Publicaciones de ICIJ no generan inquietud en la banca panameña

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que establece que los bancos juegan un papel importante en el lavado de activos, no ha despertado ansiedad entre los miembros de ese sector de la economía panameña que aporta el 7,5% del producto interno bruto (PIB).

Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), está convencido de que el trabajo periodístico no afecta directamente a la banca panameña. “No hemos tenido ningún tipo de preocupación..., dijo el banquero.

Las autoridades panameñas han blindado su sistema financiero para evitar las actividades ilícitas. “Panamá ha superado con creces los obstáculos que tuvo en cuanto a prevención de blanqueo de capitales en la banca, para fortalecer su sistema, para allanar sus vulnerabilidades”, aseguró Berguido.

En los últimos siete años, el país ha creado más de una decena de leyes para prevenir los delitos de blanqueo de activos, entre ellas, el registro de acciones al portador, régimen de prevención de blanqueo de capitales, la tipificación del contrabando, defraudación aduanera y el congelamiento de activos. Y, además, se han firmado casi una veintena de acuerdos con los mismos fines.

A pesar de lo anterior, el país continúa siendo una jurisdicción de riesgo por encontrarse en un área del mundo donde persevera el narcotráfico, en donde existen países que producen y transportan drogas con destino a Estados Unidos.

Además, hay un sistema de justicia cuestionado y escándalos de corrupción en los diferentes gobiernos, que impactan la imagen internacional. Es, además, prácticamente imposible detener al 100% todas las acciones, reconoce Berguido.

En mayo de 2020, Panamá fue incluido en una lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. Una decisión considerada arbitraria e inconsulta por las autoridades panameñas.

La data del consorcio de periodistas indica que en Panamá se realizaron 123 transacciones sospechosas en varios bancos con sede en Estados Unidos. El país recibió $19,6 millones y envió $23,1 millones.

Las acciones de los bancos más grandes del mundo se desplomaron después de la publicación de la investigación, basada en 2,100 reportes de actividades sospechosas (SARS) de bancos e instituciones que fueron enviadas a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento de Estado de Estados Unidos (FinCEN), que es el equivalente a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF).

En este caso, señaló el banquero panameño, los bancos están alertando sobre las transacciones sospechosas, que no se ajustan al perfil transaccional del cliente, como le compete hacerlo. Pero, en todo caso, es a las autoridades reguladoras o judiciales a quienes les corresponde determinar la existencia de un delito en una transacción, no a los bancos, aclaró.

Los documentos que informan sobre el comportamiento de los clientes son pruebas de más de $2 billones de transacciones bancarias sospechosas realizadas entre 2000 y 2017 que pasaron por los bancos con una simple alerta, que no impedía cobrar las tarifas de servicios.

Una de la primeras conclusiones del regulador de delitos financieros estadounidense es que cinco bancos –“JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– continuaron sus relaciones de negocios con poderosos y peligrosos clientes después de haber sido sancionados por fallos en el control de dinero negro.

Otros, incluso, continuaron las relaciones después de que funcionarios estadounidenses alertaron de posibles acusaciones criminales de no frenarse los intercambios de negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Las acciones de Deutsche Bank cayeron más del 9% a media mañana del lunes. Mientras que las de JP Morgan Chase cayeron un 4%. Las de HSBC y Standard Chartered tocaron su nivel más bajo en 25 años, informó Reuters.

Los archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el ICIJ.

Un grupo de 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países pasaron 16 meses investigando la trama: analizando transacciones, registros judiciales, víctimas y presuntos implicados.

Las filtraciones permitieron rastrear dólares de traficantes, exploraron escándalos que paralizaron economías en África y Europa del Este, identificaron saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron en galerías de Nueva York, y siguieron a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas públicas y hospitales.

El FinCen, por su parte, citado por el diario BBC Mundo.com, señaló que las filtraciones podrían afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones que se llevan adelante, y amenazan la seguridad de las personas que presentan los informes al ente regulador.