Rechazo político y sindical al plan de Milei, que cuenta con el respaldo empresarial

Desde la expresidenta Cristina Fernández hasta figuras del radicalismo, el plan de Milei para la reconstrucción de la economía argentina anunciado este miércoles está generando un fuerte rechazo político y social que va más allá del descontento expresado en las calles por las organizaciones sociales y grupos de ciudadanos que secundan de manera espontánea convocatorias en las redes sociales.

Esta circunstancia coloca en serios aprietos el afán del nuevo mandatario de poner en marcha un plan de estabilización mediante la aprobación de un decreto de necesidad urgente (DNU) que contiene más de 300 reformas con las que pretende, de un plumazo, sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal.

“Hay que leer la Constitución completa, no hay que enfrentar a argentinos con argentinos”, reclamó la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) quien censuró a Milei, para que ponga énfasis en reprimir las protestas tumultuarias en lugar de garantizar los derechos de los argentinos.

“Cuando la democracia (en Argentina) está cumpliendo cuarenta años de continuidad, nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo”, tuiteó, por su parte, el también expresidente Alberto Fernández (2019-2023).

“Desde su asunción, el presidente y su ministro de Economía (Luis Caputo) han repetido datos falsos tratando de montar un escenario de caos para justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores”, se quejó el antecesor de Milei en la Jefatura del Estado.

Y no sólo los exmandatarios peronistas cuestionan las intenciones del líder libertario. En el Parlamento se extiende la consideración unánime de que el presidente argentino tendrá serias dificultades para que sea aprobado su plan por el hecho de que Milei ha optado por firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de 82 páginas, 366 artículos que sólo puede ser aprobado o rechazado en su totalidad, en lugar de plantear las reformas una a una.

“El presidente debería reemplazar este DNU inválido por una 'ley espejo' que se pueda votar por capítulos, y convocar a (sesiones) extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse”, propuso el senador Martín Lousteau.

“El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad”, recalcó el presidente de la Unión Cívica Radical, partido que cuenta con una amplia representación tanto de legisladores como de gobernadores.

En Propuesta Republicana (PRO), un partido de centro derecha fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y algunos de cuyos dirigentes ocupan puestos destacados en la Administración de Milei, la discusión del plan económico del Gobierno está por definirse.

“En este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la urgencia de tomar medidas valientes. De no hacerlo, nos exponen al riesgo de una hiperinflación que podría resultar devastadora para la vida de millones de argentinos”, advirtió Macri.

En el mundo sindical, sin embargo, arrecian las voces de rechazo hacia el plan de estabilización económica. Las centrales obreras consideran que las medidas del Ejecutivo recortan derechos laborales y sociales.

La peronista Central General de Trabajadores (CGT), el principal sindicato del país, que se había abstenido de participar en las movilizaciones de protesta convocadas por las organizaciones sociales hasta conocer el alcance del decreto firmado por Milei, convocó hoy (viernes 22 de diciembre) una marcha para el miércoles 27 de diciembre en la que exigirá su derogación.

La CGT, que presentará una acción en los tribunales para anular el DNU, rechaza las medidas propuestas por el Ejecutivo, que impactan directamente en la legislación laboral, desregulan amplios sectores de la actividad económica y además merman la capacidad de influencia y recaudación de las organizaciones sindicales.

En el lado opuesto, las asociaciones empresariales han manifestado un contundente respaldo al ajuste fiscal y la desregulación que plantea el Gobierno de Milei.

Tanto la Asociación Empresaria Argentina (AEA), como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), mostraron su apoyo al decreto, que busca transformar en sociedades anónimas “todas” las empresas estatales para su “posterior privatización”, a fin de desregularizar la economía argentina.

“El inicio del nuevo Gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación y un muy significativo aumento de la pobreza”, señaló la AEA.

En tanto, la UIA valoró el hecho de que “las modificaciones incluidas propicien la creación de empleo formal, garantizan la prestación de servicios esenciales y de importancia trascendental, a la vez que sancione expresamente los bloqueos a empresas”.

Por su parte, la CAC manifestó su coincidencia con el presidente Milei “respecto a los perjuicios de un Estado omnipresente, que asfixia al sector privado y de este modo condena a nuestro país al atraso, y a la necesidad de desregular muchos aspectos de nuestra economía” .

Mientras tanto, por segunda noche consecutiva, los cacerolazos y manifestaciones espontáneas en repudio al anuncio del Gobierno se extendieron por algunas de las principales ciudades del país como Rosario, Córdoba, La Plata, Bariloche y Buenos Aires, donde cientos de personas volvieron a centrarse frente al Congreso de la Nación.