Puerto Barú fragmenta a comunidades y ambientalistas

Con consignas, pancartas y pailas, un grupo de personas protestó en las inmediaciones del sitio de embarque en Punta de Tierra, Chorcha Abajo, en la provincia de Chiriquí, el pasado sábado 14 de septiembre.

Su propósito: extender su apoyo al Puerto Barú, una megaobra logística que se desarrollará en las inmediaciones de los manglares de David, a un costo de inversión que supera los $250 millones y que, según la empresa, promete ser ese catalizador de desarrollo y crecimiento económico para la provincia.

El grupo se instaló en la zona de embarque como parte de las alertas que recibieron sobre la llegada de un grupo de periodistas de la ciudad capital, entre esos La Estrella de Panamá, para participar en una gira que organizó la Sociedad Audubon de Panamá a los manglares de David para plantear los retos de conservación del área, su biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Así como también, realizar un recorrido por áreas aledañas al Puerto de Barú, un proyecto que, según Audubon, ha sido cuestionado porque amenaza los ecosistemas del área protegida de los manglares de David. Durante el trayecto por el río Chorcha, específicamente en el área del estero Cabrito, donde se ubicará el proyecto del Puerto Barú, se dio el primer careo entre ambas partes, que entre lanchas se acorralaron a mar abierto.

En su explicación, el biólogo Andrés Fraiz mencionó que, según el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III aprobado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), aquí es donde se pretende construir el puerto.

Para construir el canal de navegación, dijo, se dragarán nueve millones de metros cúbicos, que tendrá una pluma de sedimentación en la salida en Boca Brava, a un costo entre $50 y $100 millones. De acuerdo con el biólogo, con estas actividades se afectarán especies como el pargo, la corvina, conchas y camarones, que sufrirán contaminación. Asimismo, se perjudicará a los corales del archipiélago de las islas Paridas, la pesquería y la ruta de las ballenas por el tránsito de los barcos

“¿Cómo será esa pluma de sedimentación? ¿Cómo podría afectar a los pescadores y a los que viven del turismo? Eso en el estudio de impacto ambiental no está bien explicado ni cómo puede afectar a las miles de familias que dependen de eso”, comentó Fraiz.

Sin embargo, Erick Sánchez, de Chorcha Abajo, citó las declaraciones que dio un ambientalista en una televisora, que decía que el dragado de este proyecto eran 36 kilómetros, cuando en realidad son 6 kilómetros. “No es que estemos de acuerdo al 100%, pero lo que no queremos es que nos dañen el ecosistema. Una de las cosas que dicen que van a devastar son los manglares y eso es falso”, aseguró el hombre, quien se encontraba en compañía de otros más con pancartas que decían: “Con el Puerto Barú navegamos hacia el futuro”.

El MiAmbiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental en la categoría III, del proyecto Puerto Barú, en David, a través de la resolución DEIA-IA-0003-24 del 16 de enero de 2024.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto representa cuatro años de investigación y análisis, bajo un enfoque de logística verde y con total transparencia; y, para ello, se ha mantenido un canal abierto de comunicación con las comunidades vecinas, pescadores, profesores, estudiantes universitarios, trabajadores organizados, autoridades locales y gremios empresariales.

Este proceso formal valida la visión a largo plazo del complejo portuario multipropósito, planificado para desarrollarse en fases durante 20 años, con una inversión de $250 millones, alineándose con los principios ESG (Environmental, Social and Governance) que definen la sostenibilidad desde su fase inicial.

Tras la decisión de MiAmbiente, seis organizaciones ambientales presentaron el 5 de septiembre a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda para que se declare nulo, por ilegal, el estudio de impacto ambiental que permite la construcción del Puerto Barú, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Este proyecto tendrá un impacto directo en la zona de manglares de David, un área en donde se encuentra el 25% de los manglares de todo nuestro país”, remarcó Joana Ábrego, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam).

Guido Berguido, de la fundación Adopta Bosque Panamá, explicó que desde los procesos de consultas esta oenegé y otras han expuesto sus preocupaciones, pero la empresa ha señalado que es “totalmente legal porque Puerto Barú no se desarrolla dentro de una zona protegida”.

Puerto Barú, a través de un comunicado publicado el 16 de septiembre en medios locales, dijo que “la demanda presentada ante la CSJ es contraria a la verdad e incluso engañosa, pudiendo ocasionar un perjuicio crítico en el desarrollo y crecimiento de la provincia de Chiriquí y el país en general”.

Aseguró que el estudio de impacto ambiental explícitamente prohíbe la tala ilegal y afectación de los árboles del manglar y cuenta con un plan de manejo de mitigación de riesgos avalado por experimentados científicos y especialistas en material ambiental, en el cual se describe las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar cualquier impacto adverso que pudiera ocasionarse en su desarrollo.

Asimismo, aseguró que el proyecto se desarrollará en fincas privadas y tituladas desde 1970, las cuales se encuentran fuera de las áreas protegidas del manglar de David y sin cobertura alguna de las especies manglaríticas, como se puede certificar de conformidad con sus tres resoluciones de viabilidad ambiental y los permisos de suelo aprobados para uso comercial, turístico y marítimo.

Durante el tránsito por buena parte del canal, que es la zona que los barcos usarán para llegar a Puerto Barú, las lanchas lideradas por ambientalistas y el grupo de protestantes se encontraban para la segunda y última parada.

Aquí, Yohana Ábrego, gerente legal de Ciam mostraba que dentro de toda esta zona se depositará el material dragado para el canal. Según el estudio de impacto ambiental, detalló, se eligió este lugar para hacer los depósitos de los materiales por su profundidad.

Sin embargo, explicó que la aprobación se da cuando “una investigación de Panacetacea, una de las seis organizaciones que interpusieron la demanda en la CSJ, entre abril y septiembre de 2023, descubrieron la mayor incidencia de delfines que usan esta zona para alimentarse. Con los trabajos de depósito de dragado, estos animales tendrían que migrar”.

Pese a la explicación, Erick Sánchez, de Chorcha Abajo, indicó que se siente confiado en que este proyecto no dañará nada porque la empresa se comprometió a sacar el material y ubicarlo en un lugar que no perjudique a nadie, pero no supo justificar de qué forma la empresa haría tal proceso y con base en qué documento legal.

Constató que como comunidad no van a permitir que la empresa haga algo que no se comprometió con lo dicho. Además, no cree que se quede sin fondos para realizar este proyecto, ya que están invirtiendo $250 millones.

“Esta clase de proyectos que se pretende construir aquí se ha hecho en otros países, donde hay muchos más kilómetros, donde los barcos tienen que manejar en medio de los manglares y no hay esa devastación que a veces nos hacen ver”, expresó Sánchez.

“Queremos que las autoridades se unan a las comunidades para tratar este proyecto a que se realice porque aquí vamos a beneficiar a las futuras generaciones siempre y cuando se haga bien”, añadió.

Sánchez justificó que todo el proceso de persecución que hicieron en la gira entre ambientalistas y periodistas es porque buscaban un diálogo, ya que no se les tomó en cuenta como sí lo ha hecho la empresa con varias reuniones que han tenido.

No obstante, tanto ambientalistas como medios de comunicación tuvieron que lidiar con personas que bajos improperios o insultos buscaban llamar la atención en medio de la cobertura. Sánchez aclaró que como grupo no se están viendo beneficiados con ningún tipo de acuerdo de trabajo o dinero, sino que simplemente son acciones que hacen como comunidad para el desarrollo de la zona.