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- 30/07/2023 15:40
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Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Adolfo Fábrega García de Paredes, es urgente que el Presupuesto General del Estado de 2024 cuente con objetivos relevantes, como la educación.
Fábrega dijo que el fortalecimiento del sector educativo, asignándole el 7% del Producto Interno Bruto en el presupuesto de 2024, equivalente a 5 mil 735 millones de dólares, es un paso en la dirección correcta.
“Sin embargo, es importante recordar que el objetivo no es solo incrementar el gasto, sino mejorar la calidad de nuestro sistema de manera significativa y medible, esto es clave para mejorar la vida de los panameños”, insistió.
El dirigente recordó que el Presupuesto General de Estado para la Vigencia Fiscal de 2024 es una de las principales herramientas de la política pública con la que cuenta Panamá.
Además, planteó que ese presupuesto debe estar estructurado de manera que reduzca significativamente en el gasto de funcionamiento e incrementando el ahorro corriente y destinando recursos a la inversión pública prioritaria.
Otro punto que resaltó Fábrega en la columna semanal de la Cciap es que frente “a un aumento preocupante de 20%, 5 mil 175 millones de dólares entre 2023 y 2024 en medio del proceso electoral, “se hace urgente una revisión exhaustiva en el gasto de funcionamiento que permita optimizar los recursos disponibles”.
También el dirigente empresarial planteó que es vital revisar las leyes especiales que generan un aumento en el gasto de la planilla estatal “sin que en la mayoría de los casos haya una evaluación de desempeño que sustente estos aumentos”.
“Durante el mismo periodo mencionado se destinaron 2 mil 532 millones de dólares a este concepto. Esto hace primordial que se haga una evaluación de aquellas leyes que no contribuyen al desarrollo de la sociedad y que permitirán liberar recursos para la inversión como único vehículo hacia la prosperidad a largo plazo”, recordó.
En cuanto al área de la justicia panameña es alentador que el presupuesto contemple el 100% del monto solicitado, o sea 700 millones de dólares “para garantizar la efectividad de los programas y actividades”.
“Dado el contexto actual de lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia en el país es esencial que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público sean acordes con la importancia de sus funciones y los resultados esperados”, manifestó Fábrega.