Ramón Fernández Quijano: 'La justicia no existe a menos que haya un dólar al lado'

Tras casi seis años de la intervención del Balboa Bank & Trust, los accionistas siguen clamando a la justicia para que se les pueda resarcir el dinero perdido con la intervención y quiebra forzada del Balboa Bank & Trust, en detrimento de más de 2 mil depositantes. De ello conversó con La Estrella de Panamá el banquero y representante legal del desaparecido banco, Ramón Fernández Quijano, quien continuó desgranando lo ocurrido tanto con el banco como con la empresa Istmo Compañía de Reaseguros, de la cual él era presidente y CEO. La junta directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, bajo la superintendencia de José Joaquín Riesen, ordenó la liquidación forzosa de la empresa mediante la Resolución JD-021 del 5 de abril de 2017, a raíz de la lista Clinton. “A mí me intervinieron. Aplicaron la ley errada”, afirmó Fernández Quijano, quien aseguró que ahí “no se siguió el principio del debido proceso” y “se faltó a la Constitución”. Un hecho que “nos pone perversamente mal” ante los ojos del mundo. “La seguridad jurídica que hay en este país es cero. La justicia no existe a menos que haya un dólar al lado”, alertó.

La reaseguradora era accionista del banco (Balboa Bank & Trust). Comenzamos con el 50% y bajamos al 16% o 18%. Todos los accionistas del banco perdieron dinero y todos los accionistas de la compañía de reaseguros también perdieron dinero. Se perdió muchísimo dinero ahí.

A mí me intervinieron, aplicaron la ley errada, a la de reaseguros. Cuando intervienen una empresa, la quiebran de una vez. Igualito que lo hicieron con el banco. Una vez que se interviene una empresa de reaseguros, seguros, banco, empresa financiera, está liquidada, la tienes de rodillas, contra el piso. ¡La quiebras! Revivirla es casi imposible, para no decir imposible.

¡Sí! En 2017 pusimos una demanda. Contratamos una firma de abogados para poner la demanda por $76 millones, por daños y perjuicios a los cuentahabientes, que eran los más importantes, porque por habernos intervenido, ellos perdieron esa plata. ¿Qué sucede? Yo puse una demanda de inconstitucionalidad; y mi esposa, que era la accionista de Balboa Bank, decidió poner una demanda. Ahí existe un problema, que la demanda que pusimos (y posteriormente tenemos que hablarle de la compañía de seguros) fue con los mismos abogados, así que me pusieron una demanda penal a mí. Todo era controlado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces. Ahí es cuando viene toda la sinvergüenzura. Ahí se cometieron fallas. Habría que hacer una auditoría forense para determinar si hubo las fallas.

La firma de abogados Mejía y Asociados es la firma que utilizó el BTC Bank (banco que absorbió a Balboa Bank) y es la firma que utilizaron los liquidadores de Istmo Compañía de Reaseguros.

José Ángel Hidrobo y los abogados que él utilizó es Mejía y Asociados.

Pusimos una demanda porque la intervención se manejó mal; y esto es importante mencionarlo: el negocio de seguros tiene su ley, y el negocio de reaseguros tiene su ley. Son dos leyes diferentes. En otras palabras, no se utilizó la ley de reaseguros, la Ley 63 del 19 de septiembre de 1996, para intervenir a Istmo Compañía de Reaseguros. Ahí se violó el artículo No. 66 de la Ley 63 de reaseguros por la que fuimos fundados. Se violó el contenido del artículo 32 de la Constitución Política, es decir, no siguieron el principio del debido proceso legal. De ahí ya sale en la demanda, (que) la intervención está viciada. Para qué hacen esos artículos si no los van a aplicar. O sea, eso está metido en la Constitución de la República de Panamá.

Que si la comisión estima necesaria la liquidación forzosa de la compañía objeto de la intervención, presentará solicitud fundada al tribunal competente, la cual se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. A tal efecto se considera a la comisión como un acreedor de la compañía con derecho a pedir la liquidación forzosa. Los liquidadores serán nombrados por una terna propuesta por la Comisión Nacional de Reaseguros. Para los fines de liquidación forzosa se debió remitir la terna al juzgado competente, pero esto no se hizo. Otra ilegalidad. Lo que hicieron fue una liquidación tramitada o llevada a cabo de manera administrativa. En otras palabras, como les dio la gana. Incumpliendo la ley.

En esta demanda ya fallaron, en contra mía. (Luis Ramón) Fábrega, el señor (Cecilio) Cedalise (Riquelme) y el señor (Carlos Alberto) Vásquez (Reyes) fallaron en contra.

