Gobierno, sin fecha para pagar los $290 millones que adeuda a contratistas

El gobierno todavía no tiene fecha estimada para hacer los pagos adeudados a los contratistas, que hasta la fecha suman $290 millones, confirmó el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Carlos Allen, a La Estrella de Panamá.

Los atrasos, según Allen, se dan a pesar de las gestiones que la Capac ha realizado con el presidente de la República y su equipo de trabajo.

“Las cuentas afectadas en estos momentos no se han pagado y estamos próximos a retomar las comunicaciones con el presidente para conocer de su propia voz la fecha destinada para que hagan estos pagos”, comentó.

La deuda de $290 millones corresponde a cuentas que datan de 2022 hasta el primer trimestre de 2023.

Esto sin contar los otros $70 millones que le adeudan al Fondo Solidario de Vivienda (FSV), un programa que implica un aporte o “bono” de $10.000 que se otorga a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) como abono inicial para las familias y personas que deseen adquirir su primera casa, cuyo costo no exceda los $70.000, sin incluir el monto correspondiente a gastos legales y cierre de transacción. También se encuentran los $500 millones que el gobierno tiene pendiente de reconocerles a los bancos en créditos fiscales, producto de estos intereses preferenciales.

El presidente de Capac contó que estas cuentas ya han sido homologadas con el ministro de Economía, Héctor Alexander, y avaladas por las diferentes instituciones gestoras, por lo que les preocupa que “no haya fecha para hacer los pagos, que están afectando a los contratistas y a la economía de la industria”.

“La comunicación que nos ha dado el gobierno es que está esperando ingresos internos y externos para lograr hacer o concretar estos pagos. Ha hablado de partidas muy puntuales, pero lamentablemente no tenemos una fecha concreta para que los contratistas cobren sus cuentas”, sostuvo.

Para Allen no es un secreto que el balance del presupuesto del Estado tiene problemas financieros, que lo han llevado a destinar recursos extraordinarios para el pago de obligaciones o deuda.

Sin embargo, mencionó que han realizado las comunicaciones con el ministro de Economía para solicitar otra reunión con el presidente de la República para precisar el tema del pago de los contratistas que afecta tanto a los inversionistas como a las familias que apuestan por un Fondo Solidario de Vivienda.

Como resultado de esta deuda, Allen reveló que los bancos de manera directa han comunicado su bajo interés en otorgar préstamos del Fondo Solidario de Vivienda. Por otro lado, existe la desconfianza de los inversionistas de no querer apostar por proyectos nuevos porque la banca endurece “un poco” los términos de referencia para los créditos, ocasionando que las familias retrasen sus compras esperando “mejores oportunidades”. “Todo es una cadena que hay que ir resolviendo en un corto plazo para que la economía se pueda mover”, aseveró.

Hace una semana, la Capac tuvo un conversatorio con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Contrataciones Públicas y contratistas del sector privado.

El encuentro tenía como objetivo unificar criterios, alcanzar consensos y compartir la forma de interpretar y aplicar las normas que establece la Ley 22 en materia de contrataciones públicas. Dentro de la temática se analizaron los procedimientos de costos adicionales por decisiones de las entidades contratantes, el trámite de las adendas de contratos, la modificación de los contratos por interés público y el reconocimiento y pago de los intereses moratorios.

La ley de contrataciones públicas establece que el contratista tiene derecho al cobro de los intereses moratorios, por mayor permanencia en obra. Además, tiene derecho a cobrar los aumentos en materiales contratados con el Estado a un precio si se dispara por razones ajenas, como una pandemia, una guerra o limitaciones en el transporte marítimo.

De acuerdo con la Capac, lograr un consenso en la ejecución de la ley de contrataciones públicas generaría un mejor clima de las inversiones en el país, fortalecería la seguridad jurídica y estimularía el crecimiento de la economía. Por otro lado, eso repercutiría en el pago a tiempo por parte del Estado de las obras contratadas y cerraría el círculo del desequilibrio contractual que afecta la ejecución de las obras que no se culminan a tiempo, lo que trae consecuencias negativas para el desarrollo del país y su población.

“Estos temas se seguirán debatiendo en futuras reuniones, con aportes y propuestas, que es necesario hacerlas para que el Estado, por su parte, obtenga obras con calidad, de acuerdo con el presupuesto, pero sobre todo que el contratista pueda recibir el pago por el valor de la obra”, enfatizó Allen.