Panamá, optimista de recuperar la tarjeta verde
de la Unión Europea en materia de pesca

Con la culminación de la elaboración del plan de acción nacional contra la pesca ilegal, Panamá, a través de la Autoridad Nacional de los Recursos Acuáticos (Arap), se encuentra lista para cumplir con la próxima auditoría que realizará la Unión Europea (UE) con la finalidad de salir de la tarjeta amarilla y lograr la verde en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

“Con el plan de acción y las medidas que tenemos pendientes a tomar este año, estaríamos listos para recibir la auditoría de la UE en el tercer trimestre de este año. También somos optimistas que debemos pasar positivamente esta auditoría y conseguir la tarjeta verde antes que termine el año 2025”, confesó Eduardo Carrasquilla, administrador de la Arap.

Durante su última conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reveló que el país ya presenta 60 % de avances en su proceso de cara a la auditoría de la UE, programada para el segundo trimestre de 2025.

“Se está terminando de elaborar un plan de acción nacional contra la pesca ilegal como compromiso para sacar a Panamá de la tarjeta amarilla y recuperar la verde, que nos sitúa en un plano normal y funcionando bien”, comentó Mulino.

Entre los avances que se destacaron estuvieron la aprobación que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la contratación de más inspectores de puertos, plantas procesadoras de pescado, la compra de cinco patrulleras, así como la adquisición de un software de trazabilidad para interconectar todas las operaciones pesqueras de aguas nacionales. Además, de la disminución de 300 a 80 los puertos autorizados.

Según el administrador de la Arap, cada uno de los trabajos se desarrollaron dentro de la instauración de la Comisión Interinstitucional Contra el Combate a la Pesca Ilegal, en noviembre de 2024. Dentro de cada proceso, dijo, se contó con la participación de nueve instituciones.

“Se hizo una iniciativa consolidada de gobierno que permitió establecer un plan de acción de ocho puntos que contempla un conjunto de acciones que nos permitirán garantizar el cumplimiento total de todas las objeciones que planteó la UE en su última auditoría, en 2023”, explicó Carrasquilla.

Con su auditoría, a la UE le interesa que Panamá pueda dar evidencia de que, en efecto, está controlando todas las operaciones de las flotas, ya sea en aguas internacionales como nacionales.

Por lo tanto, revisará las evidencias documentales que pueda tener la ARAP sobre el control que hace en las flotas que estén en aguas internacionales, tomando en cuenta que Panamá se adhiere y cumple con las reglas que estipulan las organizaciones que fiscalizan estas zonas, que van desde el Pacífico, Pacífico Oeste y Atlántico.

Uno de los puntos medulares para superar la auditoría de la UE tiene que ver con el plano económico que deberá realizar la Arap. Para octubre de 2024, la entidad no contaba con los los $3.5 millones que necesitaba invertir para cumplir con las recomendaciones de la auditoría programada por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE), tras sufrir recortes en su presupuesto por las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno.

“Nosotros sufrimos una disminución de 18 % de nuestro presupuesto, el cual, pues, nos dejó prácticamente con cero asignación para inversiones en el 2025”, puntualizó el administrador de la Arap.

La DG-MARE de la Comisión Europea fiscaliza el desarrollo y la aplicación de la política marítima integrada para la gestión y la política pesquera común, con el fin de promover el desarrollo sostenible de las actividades marítimas, así a la explotación sostenible de los recursos pesqueros dentro y fuera de aguas comunitarias de los 27 Estados miembros de la UE.

En un cambio de giro, Carrasquilla informó que el MEF ubicó los fondos de la DG-MARE, a través de la figura de crédito extraordinario por el orden de $7,2 millones. La solicitud, dijo, la estarán presentando el próximo mes de abril en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

“Con este crédito extraordinario podremos concretar todas estas acciones que te dije que están pendientes y que eminentemente son nombramientos y adquisiciones de equipo marítimo y software. Con esto, deberíamos licitar rápidamente para poder cumplir con los compromisos que tenemos pendientes”, comentó el administrador de la Arap.

En la actualidad, Carrasquilla explicó que la pesca ilegal en Panamá golpea fundamentalmente a zonas protegidas y áreas restringidas.

La principal área, agregó, con altas incidencias de pesca ilegal es la cordillera de Coiba, la zona adyacente al Parque Nacional Coiba y la zona protegida del área de Bahía Piña, en Darién.

“Esas tres zonas son las de mayor incidencia de pesca ilegal, provocada principalmente por parte de nuestra flota nacional, que hace caso omiso de la regulación y entran a zonas donde esta prohibido realizar la pesca industrial, una actividad no permitida por las leyes”, subrayó el administrador de la Arap.

La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en 2019, explicó, Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP.

Después de 2019, dijo, hubo dos auditorías, una en 2020 y otra en 2022, sin resultados para salir de la sanción de la tarjeta amarilla, situación que representaría que la tercera auditoría sea una sanción para una tarjeta roja