CCIAP exige aprobación de la ley que penaliza el fraude fiscal

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera de importancia que la Asamblea Nacional sancione, antes de culminar el año, la ley que penalizará la defraudación fiscal.

Mediante el comunicado de la Cámara Opina, el presidente de la CCIAP Gabriel Barletta, recordó que el gremio que representa formó parte de la mesa técnica de análisis del Proyecto de Ley 591, aprobado en primer debate, que busca sancionar con penas de dos a cuatro años de cárcel este delito financiero.

Asimismo destacó que durante el debate mencionado se acogió la sugerencia de la CCIAP de cambio sobre la fijación de responsabilidad penal a quien dolo lesione o defraude el Tesoro Nacional, lo cual se estipula en el Artículo 254A, que fue propuesto por los gremios.

“Reconocemos la importancia de legislar y penar la evasión fiscal, al igual que la de revisar los puntos señalados por entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera en esta materia, por lo que es necesario que el pleno avance para contar con una legislación en este sentido, a fin de año”, afirmó.

El titular de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Ricardo Fernández, ha advertido que si no se concreta la ley que penaliza la evasión fiscal,  Panamá podría regresar a la "lista gris" de los organismos internacionales.

El gremio también instó al Órgano Legislativo a cumplir con lo pertinente a la devolución por parte del Ejecutivo, de la nueva ley de presupuesto, pues indicó que el (presupuesto) de 2019 es de suma importancia, dado que será compartido por dos administraciones gubernamentales.

“En un año electoral como el que se avecina, se debe actuar con mesura, prudencia y, especialmente, con una previsión que cierre el paso al despilfarro de los recursos disponibles. Eso es una visión responsable de país”, afirmó.

Y por último pidió la ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues considera que la Asamblea Nacional está llamada, además de hacer de contrapeso en la separación institucional de los poderes públicos, a cumplir su tarea aprobatoria con la responsabilidad de responder a las exigencias de idoneidad, méritos e independencia, de manera que se corrija el maltrecho rumbo que desde tiempo atrás sigue la administración de justicia en el país.