MEF: déficit acumulado del SPNF se sitúa en $6.416 millones o 7,35 % del PIB estimado a diciembre de 2024

El 2024 cerró con un déficit acumulado de $6.416 millones o 7,35 % del producto interno bruto (PIB) estimado, un repunte solo comprable con el manejo de las finanzas durante la pandemia de la COVID-19 en Panamá, lo que, a juicio de economistas, podría ser el indicativo de un retroceso, lo que obligará al gobierno de turno a desarrollar un proyecto de ley que recorte aún más el gasto, mejore la recaudación de ingresos o elimine exoneraciones y subsidios.

Con base en el “Balance Fiscal del Gobierno Central y del Sector Público No Financiero” (SPNF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el balance fiscal del Gobierno Central fue deficitario en $6.774 millones o el equivalente a 7,76 % del PIB.

En tanto, el déficit fiscal del SPNF fue superior al que preveía el tope en la Ley 185 de 25 de noviembre de 2020, que modificaba la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), de 2,0% del PIB.

No obstante, el MEF aclaró que la Ley 445 de 28 de octubre de 2024, que modificó la LRSF, no estableció topes para el déficit fiscal del SPNF en 2024.

El mayor déficit del SPNF, con relación a lo inicialmente establecido en la LRSF, se debe al no cumplimiento de los supuestos con que se construyó el presupuesto del Gobierno Central.

Estos supuestos, señala el MEF en el reporte, “se utilizaron en la construcción del presupuesto del Gobierno Central, con un crecimiento económico real de 2,5 % para el año 2024, con respecto al año 2023, además, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024 contemplaba ingresos corrientes del Gobierno Central por $11.834 millones, lo que significaba un incremento de 17,0 %, con respecto a lo recaudado en la vigencia 2023; la subejecución de $1,856 millones en los gastos de Gobierno Central y, para el resto del SPNF de $1.264 millones, para un total de $3.120 millones.

La variación porcentual o crecimiento del déficit acumulado (7,35 % al 31 de diciembre de 2024) es casi comparable al balance total preliminar del SPNF al cierre del año 2021, cuando mostró un déficit acumulado de $4.238 millones, un equivalente del 6,66% del PIB estimado. Sin embargo, en ese momento, el monto se situó dentro de lo estipulado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, 7,0 % - 7,5 %, según la Ley 185 de 25 de noviembre de 2020. Además, los ingresos del SPNF totalizaron en $11.514 millones, producto de la reactivación económica; mientras que los gastos, con $15.752 millones también crecieron porque continuaron con la política de estabilizadores automáticos desarrollada por el Estado.

Para el economista y actual director advisory services de la consultora PriceWaterhouseCoopers, David Saied, la cifra alcanzada (7,35 %) es incluso mayor a la esperada, siendo la mayor pospandemia. “Es un déficit, que aunque tiene justificación por la herencia de la administración pasada, es más alto de lo que muchos analistas estaban esperando. Esto nos acerca cada vez más a la necesidad de que el Estado presente un proyecto de ley donde tome medidas de recorte al gasto, de ajustes para mejorar los ingresos o de eliminación de exoneraciones y subsidios, con base a lo que el MEF ha planteado en muchos foros”.

“Si la reforma de la Caja de Seguro Social no es la adecuada y el MEF no toma algunas medidas, estamos seguros de que puede haber una afectación en la calificación crediticia. Estas medidas debieran ser por ley, por ende, la expectativa de los analistas y las calificadoras debe ser de que el Gobierno Central o más bien el órgano Ejecutivo debería presentar un paquete que genere confianza de qué se va a reducir el déficit”, advirtió Saied.

El MEF, a través de un comunicado de prensa, reiteró que desde octubre de 2024, el titular de la cartera, Felipe Chapman, vaticinaba el déficit fiscal, es decir, un faltante luego de calcular los ingresos y gastos, de $6.416 millones, en las cuentas del Estado panameño.

Chapman, quien participó en un evento de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, había adelantado que el déficit significaría entre $3.200 millones y $3.500 millones del total del PIB del país, pero ahora las cifras son mayores.

En julio de 2024, una nueva administración asumió el compromiso de restaurar la disciplina fiscal y la estabilidad financiera del país ante el cierre fiscal de 2024, que registró un déficit del 7,4 % del PIB, lo que representó $6.426 millones.

Al enumerar los factores heredados que incrementaron el déficit fiscal, señaló que esto representó 6,2 % del PIB, distribuidos en: la sobreestimación de ingresos, $2.207 millones (3,1 % del PIB); cuentas por pagar sin presupuesto, $786 millones (0,9 % del PIB); y la sobreestimación de baja ejecución de gasto en proyectos de continuidad, $1.921 millones (2.2% del PIB).

El ministro Chapman afirmó que para revertir este panorama, el Gobierno Nacional implementa medidas estructurales clave que permitan estabilizar la economía y fomentar un crecimiento sostenido, entre las cuales resaltó: ajustes a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para simplificar la regla fiscal y fortalecer la transparencia en la política pública; se controla el crecimiento del gasto y se establecen metas claras para la reducción de deuda; y se refuerza el Consejo Fiscal, la creación de una unidad de control del gasto en el MEF y constitución del instituto de planificación económica a mediano y largo plazo.

Además, se presentó el Plan Estratégico de Gobierno (2025-2029), en el que se destinarán $30.277 millones en proyectos claves, con una inversión anual del 6,57 % del PIB, para impulsar: la educación y el acceso a servicios básicos de calidad, a los sectores económicos generadores de empleo, a una gestión pública eficiente y transparente, con sostenibilidad ambiental, dijo el ministro.

Con estas reformas, se proyecta un crecimiento económico entre 4,0 % y 5,0 %, muy por encima del promedio regional, y se planifica reducir el déficit fiscal del 3,88 % en 2025 al 1,5 % en 2030, junto con una disminución sostenida de la relación deuda/PIB.

Esta transformación consolidará un modelo de gestión pública sólido, capaz de generar confianza y resiliencia ante futuros desafíos, posicionando a Panamá como referente en estabilidad fiscal y crecimiento sostenible en la región, concluyó el ministro Chapman.