¿Hacia dónde va la modernización del sistema financiero?

Durante un conversatorio con periodistas celebrado el pasado 1 de diciembre, la directora de regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Ana Raquel Velazco, compartió las perspectivas del ente regulador hacia dónde va y hacia dónde están promoviendo o estimulando la modernización del sistema financiero, desde la óptica de un proyecto de ley que están trabajando a lo interno y que actualmente está en discusión en la industria bancaria y otros participantes.

“Queremos actualizar una regulación que realmente es de hace prácticamente 20 años, del año 2000. Queremos llevarla a estándares un poco más rigurosos y estamos en ese proceso”, sostuvo Velazco, quien consideró que este es un tema de vital importancia porque traerá aspectos muy “positivos” para Panamá, que le permitirán mantener su competitividad ante los ojos del mundo.

Pero más allá de hablar de hacia dónde va la hoja de ruta regulatoria de la Superintendencia, hacia dónde van en materia de Basilea III, dónde están con los temas del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y el cumplimiento de Panamá con el plan de acción, antes ahondó sobre el tema de la ley de modernización del sistema financiero.

Precisó que las regulaciones de 2021 están un poco dentro de la hoja de ruta regulatoria en prospectiva y en cumplimiento del plan estratégico de la Superintendencia de Bancos, sobre todo de las regulaciones en línea con los estándares internacionales de Brasilea III y también en línea con la preparación interna de la SBP, de cara a posibles nuevas evaluaciones del Gafi.

En ese sentido, recordó que Panamá va a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Gafi que está programada para 2023. El grupo evaluador tendrá una reunión “cara a cara” con Panamá en enero de 2022 para revisar los avances, previo a la plenaria del Gafi en febrero de 2022.

En esa línea, dijo que tal y como lo hicieron en 2017 se preparan para ello y en ese norte establecen cuál es la posible hoja de ruta regulatoria. Pero, además, agregó que Panamá ha solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) la evaluación de su sistema financiero, ya que el último que se hizo al país data de casi una década. El último fue en el año 2012.

“Esa evaluación es un programa realmente profundo e intenso que involucra que como institución estemos preparados. Entonces, en esa perspectiva está enfocada nuestra hoja de ruta regulatoria”, afirmó Velazco.

Por otro lado, compartió lo que es el plan de acción y en dónde están según las responsabilidades que le competen a la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Indicó que en la Superintendencia también trabajan en la innovación y transformación digital desde la perspectiva de la ley de modernización del sistema de pagos.

En cuanto a las regulaciones para 2021-2023, dijo que en una forma muy somera de comentar, primero han emitido durante este año la regulación vinculada a todo el proceso de licenciamiento de las empresas fiduciarias.

Destacó que en el año 2017, a través de la Ley 21, se le atribuyó a la Superintendencia de Bancos no solo la facultad de supervisar el negocio fiduciario, sino también de regularlo.

Y a medida que han transcurrido los años, añadió, se han ido haciendo algunas regulaciones muy puntuales. Al punto que actualmente cuentan con una gran lista de regulaciones para el sector fiduciario, y una de ellas es el acuerdo fiduciario 1 de 2021, que es el primer acuerdo fiduciario de este año que establece todas las reglas para el otorgamiento de la licencia fiduciaria.

Añadió que también poseen una serie de retos regulatorios, sobre todo la reglamentación por parte de la Superintendencia de Bancos, de la ley de protección de datos que se emitió hace dos años, pero que hace escasos cinco meses el Órgano Ejecutivo reglamentó.

Subrayó que producto de esa reglamentación tienen facultades de ser un regulador de materias o leyes especiales que reglamentan dicho proceso. Así es que en este momento están en la elaboración de un marco regulatorio, que, según adelantó Velazco, estiman debe estar saliendo entre los meses de enero y febrero de 2022.

“Es un gran reto para la institución y para los datos que ya están en el proceso de implementación”, reiteró Velazco, quien a su vez enfatizó que además tienen otro reto regulatorio interesante que es “definir los criterios para la imposición de las sanciones y este es un tema que está directamente vinculado con los requerimientos del Gafi a Panamá”.

