Mitchell Morán: 'Sea Energy Shipping, Inc., puso en peligro el ambiente'

El abogado Harley Mitchell Morán reaccionó a la réplica que solicitó la empresa Sea Energy Shipping,Inc., por un derrame de petróleo ocurrido en aguas cercanas a la isla de Taboga.

Mitchell, quien interpuso una demanda penal contra la empresa por el derrame en la isla, aseguró que resulta “muy lamentable que se continúe subestimando el nivel de responsabilidad que conllevan las continuas omisiones (de la empresa) ante el Estado panameño, a pesar de que gocen del favor del regente de la entidad administrativa que debería supervisarle, quien es el administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz”.

El jurista insistió que la barcaza Sea Lion, que estuvo bajo la licencia de la empresa Sea Energy Shipping, Inc., además de ser señalada por el derrame en aguas de la “Isla de Flores” en 2021, también protagonizó un derrame en las aguas del Canal de Panamá en 2020. “Según la AMP fue sancionada, sin embargo, la empresa mantuvo su licencia de operaciones”, reiteró el abogado.

El también ambientalista continuó argumentando que no es correcto afirmar que Sea Energy, Inc. no posea procesos penales, porque las denuncias reposan en los pendientes de investigación del Ministerio Público.

“No solo la petición de investigación presentada por nosotros hace un año, sino la ampliación de la misma, que pone en conocimiento que la empresa colocó dentro de su licencia un buque ya peligroso para el ambiente, la barcaza petrolera Sea Lion, de tal manera que los propios informes de mandos medios idóneos de la AMP señalan que la deteriorada nave hace peligrar las aguas panameñas por su incumplimiento de normas al respecto, petición ignorada por el administrador general, Noriel Araúz, por años, colocando en alto riesgo las costas de la isla de Taboga y del país”.

La Estrella de Panamá ha confirmado que la ampliación de la actuación legal tiene como base el artículo 402 del Código Penal, que dice que quien en incumplimiento de las normas aplicables, maneje, deposite, transporte o disponga aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años, aumentándose esta pena si estas puedan perjudicar las aguas de nuestro país. Es decir, que no se requiere siquiera de la ocurrencia de un desastre para que se inicie una investigación.

“Estamos muy decepcionados de que la empresa Sea Energy, Inc., representada legalmente por el señor Gabriel Fernández, no vea estas situaciones como una manera de adecentar sus prácticas administrativas y ambientales, sino como un asunto de imagen reputacional, sin preocuparse por remediar y aceptar los deberes que tiene con el Estado panameño, más allá de la amistad y favoritismo ya notorios que pudiese tener con el administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, puesto que en el caso que nos ocupa, los expedientes de la propia AMP, que constituyen prueba pericial y dan fe pública, son los que fundamentan mis acciones, y los confeccionaron los propios subalternos de este particular funcionario. Así que la “verdad material” de los hechos ya ha sido comprobada”, dijo el ambientalista.

Neftalí I. Jaén M., representante legal de Fernández, afirmó que la barcaza Sea Lion no pertenece a su cliente y que la misma no se encuentra en Panamá.

Jaén añadió que conserva fotocopia de la Resolución DGPIMA No. 089-2021 emitida por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, mediante la cual se dispuso el 27 de agosto de 2021 'cerrar la denuncia presentada por Mitchell Morán y ordenar el cierre y archivo del presente cuadernillo'.

Aseguró que consta un informe de las inspecciones realizadas a la embarcación Sea Lion, que “de los buques abordados y que estaban próximos a la isla no se evidenció que estuvieran involucrados en el suceso de contaminación”.

Por último, Jaén dejó establecido que la empresa nunca ha sido objeto de ningún proceso penal en su contra.