‘Panamá todavía mantiene la calificación de grado de inversión’, pese al BBB- de S&P, asegura Chapman

La agencia calificadora Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) recortó este martes la calificación crediticia de Panamá a BBB- desde BBB, pero mantiene “estable” su grado de inversión.

S&P precisó que la principal causa de la rebaja de la calificación es la situación fiscal que enfrenta el país. Mientras que las perspectivas estables reflejan sus expectativas de estabilidad política, continuidad en políticas económicas clave y una reducción gradual del déficit fiscal de las administraciones públicas.

A pesar de estos resultados, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró en conferencia de prensa que “Panamá todavía mantiene la calificación de grado de inversión al igual que en la otra calificadora (Moody’s)”.

Precisó que el país es evaluado por tres calificadoras de riesgo Fitch, S&P y Moody’s. Y, a finales de marzo, Fitch tomó la decisión de reducir la calificación de riesgo de Panamá a “BB+” desde “BBB-”, con perspectiva “estable”, quitándole el grado de inversión al país. Por lo tanto, “era de esperarse que una decisión similar iba a ser tomada por las otras dos calificadoras, Moody´s y S&P”.

No obstante, señaló que “Moody’s lo que está evaluando actualmente es la perspectiva de la calificación de riesgo que actualmente se encuentra en una posición de estable, con una probabilidad de ocurrencia de que sea revisada a negativa, pero todo indica que las probabilidades se mantienen muy altas de que continúe en el umbral de calificación de riesgo de grado de inversión”.

Chapman consideró que la decisión tomada por S&P también era anticipada y que mucho antes de que ocupara el cargo de ministro del MEF, él ya anticipaba de que muy probablemente había altas probabilidades de ocurrencia de que las otras dos calificadoras de riesgo tomaran dicha decisión.

El ministro del MEF dijo que la decisión de $&P respalda principalmente su decisión en cálculos financieros, matemáticos, numéricos. Es decir, un análisis muy concentrado del lado cuantitativo, dando paradójicamente un respaldo, o una opinión muy favorable cualitativa.

“Anticipábamos mucho que esto iba a ocurrir porque las relaciones financieras de la República de Panamá venían deteriorándose por años. Especialmente en los últimos cuatro años el deterioro se aceleró de forma importante...”, apuntó.

A esto, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, agregó que este es un resultado ya esperado, porque cuando entraron al Gobierno hablaron con todas las calificadoras (las tres más importantes) sobre el proceso y sobre cuáles eran las iniciativas en que tenían que concentrarse durante los próximos 18 meses para tratar de mantener la calificación y tratar de ganar la calificación que habían perdido en Fitch.

En ese sentido, dijo que empezaron a tomar ciertas iniciativas y, evidentemente, una de las cosas que más preocupa a las calificadoras en este momento es el debate que se mantiene con la Caja de Seguros Social (CSS) y la situación de recaudación fiscal, por lo que están trabajando sobre eso, como parte de una estrategia de Gobierno. “De alguna manera u otra estábamos esperando esta baja en la calificación, pero manteniendo una perspectiva estable. Para nosotros no es sorpresivo. Esto era parte de un plan que hemos estado desarrollando a lo largo de los últimos cinco mes para tratar de ordenar y poner en orden la situación financiera y fiscal del país””, acotó Fernández.

El reporte de S&P destaca también que el gobierno del presidente Raúl Mulino, que tomó posesión el 1 de julio de 2024, presentó una reforma de pensiones para hacer frente a importantes desafíos fiscales a largo plazo.

Señala que la aprobación de esta reforma ayudaría a estabilizar los equilibrios fiscales a largo plazo y podría sentar las bases para avanzar en otras políticas económicas que respalden la confianza de los inversionistas y el crecimiento del PIB a largo plazo.

Del mismo modo, subraya que la reforma de pensiones, propuesta en noviembre de 2024, incluye un aumento de las contribuciones a 7,25% de 4,25%, un aumento de la edad de jubilación y el fortalecimiento de la pensión básica universal de seguridad (no contribuyente) a $144 de $120 mensuales.

“Esperamos que la administración mantenga políticas favorables para el sector empresarial de Panamá, que han permitido el crecimiento económico a largo plazo. No esperamos una reforma fiscal sustancial, ya que la prioridad del gobierno es reducir la evasión fiscal y reforzar la recaudación de impuestos”, señaló S&P, sin embargo, “aún se desconoce cómo el gobierno gestionará los asuntos pendientes relacionados con el cierre de Minera Panamá en 2023”.