Presupuesto general del Estado, un desafío para la Asamblea Nacional

“[El Ejecutivo] viene cada año, pide cada vez más plata, pero no te dice qué metas serán concretadas con ese dinero”, cuestionó el diputado Juan Diego Vásquez, quien es miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Vásquez señala que el presupuesto estatal debe estar basado en “resultados”. “Damos plata, pero no hay cómo medir su buen uso y cada año la cifra aumenta y este año lo hizo en cinco mil millones”, aseguró el funcionario, durante un panel sobre el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional, desarrollado por la fundación Libertad Ciudadana, hace una semana.

El espacio, que se llevó a cabo pocos días antes de que el Estado presentara el proyecto  de presupuesto general del Estado 2024, contó con la participación de la candidata a diputado por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, y el presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón.

El proyecto de presupuesto general del Estado fue presentado el pasado 31 de julio y contempla un monto de $32,754 millones, siendo la cantidad más elevada de la gestión del presidente Laurentino Cortizo, la cual cuenta con $27, 579, en 2023.

“La Asamblea, por Constitución, examina, aprueba, rechaza y modifica, el presupuesto”, explicó Vázquez, quien comentó que, para que eso suceda, el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene que “presupuestar bien”, algo que, según el diputado, no ha sucedido durante este gobierno.

“Se presupuesta para dar un poquito más a todas las instituciones... sin analizar realmente qué va a suceder con ese dinero. Lo más triste es que el MEF es tan malo, que a veces es necesario llamar a un ministro a la Asamblea, para hacer un traslado de partidas, en lugar de que la institución lo haga de forma independiente”, aseguró el funcionario.

El titular del MEF, Héctor Alexander, explicó, durante la presentación del presupuesto, que los dos sectores que serán “reforzados” son educación y el Órgano Judicial. Siendo el monto que será destinado a Educación de $ 5,735  millones y para el Judicial, $700 millones.

“Yo aspiro a entender cuál es la fórmula mágica para que el gobierno logre recaudar lo que nunca ha recaudado”, alegó el diputado Vásquez. “No quiero pensar que esos $5,000 millones adicionales sean para politiquería, porque no podemos olvidar que un porcentaje del presupuesto se va en botellas, en planillas paralelas y en las obras que no se entregan”, aseguró el funcionario, quien pide que ese dinero no salga de deudas.

La exdiputada Ana Matilde Gómez, hizo referencia al nombramiento del contralor general de la República, destacando la importancia que tiene su función en la fiscalización del presupuesto estatal. “Por lo general, el nombramiento del contralor surge de un acuerdo con el Ejecutivo”, una situación que lleva a  muchos diputados a recibir “presión” para que ratifiquen a un aspirante al cargo.

“La Asamblea no se ha empoderado lo suficiente para poder designar un contralor independiente, que permita hacer un correcto trabajo de fiscalización”, añadió Gómez.

La aspirante a diputada, considera que es necesario que el Legislativo tenga un enlace con el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Otro punto que destaca Gómez es la diferencia que existe entre las capacidades que tiene la Asamblea y lo que termina haciendo. “En teoría, cada vez que se presenta un anteproyecto de ley, debe pasar por una oficina en el Palacio Legislativo, para analizar su viabilidad financiera y constitucional, el problema es que hay diputados que consideran que nadie está por encima de ellos y no hay quien se atreva a contradecirlos”.

El exdiputado José Isabel Blandón, dijo que parte del problema surge de que actualmente “no existen las métricas que le permitan a los diputados hacer una correcta evaluación del presupuesto”, aunque ha habido diversos intentos para establecerlas. “Cuando me tocó ser miembro de la Comisión de Presupuesto, me percaté de que muchos de los programas que más éxito tenían recibían menos apoyo [económico] que otros”, algo que según el político responde a intereses particulares o ignorancia.

“Cada vez que el presidente de la república nombra a un aseador en un colegio de Barú o Darién, Benicio Robinson, [quien presidente la Comisión de Presupuesto], se entera”, afirma el diputado Vásquez, quien explica que esto sucede porque la legislación actual obliga a que cada designación que haga el presidente, sea notificada por escrito, al presidente de la Comisión, una información que, según el diputado, no es compartida con los otros integrantes.

“Cada vez que hay un traslado de dinero por debajo de lo que la Asamblea ve, tiene que haber una rendición de cuentas a la Comisión de Presupuesto, que debe manejarla el presidente de la Comisión, porque yo nunca las he visto ni las he pedido”, añadió Vázquez.

Esa realidad le da la posibilidad a la entidad de tener un rol fiscalizador más profundo, pero “no se hace porque es conveniente”, sentenció el funcionario.

Según el político, hay personas en la Comisión de Presupuesto que “han aprobado traslados de partidas, sin que el regente de la autoridad participe y sin someterlo a discusión en la Comisión. Eso es un hecho, para el que se prestaron todos los partidos [políticos] representados en la Asamblea. Pasaron una resolución, la firmaron y enviaron millones de dólares a una entidad, sin que el país sepa para qué se iba a usar”.

“Aunque creo que la Asamblea debe jugar un rol de fiscalización, tampoco podemos abusar”, concluyó el diputado, quien asegura que la fiscalización que hace la Asamblea Nacional sobre el presupuesto es “política”.