Empresarios exigen al Gobierno entrar en una revisión ‘profunda’ del ‘Código Minero’

Tras la aprobación del contrato entre el Estado y Minera Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un llamado al Gobierno para que haga una revisión al Código Minero.

“Inmediatamente tenemos que revisar el Código Minero. Si bien esa mina ya existía, no se puede hacer ninguna aprobación de algún proyecto minero adicional hasta tanto no se haga una debida revisión del Código Minero”, comentó Adolfo Fábrega, presidente de la Cciap, en conferencia de prensa, este lunes.

Con un Código Minero, según Fábrega, se podrá saber con “luces largas” hacia dónde quiere ir el país con su actividad minera, tomando en cuenta que varios grupos han manifestado su oposición al contrato.

“Tenemos que crear un diálogo independiente sobre qué vamos hacer con la minería en Panamá”, sostuvo este empresario, quien cree que otro aspecto que debe hacer el Gobierno en medio de las protestas que se dan por el rechazo del contrato minero es el de llevar adelante una debida fiscalización en la actividad minera.

“De esta forma lograremos una debida minería responsable en esa área (Donoso), que al final es lo que buscamos todos”, dijo Fábrega.

Con estas declaraciones, la Cciap se une a la postura dada por el Colegio Nacional de la Empresa Privada (Conep), que hace dos días, también manifestó que el tema del contrato minero debe resolverse inmediatamente con la tarea de elaborar un nuevo Código Minero.

“La justicia debe ser expedita. Esto es fundamental para que se entienda que se respeta la seguridad jurídica”, mencionó el Conep en un comunicado.

El presidente de la Cciap indicó que así como ellos tenían sus reservas con el contrato con Minera Panamá, también reconoció que hay personas que hacen lo mismo.

Sin embargo, señaló que esos desacuerdos se deben comunicar de una forma que no impacte a la economía con protestas que generan violencia y daños a la ciudadanía.

“Lo que buscamos ahora es poder reactivar la economía y seguir adelante con la debida fiscalización sobre la operación minera, que es lo que se debe comenzar. No obstante, el Gobierno tiene que continuar escuchando a la población”, recalcó Fábrega.

Mientras tanto, el Conep rechaza el cierre de calles como método de protesta, ya son prácticas que afectan la convivencia ciudadana, produce daños irreversibles a la productividad del país, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, afectando además a terceros que, en democracia, tienen el derecho a ejercer el libre tránsito, el cual debe ser garantizado por las autoridades.