Especialistas advierten del riesgo de que Panamá pierda grado de inversión

Este año Panamá tiene el reto de no perder el grado de inversión por parte de la calificadoras de riesgo S&P y Moody’s Ratings, una situación que preocupa a la administración de turno, pues luego de que la discusión en el pleno de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social no avanza, el endeudamiento se situó por encima del 7 %, entre otros, sirven de presión para que Panamá sea un ángel caído financieramente.

El 28 de marzo de 2024, la calificadora de riesgo Fitch Ratings, le quitó el grado de inversión al país, luego de ser la primera en otorgarlo en 2010 al pasarlo de ‘BB+’ desde ‘BBB-’. A mediados de febrero 2024, analistas de la división de Investigación de Inversiones Globales de Goldman Sachs advirtieron que usualmente toma 13 meses para que un soberano se convierta en un “ángel caído” después de recibir su primera perspectiva negativa con una calificación BBB de una agencia de calificación.

El riesgo al que se aproxima el país, incluso, es reconocido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien dijo que, evidentemente, la preocupación latente es la Caja de Seguro Social, siendo la columna vertebral financiera del país.

“Si esa ley no se aprueba bien, ¡apaguen la luz y vámonos, tan sencillo como eso! Esa es la enorme responsabilidad que pareciera que la Asamblea pelotea y pelotea. Yo tuve ayer [miércoles pasado] una reunión importante con la presidenta de la Asamblea [Dana Castañeda] y se lo volví a pedir [...] con el ánimo de decirle: ¡Esto es de verdad, esto es de verdad!, si esa ley se pasa bien, avanzamos, si no se pasa bien, primero la voy a vetar y hasta ahí llegó el juego para el país. El que no lo quiere entender, ya yo no sé en qué idioma hablárselo, pero la verdad es que es una situación muy delicada y dilatada en el tiempo, que trataremos con el apoyo de la Asamblea Nacional lograr pasarla coherentemente”, afirmó.

Debido a la situación, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que la nueva administración asumió el compromiso de restaurar la disciplina fiscal y la estabilidad financiera del país ante el cierre fiscal de 2024, que registró un déficit del 7,4 % del producto interno bruto (PIB), lo que representó $6.426 millones, informó el ministro durante una reunión con inversionistas internacionales.

Al enumerar los factores heredados que incrementaron el déficit fiscal, señaló que esto representó 6,2 % del PIB, distribuidos en: la sobreestimación de ingresos: $2.207 millones (3,1 % del PIB); cuentas por pagar sin presupuesto: $786 millones (0,9 % del PIB); y la sobreestimación de baja ejecución de gasto en proyectos de continuidad: $1.921 millones (2,2 % del PIB).

El ministro Chapman afirmó que para revertir este panorama, el Gobierno Nacional implementa medidas estructurales clave, que permitan estabilizar la economía y fomentar un crecimiento sostenido, entre las cuales resaltó: los ajustes a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para simplificar la regla fiscal y fortalecer la transparencia en la política pública; se controla el crecimiento del gasto y se establecen metas claras para la reducción de deuda, y se refuerza el Consejo Fiscal, la creación de una unidad de control del gasto en el MEF y constitución del Instituto de Planificación Económica a mediano y largo plazo.

Además, se presentó el Plan Estratégico de Gobierno (2025-2029), en el que se destinarán $30.277 millones en proyectos clave, con una inversión anual del 6,57 % del PIB, para impulsar: la educación y el acceso a servicios básicos de calidad, a los sectores económicos generadores de empleo, a una gestión pública eficiente y transparente, con sostenibilidad ambiental, manifestó Chapman.

Con estas reformas, se proyecta un crecimiento económico entre 4,0 % y 5,0%, muy por encima del promedio regional, y se planifica reducir el déficit fiscal del 3,88 % en 2025 al 1,5 % en 2030, junto con una disminución sostenida de la relación deuda/PIB. Esta transformación consolidará un modelo de gestión pública sólido, capaz de generar confianza y resiliencia ante futuros desafíos, posicionando a Panamá como referente en estabilidad fiscal y crecimiento sostenible en la región, concluyó.

Para el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira, el cierre del año fiscal 2024 con déficit fiscal del -7,35 % del PIB no es una buena noticia desde el punto de vista económico, ya que a continuación se debieran esperar noticias de ajustes. Sin embargo, antes de implementar los ajustes al gasto gubernamental que usualmente afectan a la población de ingresos más bajos, el MEF debiera explicar primero dos asuntos.

En primer lugar, que el déficit fiscal a octubre fue de -7,88 % del PIB y que entre octubre y diciembre, el Tesoro Nacional recibió un aporte de $2.470 millones del Canal de Panamá, por lo que es importante “cómo y dónde se registró este aporte, además de qué sucedió con los aportes en concepto de dividendos que debían hacer las empresas en las cuales nuestro país tiene participación, tales como: Cable & Wireless, Panama Ports, Aeropuerto de Tocumen, ENA, Etesa, ENSA y Naturgy, entre otras. Y, en segundo lugar, el déficit se registra por una combinación de aumento de gastos y de disminución de ingresos, el MEF debe explicar qué medidas implementará para aumentar la recaudación fiscal, qué hará para combatir verdaderamente la evasión fiscal y qué hará con los procesos por defraudación que el anterior gobierno dejo en marcha”, aseveró.