Destacó que recientemente acaba de ser emitida la Ley 254 sobre prevención del blanqueo de capitales, en la cual a su vez se hizo un cambio sustancial en la posibilidad de imposición de las sanciones en una esfera que antes era de $5 mil a $1 millón, a la posibilidad de imponer hoy sanciones de hasta de $5 millones.

“A esa ley yo le llamo un poco chorizo, porque modificó múltiples leyes, entre ellas la Ley 23 y particularmente modificó el artículo 60 de la Ley 23 de 2015 (sobre sanciones por blanqueo de capitales)”, explicó Velazco.

Señaló que para la imposición de estas posibles sanciones a futuro, la Superintendencia de Bancos va a reglamentar los criterios, por lo que ese es uno de los temas que próximamente van a estar emitiendo, y el resto son una serie de regulaciones muy vinculadas con Basilea III y la hoja de ruta regulatoria al cumplimiento del Fondo Monetario Internacional que, de antemano, los “técnicos sabemos que van a ser parte de sus evaluaciones”.

¿Qué están haciendo? “Nos estamos preparando para ello (las evaluaciones del FMI)”, aseguró Velazco, quien mencionó que esas posibles regulaciones van a ser, por supuesto, el establecimiento en Panamá del colchón de conservación de capital, que es uno de los colchones que requiere Basilea III, el establecimiento de buenas prácticas y metodologías avanzadas, el proceso de autoevaluación de capital por parte de las entidades bancarias, y una norma sobre riesgos de tasas de interés de libre bancario.

“Esto, en síntesis, son quizá las regulaciones vinculadas con los temas de Basilea”, afirmó Velazco, quien agregó que también están los temas vinculados a ciberseguridad, gobierno corporativo y la actualización de las normas vinculadas con las normas de prevención del blanqueo de capitales.

“Tenemos un gran reto en actualizar todas las regulaciones aplicables para los oficiales de cumplimiento. Así que en materia de prevención contra el blanqueo de capitales habrá también grandes retos regulatorios. Esto sin perjuicio de regulaciones que no son solo para las entidades bancarias, sino también para la entidades que hoy supervisamos en materia de prevención del blanqueo de capitales –que no solo son bancos– y para las cuales tenemos un gran reto regulatorio. Me refiero a todas las empresas de leasing, factoring y sobre todo los medios de pago y dinero electrónico”, puntualizó Velazco.

Respecto a la realidad regulatoria del año 2020-2021 dijo que más allá del acuerdo 1, 2021 que modifica la hoja de ruta regulatoria tanto del año 2020 como del año 2021, ha estado muy focalizada en establecer medidas adicionales para los aspectos vinculados con riesgo de crédito frente a la situación de la pandemia y particularmente el acuerdo 2, 2021 trajo los lineamientos y los nuevos parámetros para la atención de los créditos modificados que sufrieron una especie de alivio en un determinado momento, producto de la pandemia.

En un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Hacia el desarrollo y la sofisticación del sector financiero de Panamá”, publicado en mayo pasado, Jhonatan Astudillo, Carlos Garcimartín y Christian Schneider analizan el desempeño reciente del sector financiero.

El análisis concluyó que el sistema financiero panameño es uno de los grandes activos del país. “Ha acompañado la fuerte expansión económica que ha permitido a Panamá convertirse en la nación con mayor PIB per cápita de América Latina”; pero requiere de una “modernización”.

Sugieren centrarse en varios aspectos clave: “la reducción del costo regulatorio, el desarrollo del mercado de capitales como un hub regional, el aprovechamiento de la tecnología para lograr eficiencia y reducción de costos y la mayor profundización financiera e inclusión de aquellos grupos socioeconómicos con un limitado acceso a productos”.

Dentro de los hallazgos se encontró que el sistema financiero tiene carencias importantes para atender a determinados segmentos empresariales y de población.

La escasa internacionalización de la banca panameña, el bajo grado de desarrollo de los mercados de valores y de la industria fintech, la alta concentración de la cartera crediticia o las dificultades de la mipymes para acceder al crédito, son algunos ejemplos de ello.

“Todo ello ha reducido la capacidad del sistema para convertirse realmente en un centro financiero regional atractivo para el establecimiento de grupos financieros importantes”, apuntó la investigación.