por la naturaleza multinacional de la Unión Europea.

"Se cruzó una línea, en los tratados normalmente a estas situaciones se les llama expropiaciones concomitantes, cuando el gobierno nacional de un país cambia las reglas y daña las inversiones de la zona de libre comercio", describió Molano.

Estos conflictos ocurren cuando México registró un aumento anual de apenas un 1,7 % en la inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2020 hasta llegar a $10,334 millones, según la Secretaría de Economía.

Aunque solo el 5,1% corresponde a generación de energía eléctrica, agua y gas, analistas han alertado que cambiar las reglas cuando ya hay contratos otorgados ahuyenta todo tipo de inversión.

Para aprovechar el T-MEC y reactivar la economía, México debe corregir estas "malas señales" en las renovables, indicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.

También el Banco de México reveló esta semana que los miembros de su Junta de Gobierno están "preocupados" por la incertidumbre que genera la nueva política porque "afecta el proceso de competencia y libre concurrencia".