Por su parte, el también economista Víctor Cruz comentó a La Estrella de Panamá que lograr para una economía el anhelado grado de inversión es un paso que no se alcanza de la noche a la mañana.

Dijo que se trata de “un proceso gradual en el cual las etapas que se ganan y los ajustes macrofiscales que se ejecutan van de la mano, al igual que el bienestar de la población”.

“El desatender el buen manejo de las finanzas públicas y en particular la deuda publica, especialmente la externa, dan lugar a lo que hoy pasa en nuestra economía, la cual pareciera, por la gradualidad de los ajustes de las calificadoras de riesgo, que vamos a perder el grado de inversión y lo que ello acarrea”, afirmó.

Advirtió que “las señales que estuvieron indicando las calificadoras de riesgo sobre el desempeño económico de Panamá y su pérdida de confianza, al menos para estas, viene desde el año 2019, ya que en ese año se destacan las primeras perspectivas negativas”, aun cuando tenía grado de inversión medio.

Y, “si a esto le añadimos, el manejo de la cosa pública por la administración anterior, pues las señales indicaban que cada año Panamá perdía un escalón. Hoy, con un déficit fiscal por encima del 7 %, muy superior a lo que señala la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, es una muestra de lo preocupante de nuestra situación económica”, destacó Cruz.

Los nuevos actores que tienen la responsabilidad, de manera coordinada, de empujar la carreta del crecimiento económico, añadió, “se encuentran empantanados y las decisiones demoradas no ayudan a mejorar nada, más sí a empeorar”.

Además, subrayó, “la nueva ley de la Caja de Seguro Social, en especial lo atinente al sistema de pensiones, es parte de la clave para mostrar un mejor frente fiscal, siempre que la ecuación utilizada incluya las variables que corresponden y no las que parecieran acomodarse al desempeño político de quienes son responsables de la nueva ley”.

Por lo tanto, consideró que “impulsar nuevas inversiones, sea para el Gobierno Nacional o para los inversionistas locales o extranjeros, puede coadyuvar enormemente al mejor el desempeño económico, pero si el grado de inversión se pierde, las inversiones no llegarán en los volúmenes que uno podría esperar debido al costo superior del dinero que ello implica”.

No obstante, Cruz cree que todo no está perdido, pues “si el ministro de Economía, Felipe Chapman, logra convencer a las calificadoras de riesgo de que los ajustes previstos darán buen resultado para no perder, al menos este año, el grado de inversión. Pero ese margen es muy estrecho”, sentenció.

Previamente, Sergi Lucas, presidente de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales (Apamec), hizo referencia a las repercusiones que tendrá Panamá de perder el grado de inversión. “La gente habla mucho sobre las calificaciones, pero a menudo perdemos de vista su verdadero significado. Perder el grado de inversión sería una situación muy complicada para Panamá, no solo para el mercado de valores, sino también para el sector bancario y la población en general”, advirtió.

“Por ejemplo, muchos fondos internacionales solo pueden invertir en países con grado de inversión. Si Panamá lo pierde, esos capitales, por mandato, tendrían que salir del país, reduciendo significativamente la llegada de inversiones. Esto encarecería el costo del dinero, lo que significa que para los ciudadanos sería más costoso solicitar un préstamo. No se trata solo de un impacto para los bancos, las casas de valores o el gobierno, sino de una afectación generalizada para toda la población”.

Agregó que “la realidad es que los grandes bancos de inversión, que monitorean a Panamá al igual que a otros países, ya han advertido de que el país debe resolver sus problemas. Creo que el Ejecutivo, liderado por el presidente Mulino y el ministro Chapman, está tratando de tomar decisiones que, probablemente, debieron haberse implementado hace tiempo. Sin embargo, es necesario actuar, y muchas veces eso implica adoptar medidas que pueden ser dolorosas en el corto plazo, pero que son las correctas. Y si no lo hacemos, los bancos ya han indicado que probablemente perderemos nuestro grado de inversión”.

De hecho, “la deuda panameña ya está cotizando a un precio como si el país no tuviera grado de inversión, lo que es un síntoma muy claro de la situación”, comentó el representante de Apamec.

Para Lucas, a las calificadoras les incomoda la idea de retirarle el grado de inversión a Panamá, y están a la espera de ver cómo el país reacciona para resolver dos problemas clave que afectan su economía: uno de ellos es la crisis de la Caja de Seguro Social, para la cual se espera una solución en los próximos días, y el otro es la situación de la mina, que representa un peso significativo en el PIB del país. “Si como país logramos abordar estos dos temas, asumiendo los sacrificios necesarios por el bien del futuro del país, probablemente nuestra calificación no se verá afectada. Pero si las calificadoras perciben que no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, actuarán como un maestro que baja la nota a un estudiante que no cumple con los requisitos”, puntualizó.