El veredicto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de los magistrados Cedalise, Vásquez y Fábrega me pone a pensar varias cosas: La falta de conocimiento del artículo 32 de la Constitución Política, es decir, el debido proceso, o no lo entienden, no lo saben o les interesa poco la Constitución del país. ¡Es grave! Que el veredicto fue escrito por alguien que no fueron ellos y lo firmaron a ciegas (mano negra) y no lo revisaron y/o les metieron un gol y/o fueron negligentes y/o recibieron órdenes de un tercero; o la falta de conocimiento por parte de los magistrados en materia de reaseguros y su ley, es total. Al igual que los funcionarios, superintendente y directores de la Superintendencia de Seguros, puede ser, entonces, que estos funcionarios no deberían estar en esos puestos. ¡Negligencia! También pregunto por la ética y honorabilidad del magistrado Vásquez, que siendo su hermano el superintendente de Seguros y Reaseguros, no se pronunció inhabilitado para ese juicio. Sé que la ley se lo permite, pero, ¿qué ética hay en este organismo judicial? Esto va mal. Este proceso desde que comenzó, comenzó mal, comenzó viciado, comenzó con odio, comenzó con todo lo que tú puedas pensar, comenzó así.

¡Mira! En valor se pueden haber perdido vamos a tirarlo más conservadoramente, como unos $350 millones en valor futuro. Es más, mucho más, pero eso es lo que se perdió en valor. Y eso se debe por varias razones. El nivel de desarrollo de un sindicato de Seguros de Lloyds Londres es costosísimo, vale muchísimo. Eso es una joya. La regalaron. Las compañías de seguros valían mucho más de lo que las vendieron. Aquí se aprovechó mucha gente de Panamá para comprar las cosas baratas, en otras palabras se fueron. Y hubo también mucho desconocimiento por parte de la Superintendencia de Seguros de llevar a cabo una liquidación de una reaseguradora. No sabían ni lo que es el negocio de reaseguro. Desafortunadamente, la Superintendencia de Reaseguros hoy tampoco tiene idea de qué es lo que están hablando del negocio de reaseguros.

No sé dónde está el dinero que recogieron porque vendieron las diferentes compañías, pero ¿dónde está esa plata? Los salarios que estos liquidadores e interventores tenían eran altísimos y no era uno. Era un grupo de gente.

Como capital y todo, en el banco se perdieron $50 millones del capital, que equivale a pérdida. Más lo que sacaron de los cuentahabientes, que son entre $25 millones o $30 millones. Exactamente la cifra no la tengo, pero son casi $100 millones.

Con esa plata agarraron y compraron un banco gratis. Segundo, no sé donde esté el resto. Nada más sé que se recapitalizó el banco por $22.5 millones. Pero realmente la transacción per se tampoco la sé porque no nos daban nada, nada de información.

Fuimos dos veces a la Presidencia. Primero, nos acercamos al señor (Juan Carlos) Varela y cuando entramos a su oficina era oírlo hablar pendejadas. No dijo nada. La segunda vez fue exactamente lo mismo. Me reuní con los que fuimos y los abogados y les dije: señores, yo no vengo más a esto, a perder mi tiempo con este señor. Posteriormente fuimos a donde el señor Dulcidio de la Guardia (ministro del MEF de ese entonces) (y dijo que) sí les voy a poner los abogados nuestros de Panamá. No puso nada. Pura mentira también. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Después oigo a la vicepresidenta (Isabel De Saint Malo) hablar barbaridades al decir: yo no respaldo a nadie. Ella está violando la Constitución del país también. Se nos violaron todos los derechos.

He tratado de hacer reuniones con la Superintendencia. Fui y cuando el superintendente entró y le expliqué todo mi caso y le dije que estaban equivocados, me dice: ¿y tú qué pretendes de esto? Le digo: yo pretendo que se haga justicia, primero; segundo, cuando se hace justicia estos señores tienen que estar presos, y tercero, ver cuánto recupero yo y los accionistas. Eso es todo. Es el mismo concepto de Balboa Bank. Que se haga justicia. No hay justicia aquí en Panamá.

¡No! Este caso (de la empresa de reaseguros) ya se perdió. Es definitivo. De acuerdo con mis abogados, y con todo, esto es un caso finito... Acuso también a la misma junta directiva de la Superintendencia por negligencia y falta de conocimiento.

Todos los accionistas han puesto una demanda. Se puso una demanda como holding, pidiendo resarcirse y también que los cuentahabientes que perdieron su plata reciban su dinero. Primero ellos, después nosotros. La demanda está puesta, pero está en el juzgado. El holding company (Strategic Investors Group) es la que está poniendo la demanda por el banco. Son demandas separadas porque los accionistas de aquí no eran de allá, y viceversa.

Esto nos pone perversamente mal. La seguridad jurídica que hay en este país es cero. La justicia no existe a menos que haya un dólar al lado.