Sistema de pensiones de la CSS es rescatable con el fondo de Fideicomiso de la Ley 51

Con el actual problema del pago de las pensiones dentro del programa de invalidez, vejez y muerte (IVM), la Caja de Seguro Social (CSS) tiene la opción de adquirir recursos del fondo de fideicomiso que oscilan en $1,250 millones.

La Ley 51 del 2005 detalla que el fondo fue creado para cubrir los déficit que podrían registrarse dentro del programa solidario. El proceso de solicitud se hace, a través de un informe donde la Junta Actuarial elabora los análisis sobre la situación financiera de la CSS, mientras que la Junta Directiva es la que debe presentar los informes; el último de ellos publicado en 2018.

“Como el informe no se ha realizado, el director y subdirector de la CSS pusieron esta situación como excusa para proponer a la venta los títulos, valores o bonos de la caja como única opción para llevar adelante los pagos a fin de no acudir al fideicomiso”, señaló Augusto García Castro, asesor económico y financiero del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

Debido a todas las reacciones ocasionadas sobre la venta de los bonos, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, solicito a los miembros de la junta directiva de la CSS no tomar ninguna decisión que afecta a la población aseguradora, hasta encontrar una solución integral, producto de un gran dialogo nacional, tal como lo anunció en la Asamblea Nacional el 2 de enero de 2020. 

En esta línea, Conato recomienda al presidente de la República convocar en el menor tiempo un dialogo con los trabajadores, empresario y gobiernos para discutir  soluciones integrales para el futuro de la seguridad social, entre las que se destacan la vuelta social al sistema solidario y alcanzar la eficiencia administrativa en todo los programas y servicios que presta la CSS. 

Además, solicitan la renuncia del director, Enrique Lau Cortés y el subdirector, Francisco Bustamante de la CSS, así como la eliminación del comité asesor de alto nivel. 

"Hacemos este pronunciamiento, toda vez que estas personas atentaron contra los intereses de los trabajadores y el pueblo panameño para favorecer los intereses oscuro de una minoría dominante del poder económico que se alimenta del aumento creciente de la desigualdad social y económica del país y más en momentos de crisis del COVID-19", menciono el gremio durante un encuentro virtual con periodistas.  

El economista reiteró que toda esta situación que se vive con el IVM y que data desde el 2005, es ocasionada por la Ley 51, que elimino los programas de solidaridad y creo uno denominado cuentas individuales en 2008 y cerró el financiamiento. Antes de esta promulgación, el sistema solidario funciona de manera intergeneracional, un mecanismo que fue eliminado por la Ley. 

“Todos los que estaban partir del 2008 entraron a un fondo especial privado o mixto que no permiten que la cotización que ellos realicen puedan apoyar al pago de los actuales pensionados y los que en el futuro se van a pensionar”, critico García, que al final tiene como consecuencia el colapso del sistema. 

El economista resaltó que, si los gobiernos anteriores hubieran aprovechado todos los ingresos económicos que se lograron desde el 2004 al 2011, el fondo solidario tendría una situación distinta a la de ahora.