Gobierno adeuda más de $350 millones entre contratistas y promotoras

El Gobierno Nacional le adeuda desde el año pasado a los contratistas del sector construcción unos $300 millones y a las promotoras que promueven el Fondo Solidario de Vivienda otros $50 millones; mientras sectores privado y gubernamental analizan este jueves la extensión del régimen de intereses preferenciales hasta agosto de 2024.

La deuda con los contratistas sirvió para el pago de cuentas de 2021 vencidas y otras con cerca del año, luego de que en abril de 2022 gestionaron un crédito extraordinario.

Carlos Allen, presidente reelecto de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), manifestó este miércoles en su toma de posesión, que para reactivar el sector “es necesario que el Gobierno Nacional cumpla con estos compromisos y reconozca, los intereses que ha generado el no pago o la falta de pago a tiempo de sus compromisos, para que de esa manera las empresas contraten más personal y generen una mayor actividad económica”.

Explicó que cada año, el gobierno en el presupuesto contempla la partida de los proyectos en construcción, pero la ejecución no es cumplida a cabalidad por factores como el tipo de proyecto o el mismo contratista, quedando el proyecto sin la partida correspondiente, demorando el periodo establecido en el contrato.

El titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, quien participó en el acto, salió al paso tras las declaraciones de Allen e indicó que se saldará la deuda en “orden de prioridades”.

“La situación (económica) del país sigue siendo estrecha, lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas es poner una pausa en las inversiones que hacen los ministerios, para que el presidente sea selectivo y de manera discrecional se avancen con algunos pagos, sobre todo, los más atrasados. Se están buscando fórmulas de financiamiento para cumplir con esa deuda”, manifestó Paredes.

A través del Miviot, el Gobierno Nacional, le adeuda desde abril de 2022 a las promotoras de vivienda unos $50 millones del Fondo Solidario de Vivienda.

Con el Fondo Solidario de Vivienda, las promotoras deben ofertar las viviendas en hasta $70 mil para recibir del gobierno un apoyo financiero de $10 mil, sin incluir los gastos legales, que sirve de abono para que las familias con un ingreso mensual que no supera los $2 mil adquieran de su primera casa.

El 45% de las casas que se construyen en Panamá están relacionadas con el Fondo Solidario de Vivienda. “Mediante estudio han demostrado que la industria de la construcción genera un bienestar económico que supera del sacrificio fiscal”, indicó Paredes.

Durante el 2022, el Fondo Solidario de Vivienda fue destinado para la compra de 5,800 viviendas, unos $58 millones.

Este jueves, el sector privado se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo Cohen, para solicitarle la extensión del régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios para nuevas viviendas de interés social hasta agosto 2024.

La extensión aplicaría para el tramo de casas nuevas con un valor de mercado de $45 mil a $120 mil, que venció el pasado 1 de enero de 2023.

El tramo en mención permite a los dueños pagar una diferencia menor en la letra mensual, ya que el Gobierno Nacional le reconoce una diferencia de 4% por 10 años a partir de la aprobación del préstamo.

En los últimos 9 años, la tasa de referencia del mercado local hipotecario ha oscilado entre 6.00% y 5.25%, pero desde el segundo trimestre de 2019 al cierre de 2022 se situó en 5.75%, según la Superintendencia de Bancos de Panamá. No obstante, no se sabe con precisión cuánto le adeuda el Gobierno Nacional a la banca con respecto a los intereses preferenciales para nuevas vivienda de hasta $180 mil.

La extensión serviría para salir del inventario de viviendas actual de los promotores —unas 40.000 casas— comentó el presidente de la Capac, y a su vez, estimularía la construcción de más residencias de interés social, generando empleos directos e indirectos y promoviendo la reactivación económica.

Pero de no lograrse, Allen comentó que “no se van a construir más viviendas en ese segmento”, lo que atrasará al sector, debido a que, posiblemente, “las familias pierdan el interés en comprar, porque no podrán pagar la mensualidad”.

Para el 2023, la Capac espera que el sector cierre con un crecimiento parecido al 2019, cuando alcanzaron cerca de un 15%. En el año 2022, tuvieron un 10% de crecimiento, luego de que en dos años donde la pandemia. “Estamos viendo un repunte en la actividad económica muy lenta, pero se ve”, dijo.

La Capac estima que en este momento no han llegado a los niveles de empleo del 2019, con 80.000 trabajadores, y hoy la cifra es de 30 mil a 40 mil empleos.