Uncupera reconoce labor de la Acodeco pese a limitaciones legales y falta de presupuesto

La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), resaltó la labor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de velar por los derechos de los consumidores del país ante las malas prácticas de algunos agentes económicos, pese a limitaciones legales y de presupuesto.

En el escrito, la Uncurepa manifestó que la Acodeco realiza ejercicios proactivos en la persecución de las malas prácticas por algunos proveedores “inescrupulosos”. Además, recordó el caso de colegios particulares en detrimento de los estudiantes, así como los actos irregulares ligados al negocio del arroz, que procuran su venta sin cumplir con las normas técnicas para su correcta clasificación, en franco perjuicio de los consumidores.

La nota, fechada este viernes 1 de septiembre, surge tras la sustentación de la Acodeco ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para funcionamiento e inversión en el año fiscal 2024.

El viernes 25 de agosto, Jorge Quintero Quiroz, director de la Acodeco, sustentó que la entidad que requiere un total de $13.5 millones; no obstante, el recomendado por la Comisión es de $10.5 millones, lo que representa una disminución de $2.9 millones.

Para el presupuesto de funcionamiento, o sea, para cubrir planilla, gastos de representación, XIII mes, seguro social, educativo, de riesgo profesional y complementario, entre otros, Quiróz pidió $13.5 millones. 

Mientras que para el presupuesto de inversión, donde se refleja la reducción. En el presupuesto de inversión, que abarca maquinaria y equipo, los operativos de verificación y demás intervenciones del personal técnico que verifica el cumplimiento de las normas, requería de $1.1 millón, pero la Comisión solo recomendó $250 mil.

El dinero la Acodeco lo requiere para la modernización del centro de datos, la digitalización, para los verificadores, encuestadores, atacar las moras judiciales y la contratación de personal técnico y abogados.

Pedro Acosta Isturaín, de la Uncurepa, manifestó que la reducción del presupuesto limitará las labores de la entidad.

La Acodeco integrante del Observatorio Latinoamericano de Censos de Población (OLAC) y Consumers International, hasta inicios de agosto impuso 3,005 multas, con un valor de $1.4 millones. De total, dos terceras partes (1,965) de las multas son referentes al incumplimiento de la Ley 45 de 2007, por un monto de $675,755.38; seguido de 663 infracciones al Decreto Ejecutivo 165 de 2014, referente al control de precio de 18 productos de la canasta básica de alimentos, que alcanza la cifra de $281,875.

El tercer motivo por multa es por faltas al historial de crédito, comprendido en la Ley No.24 de 2002, con 117 sanciones por un total de $331,200, y significan las más altas del listado, ya que en promedio ascienden a $2,500 cada una, por tipo de entidad crediticia, entre ellas bancos y financieras.

Hasta los primeros días de agosto de 2011, la Acodeco había impuesto 2,245 sanciones por un monto de $1.095,962.88 y el registro estaba encabezado por el Decreto Ejecutivo No. 114 del 13 de marzo de 2020 —sobre productos con precio tope producto de la pandemia— que significó 454 multas por un monto de $333,052, seguido de los 180 procedimientos adversos sobre historial de crédito y que significó un monto de $312,600 en multas.

La cifra de 3,000 sanciones en 2022, fue alcanzada durante el mes de noviembre y que a pesar de tres meses de por medio, la variación comparada al año en curso, posicionó en primer lugar las multas por vía de la Ley No 45 de 2007 (1,301 procesos), seguido de historial de crédito (217), Decreto  No.114 (486) y el control de precios (664).