La Operación Jericó y el calvario de un exmilitar venezolano

Eduardo Figueroa Marchena era primer teniente de la aviación de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela cuando en 2012 decidió retirarse de la institución. Dos años después de su separación del servicio, Figueroa Marchena empezó a vivir los momentos más amargos de su vida, episodio que aún no termina y por el que junto con su esposa, Ana Pérez, buscó refugio en Panamá.

Desde Caracas, vía telefónica, Pérez relata a La Estrella de Panamá el origen del calvario de su esposo: la Operación Jericó.

En 2014, el gobierno de Nicolás Maduro vinculó a Figueroa con el supuesto intento de golpe de Estado que denominó ‘Operación Jericó'.

A juicio de Pérez, esa intentona nunca existió y fue un invento del gobierno de Nicolás Maduro para salir de la crisis política. Pero, a raíz de que a su esposo lo vinculan en la aparente revuelta deciden salir del país y en abril de 2014 ponen rumbo a Panamá.

En febrero de 2015, se denuncia otro supuesto golpe de Estado, esta vez denominado ‘Golpe Azul', en alusión al color representativo de la aviación venezolana y el gobierno lo vuelve a vincular a él y a otros militares de la Fuerza Aérea.

Para esa fecha, apunta Pérez, Figueroa ya no formaba parte de la fuerza armada y se encontraba en Panamá, donde habían establecido casa en Boquete.

‘Mi esposo estuvo quince meses sin ver el sol y perdió el ciclo del sueño. En la celda donde estaba recluido no tenía ventilación y competía por el aire con otros reclusos',

ANA PÉREZ

ESPOSA DE FIGUEROA

‘Se inició una persecución en contra de mi esposo y hasta la casa en Boquete quisieron allanar', señala Pérez.

Una tarde, cuenta, llegaron a su residencia agentes que Pérez supone eran de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) con intención de practicar un allanamiento, pero no presentaron la orden. Ella narra que en medio del nerviosismo nunca pudo identificar exactamente si eran agentes de la DIJ ni si eran panameños o extranjeros. ‘Sí recuerdo que había varios encapuchados y que llevaban rifles de asalto', apuntó.

Además, recuerda con exactitud que las personas identificaban a su esposo como si fuera un militar activo, a lo que él les explicaba que se había dado de baja del servicio en 2012.

‘Finalmente, la orden de allanamiento no llegó y no lograron entrar a la casa, pero nos dieron una citación de Migración para revisar nuestros movimientos migratorios, lo que cumplimos y todo quedó bien', cuenta Pérez.

Una semana antes del intento de allanamiento, su esposo había recibido llamadas de quienes alegaban ser policías para citarlo en ‘lugares extraños' y fuera de horario judicial, a las seis de la tarde o las ocho de la noche.

Preocupados, el matrimonio decide mudarse a la capital panameña, donde esperan encontrar empleo y sentirse más acompañados. También, dice Pérez, para empezar a regular su condición migratoria y no seguir como turistas.

Solo cuatro meses después, en junio de 2015, Figueroa es retenido sorpresivamente en la vía Argentina de la capital panameña, saliendo de un café, y es puesto a órdenes del Servicio Nacional de Migración. Eso fue lo que le dijeron.

Su esposa se entera de la situación por una llamada de Figueroa, que no supo especificar el lugar exacto en el que se encontraba.

La mujer empieza así una búsqueda desesperada por todas las estaciones policiales que no concluye hasta bien entrada la noche, cuando en la DIJ le informan que su esposo se encontraba allí.

‘Mi esposo me explicó que le habían falsificado un certificado médico y que le negaron la asistencia de un abogado', dijo Pérez. Además, le hicieron firmar un documento en el que le dieron un mes y medio para que explicara las razones por las que se encontraba en Panamá.

Pérez cuenta que no volvió a saber más de su esposo y al día siguiente decidió denunciar el caso ante los medios de comunicación. Es por eso que se entera de que su esposo había sido deportado, ya que uno de los periodistas interesados llamó al director de Migración para preguntar por el exmilitar venezolano y le informaron que había sido expulsado del país ese mediodía.

Carlos Carrillo, director de Migración, informó en aquella ocasión que Figueroa había sido extraditado porque sobre él había una alerta roja de Interpol por estar vinculado con un atentado en su país.

Pérez cuestiona esas afirmaciones porque días antes habían certificado su condición migratoria y ‘nunca se nos dijo nada de una alerta de Interpol', indicó. Incluso, dijo que a su esposo le explicaron que su deportación estaba relacionada con acusaciones por el delito de legitimación de capitales, pero cuando llegó a Venezuela lo procesaron por instigación a la rebelión, que es un delito político militar.

‘El 25 de junio, Migración deportó a mi esposo en un proceso que duró menos de 16 horas', reclama. Tras su llegada a Venezuela, ha pasado ‘mil vicisitudes', relata Pérez, que volvió a su país para seguir de cerca el caso.

Las torturas a las que ha sido sometido su marido, señala, ‘no han sido físicas, pero sí psicológicas'.

‘Mi esposo estuvo quince meses sin ver el sol y perdió el ciclo del sueño. En la celda donde estaba recluido no tenía ventilación y competía por el aire con otros reclusos', apunta.

Han sido dos años de torturas en Venezuela como consecuencia de una deportación ilegal de las autoridades de Panamá, reclama Pérez, que todavía recuerda el cariño que recibió de sus amigos y vecinos panameños el tiempo que vivió aquí.

Aunque Figueroa fue trasladado a una cárcel con mejores condiciones, Pérez dice que sigue detenido de manera injusta producto de acusaciones falsas. Y pide que se revise el caso para que se haga justicia.

‘PRESOS POLÍTICOS': EL CASOS LÓPEZ Y LEDEZMA

El reciente cambio de medida cautelar para los opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, ambos detenidos cuando cumplían arresto domiciliario y otra vez recluidos en la prisión caraqueña de Ramo Verde, agitó nuevamente la discusión sobre los ‘presos políticos' en Venezuela.

Ledezma, un veterano político y exalcalde de Caracas, fue detenido inicialmente en 2015 por ordenes de la fiscal General, Luisa Ortega Díaz, bajo los cargos de conspiración y concierto para delinquir. Concretamente por su presunta participación en la ‘Operación Jericó', que, de acuerdo con oficios del Ministerio Público, buscaba derrocar el gobierno en una acción cívico-militar, que incluía ataques sistemáticos al Palacio Presidencial, Ministerio de Defensa y la estación de la cadena Telesur. Ledezma cumple una pena de tres años de prisión.

López, detenido por primera vez en 2014 y condenado a trece años por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, encabezó en 2014 las protestas denominadas ‘La Salida' para exigir la renuncia inmediata de Maduro, manifestaciones que se saldaron con 43 fallecidos y más de 500 heridos.

Los abogados de ambos dirigentes (detenidos en la mitad de la noche y sustraídos de sus casas en pijama), han señalado irregularidades en el proceso contra los opositores; además, organismos internacionales como Amnistía Internacional consideran que la revocación de la medida de ‘casa por cárcel' a su favor obedece al propósito de Maduro de ‘silenciar toda forma de crítica', algo que rechaza el Ejecutivo, que asegura que se apegan a ‘estricto derecho'.