La SSRP fija criterios para operaciones de seguros y reaseguros, con enfoque basado en riesgos

La junta directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) fijó los criterios que como mínimo deben procurar todas las personas naturales y jurídicas –sometidas al control, autorización previa, fiscalización, supervisión, reglamentación, y vigilancia del ente regulador– para realizar operaciones de seguros y reaseguros en o desde Panamá, en cualquiera de sus ramos, y de fianza, en adelante “sujetos obligados del sector seguros”.

La reglamentación quedó establecida en el Acuerdo No. 03 del 24 de noviembre de 2022, publicado este martes 03 de enero de 2023 en la Gaceta Oficial Digital No. 29693-A, “por el cual se reglamentan las disposiciones de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, como parte de las acciones que se han venido implementando para fortalecer la industria en Panamá, acorde con los estándares internacionales.

A través del acuerdo, la SSRP (entidad reguladora) ejercerá su rol de control, fiscalización, supervisión, reglamentación y vigilancia con un “enfoque basado en riesgo”, de los mecanismos de prevención establecidos por los sujetos obligados del sector seguros tanto del grupo A como del grupo B para identificar, evaluar, controlar, mitigar y monitorear aquellos riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que se encuentran expuestos.

La Superintendencia, además, tendrá acceso a la información financiera, comercial, operativa y administrativa de los sujetos obligados del sector seguros del grupo A y del grupo B, así como la información pertinente y relevante para medir la efectividad de los controles aplicados a los productos y servicios de los sujetos obligados del sector seguros, tanto del grupo A como del grupo B, incluyendo información y documentación relacionada con el consumidor del servicio de seguros, así como del beneficiario final (...).

Según fuentes cercanas a la industria en Panamá, la información solicitada en el presente acuerdo forma parte de la política del sector seguros y reaseguros de “conoce a tu cliente”.

Así estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones del acuerdo en mención las siguientes personas reguladas, sean persona natural o jurídica, y que solo para los efectos de este acuerdo y la Ley 23 del 27 de abril de 2015 se clasifican en: grupo A: Compañías de seguros y compañías de reaseguros.

Mientras que en el grupo B: Aseguradoras cautivas, corredores de seguros, corredores de reaseguros, ajustadores de seguros y/o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuentas o de ventas de seguros, canales de comercialización alternativos, administradores de empresas aseguradoras, administradoras de aseguradoras cautivas, administradores de corredores de seguros y administradoras de reaseguros.

La Ley No. 23 del 27 de abril de 2015 “adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”.

Las modificaciones a la Ley No.23 del 27 de abril de 2015 y el Acuerdo No.3 de 2015 tienen como objetivo que el sector de seguros y reaseguros de la República de Panamá pueda demostrar y asegurar el “fiel cumplimiento de los estándares internacionales que permitan mejorar nuestra calificación como país”.

Para Louis 'Tito' Ducruet, CEO de Unity Willis Towers Watson para Panamá y Centroamérica, lo que se solicita ahora en el Acuerdo No. 03 del 24 de noviembre de 2022 va más allá de temas de seguros. Además, se enfoca sobre clientes de ciertas características de primas y orienta la medida a un tema de riesgo que sí es un elemento nuevo que cambia el sentido de lo que se estaba realizando.

“Nuestro país está bajo fuerte presión con relación a la transparencia y de esto no está exenta la Superintendencia de Seguros. Es importante poder salir de las listas en que nos mantienen y entiendo que esto es una forma de demostrar que el país está buscando mejorar la forma de recopilar información”, apuntó Ducruet.

Indicó que la inclusión de los seguros y reaseguros al tema riesgo hace el proceso “mucho más complejo”, y quienes no tengan los recursos para invertir en las nuevas obligaciones, de seguro verán afectado su negocio.

“Ya desde hace años se había implementado el oficial de cumplimiento en los corredores y cumplimos con todo un proceso”, pero “ahora (con el Acuerdo No. 03 del 24 de noviembre de 2022), será mucho más detallado. Creo que una característica en la industria aseguradora es la agilidad de hacer el negocio y estas normas no dejarán que el mismo se desarrolle de la mejor manera. Los costos operativos de las aseguradoras y corredores van a aumentar, y los procesos de emisión serán más lentos”, advirtió Ducruet.

Sin entrar en los detalles de la información que ahora se solicitará al cliente, a Ducruet le llama la atención que “no” se haya implementado integralmente este proceso desde su inicio, tomando en cuenta que un alto porcentaje de las pólizas se origina de la compra de un bien mueble o inmueble, de un préstamo, de la necesidad de seguros de la empresa o la persona, y en casi todas estas situaciones se debe recoger la información del cliente al momento de la compra del bien, del auto, de un préstamo, etc. “Si ya intervino una institución financiera regulada o una entidad no financiera regulada o de un abogado que creó la sociedad, sería más sencillo obtener la información de cualquiera de estas entidades sin tener que poner al cliente a completar la misma información que ya debió completar”, afirmó Ducruet.

Insistió en que no hay que olvidar que la gran mayoría de los seguros se obtiene luego de haber adquirido un bien o haber asumido una responsabilidad financiera. “A mi parecer, puede ser muy sencilla la implementación de lo que se quiere lograr si hay voluntad de las diferentes entidades reguladoras que están solicitando casi lo mismo”, concluyó.

“El nuevo acuerdo (es) una visión a las fortalezas del sector en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, señala la SSRP en una nota publicada recientemente en su página web.

En agosto pasado, la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) y la World Compliance Association firmaron un compromiso para fortalecer de alguna manera entre todas las empresas de seguros los controles con respecto al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Venimos trabajando fuertemente de la mano con la SSRP los compromisos de cumplimiento de la debida diligencia; y con este acuerdo lo que hemos hecho es reafirmar ese compromiso; y lógicamente lo que estamos buscando con esto es que de parte de la industria estamos contribuyendo a salir de las listas grises”, apuntó en su momento el presidente de la Apadea, Carlos Tribaldos.

Desde junio de 2019, Panamá se encuentra en la lista de “jurisdicciones con deficiencias estratégicas” o “lista gris” de paraísos fiscales del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en exigencia del cumplimiento del plan de acción que se comprometió para mejorar los estándares internacionales.

Según el Gafi, Panamá debe completar su plan de acción a más tardar para el mes de febrero de 2023 o el grupo considerará tomar medidas.

Entre los pendientes del plan de acción están, precisamente: garantizar la verificación adecuada de información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas; el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales y seguir implementando las medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales; y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros.

En una publicación de marzo 2022, Fitch Ratings consideró que “la regulación del sector de seguros de Panamá está menos desarrollada con respecto a los estándares mundiales, en aspectos como el régimen de capital y el proceso de supervisión y vigilancia”.

En su momento, indicó que “Panamá tiene como objetivo implementar las normas internacionales de información financiera (NIIF) como su nuevo marco regulatorio de valuación de reservas técnicas. Pero debido a la pandemia, los ejercicios se postergaron durante los últimos dos años”.